La Cámara Federal de Casación Penal dispuso, en un fallo por mayoría, anular el traslado al tribunal de Campana de la investigación sobre la mansión de Pilar (provincia de Buenos Aires). Entonces, el caso volverá a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Cámara Nacional en lo Penal Económico deberá resolver el conflicto de competencia y el futuro de las actuaciones.
MARCELO AGUINSKY TENÍA RAZÓN
Tarjeta amarilla para Tapia y Toviggino en Casación: La chacra de Pilar en Penal Económico
Revés para Claudio Tapia: La Cámara Federal de Casación Penal entiende que lo de la chacra de AFA en Pilar lo define la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Predio de ¿AFA? en Pilar.
El expediente gira en torno a una propiedad valuada en cerca de US$ 17 millones, aunque declarada por un monto muy inferior en la escritura.
Una pregunta inevitable: ¿Puede ser que Pablo Toviggino tomó decisiones que no informó previamente a Claudio Tapia?
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La hipótesis judicial sostiene que los titulares formales del bien —la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte— habrían actuado como testaferros de altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El cambio de enfoque responde a un planteo del fiscal ante Casación, Mario Villar, quien cuestionó la resolución adoptada en enero por la Cámara Federal de San Martín, que envió la causa a Campana.
Los camaristas que votaron a favor del retorno a la Ciudad de Buenos Aires argumentaron que el fuero Penal Económico porteño (donde intervenía el Juzgado N° 10) es el ámbito indicado para el tratamiento del caso.
Ellos coincidieron con la investigación preexistente de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio sobre presunta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por parte de la dirigencia de la AFA.
En disidencia, el juez Mariano Borinsky consideró que el recurso de la fiscalía debió declararse inadmisible al no tratarse de una sentencia definitiva.
Él advirtió que estos constantes giros jurisdiccionales generan dilaciones innecesarias, atentando contra los principios de economía y celeridad procesal.
No obstante, el devenir de la causa quedó ahora supeditado a la resolución que adopte de forma colegiada la Cámara en lo Penal Económico.
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