Una millonaria red de estafa a la comunidad menonita ha salido a la luz en los últimos días en Paraguay, empañando el honor de un alto funcionario del Congreso que además conforma el equipo político de la diputada cartista Jazmín Narváez, actualmente al poder.
Una estafa a la comunidad menonita que involucra al poder en Paraguay
La Fiscalía y la Policía Nacional han desarticulado una red de estafa, con contacto político, que sustrajo un dineral millonario a colonos menonitas de Santa Rosa del Aguaray, bajo el engaño de que recibirían tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
En este entramado de estafa, una de las cabezas políticas que ha rodado es la de Willian Campuzano, un alto funcionario del Congreso y miembro del equipo político de la diputada cartista Jazmín Narváez (ANR-HC).
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Campuzano es actualmente director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, con un salario de G. 29.084.600. A su vez, es miembro del equipo político de la diputada cartista.
También están implicados otros presuntos miembros de la estructura, quienes están bajo investigación, incluido el abogado José Francisco Ljubetic Arrellaga y su colega Ilsa Marisela Paredes.
Según la Fiscalía, el esquema de estafa contra la comunidad menonita era liderado por este popular abogado, dueño de un estudio jurídico en la zona.
La red de estafa consistía en ofrecer tierras fiscales ubicadas en el Chaco, bajo la promesa de adjudicación de hectáreas del Indert y a través de expedientes administrativos falsos, montados en juzgados incompetentes.
El fiscal de la causa, José Alberto Godoy Blanco, sostuvo que las investigaciones han recolectado varias pruebas contundentes sobre el delito de estafa y otros hechos punibles. Asimismo, agregó que se sospecha una implicación de jueces en tal red de estafa, debido a que detectaron denuncias falsas en juzgados incompetentes.
Engañaron bajo la falacia de una venta de tierras del Estado
La abogada defensora de los menonitas denunciantes, Gessy Ruiz Díaz, comentó que desde 2017 un estudio jurídico, liderado por una persona que se hacía pasar por representante legal, gestionó la supuesta adquisición de 8.000 hectáreas ubicadas en la Colonia Ñande Mba’e, del distrito de Mariscal Estigarribia, en el departamento chaqueño de Boquerón.
Las víctimas, Bernardo Friesen Neufeld, Herman Friesen Neufeld y David Friesen Neufeld, habían entregado un total de US$ 1.600.000, monto que representaría el perjuicio por estafa.
Según comentó, cuando las víctimas acudieron a defensores legales y se revisó la verificación en el Indert, se descubrió que no había ningún trámite administrativo.
Ante ello, los menonitas increparon al estudio jurídico, ahora denunciado, pero este se excusó en que se había prolongado la adquisición, alegando factores externos como el clima o retraso de los funcionarios donde se realizaban las supuestas gestiones.
Ruiz Díaz dijo que sus defendidos le comentaron que los supuestos gestores se jactaban de sus vínculos políticos para acelerar los trámites y para generar temor en los colonos.
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