Tal como informó Urgente 24, la destitución de Pedro Castillo del 7 de diciembre por “vacancia” tras intentar disolver el Parlamento peruano y la asunción de Dina Boluarte al poder generó protestas antigubernamentales de carácter popular-rural en apoyo al ex presidente detenido, que fueron brutalmente reprimidas y en las que murieron varios ciudadanos. En estos enfrentamientos de la Policía que respondía a Boluarte contra el pueblo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se cometieron ‘ejecuciones extrajudiciales’.
PERÚ
CIDH y Human Rights: Dina Boluarte violó los DD.HH
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la insurrección popular por la destitución de Castillo se cometieron ejecuciones extrajudiciales
"Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en el informe (03/05/23).
Este informe de la CIDH coincide con el de Human Rights Watch que denuncia un uso desproporcionado de la fuerza y perdigones de plomo que están prohibidos por parte de las FF.AA. y la Policía Nacional en las protestas por la destitución de Castillo. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW.
En cuanto al de la CIDH, ésta investigó un período del 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023 a través de diálogos y evidencia en el territorio peruano, haciendo foco en la ciudad de Ayacucho, lugar en donde 8 personas fueron asesinadas y 26 heridas por herida de bala mientras intentaban tomar el aeropuerto local en plena sublevación popular ‘pro- Castillo’.
Así, la CIDH asegura que el accionar represivo de las FF.AA. fue desigual en distintos focos de la región, siendo especialmente virulento en la zona sur y rural del país, por lo que esta “masacre” debería ser vista desde un enfoque “étnico-racial”. En tales sitios Castillo obtuvo para su victoria presidencial un 82-89 % de votos.
Es por ello que en el apartado del informe Antecedentes, la CIDH rememora que la “elección del expresidente Castillo generó esperanza y altas expectativas en las comunidades rurales que históricamente han estado subrepresentadas en los espacios de toma de decisión”. Mientras que, su destitución y detención “generó gran indignación, especialmente en las regiones del sur en donde las manifestaciones, hechos de violencia y enfrentamientos con la fuerza pública han tenido mayor intensidad”.
La fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte y ministros por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las protestas.
Ante las conclusiones de la CIDH, la actual mandataria Boluarte cuestionó a la Institución en una rueda de prensa por redactar en condicional, lo que para ella demuestra que son supuestos, además de estuvieron en el país pocos días, según propias palabras.
“No me parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la comisión concluya que hubo graves episodios del uso de la fuerza tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú”, dijo.
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