Denuncian a la Presidenta pero dudan del título de la Fiscal

El Parlamento incluyó la votación sobre la moción de vacancia contra Boluarte Zegarra presentada por las bancadas Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, en la agenda del miércoles 29/03 y jueves 30/03.

El diario La República informó que es un mínimo de 52 sufragios y no se han presentado aún más de 35 apoyos a la vacancia.

En tanto, la publicación Hildebrandt en sus Trece informó que Boluarte Zegarra es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal, según un documento del Ministerio Público que da cuenta del inicio de las diligencias preliminares contra la mandataria. La disposición fiscal N° 01, del 19/01/2023, esboza la tesis de que Boluarte realizó una serie de “operaciones sospechosas” para recaudar dinero de procedencia ilícita y financiar indebidamente su campaña política, así como la de otros candidatos del partido marxista Perú Libre, del cual formó parte en las elecciones del 2021.

Otro escándalo

En ese contexto aparece otro escándalo en Perú: no aparecen los trabajos académicos que, en teoría, presentó la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para obtener sus títulos de maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP).

Benavides es quien debe investigar la denuncia contra Boluarte Zegarra.

UAP aceptó que los documentos académicos están desaparecidos, un panorama que deslegitima a Benavides: corolario del informe publicado en Hildebrandt en sus Trece.

“Hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder localizar la tesis y no la hemos localizado. (...) debe existir, pero en todo caso podrías pedírsela a la propia fiscal”, afirmó Ilko Rogovich, secretario general de la casa de estudios,.

Luego, intentando minimizar daños, jurados que participaron en la sustentación de las tesis de Maestría y Doctorado de Patricia Benavides, emitieron un comunicado respaldando la veracidad de los documentos... que no aparecen, según recuerda la congresista Susel Paredes.

Canal N dijo que ese respaldo a la fiscal lo firman Willy Ramírez Chávarry y Guillermo Quiroz Cieza en calidad de miembros de aquel Jurado.

“Mediante el presente documento, ratificamos nuestras firmas y validez del Acta de sustentación de tesis para optar el grado académico de Maestro en Derecho Civil y Comercial de la doctora Liz Patricia Benavides Vargas”, fue el texto que firmaron.

Al respecto, detallan que el acto de sustentación de la tesis “La pensión de alimentos según la nueva legislación civil en el Perú”, ocurrió el 18/07/2008 y luego de la exposición se acordó la calificación de magna cum laude que corresponde a la nota aprobatoria 17-18.

El periodista David Gómez Fernandini dialogó con la congresista Susel Paredes, acerca de su pesquisa en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y Paredes le explicó:

Primero le preguntamos a la Sunedu y nos contestó que ellos no tenían la tesis porque se hizo cuando no existía la Sunedu. Nos fuimos al Ministerio de Educación para pedir si la tenían en los archivos de la antigua Asamblea Nacional de Rectores y me dicen que tampoco. Entonces le pido a la propia fiscal de la Nación, le escribo un oficio al Ministerio Público y a ella en su calidad de fiscal de la Nación, que me entregue copia de la tesis. Me dice que ese no es mi problema y no me compete, pero sí me compete porque la señora tiene una puntuación por grados y títulos y esa puntuación es la que le ha permitido tener la más alta calificación. Primero le preguntamos a la Sunedu y nos contestó que ellos no tenían la tesis porque se hizo cuando no existía la Sunedu. Nos fuimos al Ministerio de Educación para pedir si la tenían en los archivos de la antigua Asamblea Nacional de Rectores y me dicen que tampoco. Entonces le pido a la propia fiscal de la Nación, le escribo un oficio al Ministerio Público y a ella en su calidad de fiscal de la Nación, que me entregue copia de la tesis. Me dice que ese no es mi problema y no me compete, pero sí me compete porque la señora tiene una puntuación por grados y títulos y esa puntuación es la que le ha permitido tener la más alta calificación.

También señaló que, luego de esto, se difundió que algunos de los jurados que habrían presenciado la sustentación de la tesis de la fiscal no recordaban haber sido partícipes de esto ni de Patricia Benavides. Ante esto, Fernandini aseveró que, recientemente y de forma "súbita", estas personas comunicaron que habían recuperado la memoria y ya se acordaban de haber sido jurados de la sustentación de la fiscal.

"Es que estamos hablando de la segunda mujer más poderosa del Perú. La primera es la presidenta, pero quien tiene la titularidad de la acción penal, o sea que puede iniciar un proceso de oficio a cualquier peruano y peruana, es el Ministerio Público y ella está a cargo de este. Entonces es la mujer más poderosa del Perú, cualquiera tendría temor ante ella", contestó Paredes.

Amnistía

Un informe a nivel mundial que en el caso del Perú denuncia graves violaciones a los derechos humanos -la muerte de manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad y detenciones arbitrarias- en la represión a las protestas sociales contra el gobierno de Boluarte.

La municipalidad del distrito limeño de Miraflores ordenó el cierre del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), un espacio de memoria y reflexión sobre el conflicto armado interno de los años '80 y '90 y las violaciones a los derechos humanos, donde debía presentare el informe de Amnistía Internacional.

El informe de Amnistía incluye disparos con fusiles de guerra contra las protestas que demandan la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones.

Desde que comenzaron las protestas luego que el 07/12/2022, Pedro Castillo fue destituido y apresado, y reemplazado por Boluarte, 49 manifestantes han muerto por disparos de policías y militares. El total de fallecidos en el marco de las protestas son 67. Hay más de 1.000 heridos, muchos de ellos por armas de fuego.

Amnistía Internacional ha definido la represión gubernamental como “crímenes contra el Derecho Internacional” y ha denunciado que tiene “un sesgo racista”. La mayoría de las víctimas son de poblaciones andinas quechuas y aymaras.

“La situación de los derechos humanos en el Perú es muy preocupante. El sesgo racista en la represión ha sido decisivo. La impunidad es una de las principales preocupaciones. Hay muchos muertos en las protestas y no hay nadie detenido por eso. Pedimos investigación en toda la cadena de mando. Si no se da justicia en el Perú, se tendrá que ir a instancias internacionales”, señaló Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

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