Mercado Libre, Aduana y el contrabando: El nuevo frente de Javier Milei

El avance del contrabando y la comercialización de mercadería fuera de los circuitos legales volvió a instalarse en la agenda económica. Frente a los reclamos de los industriales, el Gobierno formalizó una serie de acuerdos con entidades empresarias y compañías comerciales para reforzar la fiscalización, intercambiar información y combatir la competencia desleal que afecta a la producción nacional.

UIA y el impacto del comercio ilícito

La dimensión del problema queda reflejada en las estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA): el comercio ilícito representa alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y ocasiona pérdidas fiscales por US$2.300 millones al año.

Además, la tercera encuesta de la entidad reveló que seis de cada diez empresas industriales sufren los efectos de estas prácticas y que cuatro de cada diez detectan competencia ilegal en canales electrónicos.

El esquema anunciado incluye convenios marco con la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Mercado Libre, Frávega, Cetrogar y Meta, según informó Infobae.

En paralelo, se firmaron acuerdos específicos con Meta, Mercado Libre, Frávega y Cetrogar para establecer mecanismos concretos de cooperación e intercambio de datos sobre productos comercializados.

Las plataformas, bajo la lupa

Uno de los principales cambios es la incorporación de Mercado Libre a un mecanismo de detección y eliminación de publicaciones vinculadas con mercadería presuntamente ilegal, un sistema que ya funcionaba con Meta en Facebook e Instagram.

En una primera etapa, los controles sobre el marketplace se concentrarán en cinco rubros: notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos. Los reportes trimestrales podrán cruzarse con registros de la Dirección General de Aduanas y de la Ventanilla Única de Comercio Exterior para identificar operaciones sospechosas.

La iniciativa busca extender la fiscalización a los canales digitales, aunque su eficacia dependerá de la calidad de los datos, la capacidad de detectar irregularidades y la coordinación entre las empresas y los organismos públicos.

Un reclamo que excede a Internet

Para la UIA, el problema también atraviesa los comercios físicos y las cadenas de distribución tradicionales. Su convenio con el Gobierno contempla cinco ejes: cooperación contra el contrabando y el fraude aduanero; incorporación de herramientas tecnológicas; intercambio voluntario de información; articulación con organismos de control y creación de una mesa de trabajo permanente.

La participación de las empresas asociadas a la entidad industrial no será obligatoria: cada compañía deberá adherir mediante acuerdos particulares. La agenda prevé un plan de trabajo semestral y evaluaciones trimestrales.

El entendimiento también contempla la coordinación con ARCA, la Autoridad Nacional de la Competencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, SENASA y ANMAT.

El desafío de pasar de los anuncios a los resultados

La presión industrial se intensificó tras la eliminación de los precios de referencia utilizados para controlar importaciones. A comienzos de octubre, representantes de la UIA plantearon ante funcionarios aduaneros su preocupación por la subfacturación y el ingreso irregular de productos textiles, indumentaria, cuero, calzado, celulares, cerveza y tabaco.

En ese marco, el Gobierno trabaja en herramientas tecnológicas para cruzar cantidades y precios declarados, con sistemas de análisis de datos y tecnología vinculada con Microsoft.

Desde AFARTE, su directora ejecutiva, Ana Vainman, advirtió que uno de cada tres celulares vendidos en Argentina no fue importado legalmente ni fabricado en el país.

El desafío será transformar los convenios en controles efectivos. Para la industria formal, la competencia desleal erosiona ventas y empleo; para el Estado, reduce la recaudación; y para los consumidores, aumenta el riesgo de adquirir productos de procedencia dudosa. Sin resultados verificables, los acuerdos podrían quedar limitados a una declaración de intenciones frente a un problema de alto costo económico.