¿Tarifazo en AySA? Milei entrega la empresa a manos privadas con yapa

¿Tarifazo en AySA?

El ajuste de los servicios públicos vuelve a poner en tensión el discurso del gobierno de Javier Milei. Hoy, 26 de octubre, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) llamó una audiencia pública para debatir una modificación del esquema tarifario de AySA, en momentos en que el Ejecutivo avanza con la transferencia de la empresa a manosprivadas.

La propuesta contempla un incremento promedio ponderado del 11,4% para los usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Sin embargo, ese porcentaje esconde diferencias significativas: cerca del 60% de los hogares afrontaría aumentos, con una suba media del 22,6% para ese grupo, mientras que otros usuarios tendrían descuentos o conservarían sus facturas sin cambios. La iniciativa todavía requiere el correspondiente proceso regulatorio.

El nuevo esquema tarifario de AySA

El nuevo esquema reemplazaría los actuales 11 coeficientes zonales, que oscilan entre 1,10 y 3,50, por cinco categorías, con valores de entre 0,75 y 2,75. AySA sostiene que la reforma permitirá simplificar el sistema de cobro, cuya estructura original lleva más de cuatro décadas sin una revisión integral. Pero la pregunta económica es inevitable: ¿por qué la actualización de las reglas debe traducirse en una mayor carga para buena parte de los usuarios?

El proyecto también prevé retirar gradualmente, en tres etapas, el descuento adicional del 15% aplicado a determinados usuarios de zonas bajas. A esto se suma un incremento del 10% en el precio del metro cúbico del servicio cloacal en el radio antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, asociado a la prestación de desagües pluviales.

Tarifas nuevas, empresa en venta

La discusión no ocurre en el vacío. El Gobierno impulsa la privatización del 90% de AySA, mientras el 10% restante permanece en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó una oferta de US$340,2 millones, frente a los US$285 millones ofrecidos por el grupo Roggio Roas. El Ejecutivo informó que el futuro operador deberá cumplir compromisos de inversión superiores a US$2.000 millones durante los primeros cinco años.

La operación plantea un interrogante central: si los usuarios deberán pagar tarifas más altas y el concesionario asumirá obligaciones de inversión. El contrato también contempla un plan de acción de $2,89 billones para 2027-2031, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, destinado a obras, mantenimiento, mejoras y operación.

El costo social del ajuste y los servicios

La administración libertaria presenta la participación privada como una salida a las ineficiencias históricas. Sin embargo, una reforma que modifica los coeficientes y reduce descuentos exige transparencia sobre sus efectos distributivos, especialmente para los hogares de menores ingresos.

El agua potable y el saneamiento no son consumos fácilmente sustituibles. Por eso, antes de convertir la actualización tarifaria en otro capítulo del ajuste, el Gobierno deberá demostrar que la reorganización mejora la cobertura, la calidad y la infraestructura sin profundizar las dificultades económicas de las familias.