Escándalo en Ceuta: revelan la entrada sin identificación de buques marroquíes en aguas españolas

Una embarcación de la Guardia Civil patrulla frente a la costa de Ceuta, junto a la frontera con Marruecos, escenario de las incursiones navales que investiga la Justicia española.

FOTO: ANTONIO SEMPERE / AFP

Por REDACCIÓN DE URGENTE24

La crisis de Ceuta todavía guarda episodios capaces de elevar la tensión entre España y Marruecos. Casi tres meses después de las entradas masivas de julio, una nueva revelación sitúa el foco en el mar, donde buques militares de Rabat navegaron con sus sistemas de identificación apagados y protagonizaron maniobras que casi terminaron en una colisión con la Armada española.

El episodio se incorpora a una controversia que ya dejó versiones enfrentadas dentro de la propia Administración española sobre las advertencias previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En septiembre, Gonzalo Sanz dimitió como jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta después de insistir en que había trasladado el aviso recibido el 29 de julio a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, quien negaba haberlo conocido antes de las entradas. La discrepancia abrió una discusión sobre la circulación de la información y la respuesta institucional que sigue pendiente de esclarecer, ahora con las elecciones generales del 29 de noviembre como trasfondo de las explicaciones que debe ofrecer el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La información publicada este lunes por El País añade un episodio de especial peligro a esa reconstrucción: los barcos marroquíes ignoraron las comunicaciones españolas por radio, obligando a las unidades de la Armada a acercarse para reclamar su retirada mediante señales visuales. En una de esas aproximaciones, el patrullero Isla Pinto estuvo a punto de chocar con una embarcación marroquí. Sus movimientos eran seguidos por radar, pero el silencio por radio y las maniobras de aproximación llevaron la tensión hasta el riesgo de un accidente militar en plena crisis fronteriza.

Incursiones reiteradas y avisos ignorados: cómo escaló la tensión en el mar

La cuestión central era la presencia de unidades militares marroquíes en aguas de soberanía española pese a los requerimientos de retirada. Las fuentes consultadas por el diario español describen incursiones deliberadas y persistentes durante varios días, diferenciándolas de un tránsito o una entrada accidental. El silencio ante las llamadas por el canal 16 obligó a la Armada a acercarse y transmitir sus instrucciones mediante señales visuales.

A esa dificultad para establecer comunicación se sumaba la desconexión del Sistema de Identificación Automática (AIS), que transmite datos sobre la identidad, posición, rumbo y velocidad de una embarcación. Su apagado suprimía una fuente de información útil para seguir los movimientos de los barcos, aunque no impedía detectarlos mediante radar. Los buques de guerra están exentos de llevar este dispositivo, por lo que desconectarlo no constituye por sí solo una infracción; su importancia en este episodio surge de la combinación con las entradas reiteradas y la ausencia de respuesta a quienes reclamaban que abandonaran la zona.

El patrullero español involucrado, el Isla Pinto, pertenece a una categoría de embarcaciones destinadas a la vigilancia costera. Su ficha oficial recoge 20,5 metros de eslora, 44 toneladas de desplazamiento y una dotación habitual de diez marinos, con base en Melilla. Construido en 2023, dispone de dos radares de navegación y un sistema de vigilancia optrónico, y tiene entre sus misiones controlar el tráfico marítimo y proteger los espacios de soberanía española. Esas características permiten dimensionar la unidad que intervino: un patrullero pequeño, equipado para vigilar e identificar movimientos, cuya tripulación debía ejecutar las maniobras de aproximación en el mar.

Durante uno de esos acercamientos estuvo a punto de producirse la colisión. La respuesta española incluyó el despliegue del Rayo y las fragatas Santa María y Navarra, además de gestiones diplomáticas y militares. La secuencia muestra por qué disponer de medios de detección no elimina el peligro de un encuentro entre embarcaciones: las normas internacionales exigen evaluar continuamente sus movimientos, mantener una velocidad segura y actuar con antelación para evitar un choque. En este caso, la exigencia de hacer efectiva la retirada llevó el conflicto desde las comunicaciones a distancia hasta las maniobras entre unidades militares.

Pedro Sánchez, junto a agentes de la Guardia Civil, observa las cámaras de vigilancia en Ceuta, mientras persisten las preguntas sobre los avisos previos y la respuesta española durante la crisis de julio.

FOTO: NA / XINHUA

La Justicia reclama respuestas a Defensa mientras persisten las dudas sobre los avisos previos

La reconstrucción de lo ocurrido en el mar ya forma parte de las diligencias de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha pedido a Defensa información sobre la presencia de unidades militares marroquíes entre el 29 de julio y el 10 de agosto. El requerimiento busca precisar las fechas y los horarios de esos movimientos, identificar las embarcaciones implicadas y determinar qué interacciones mantuvieron con las fuerzas españolas. También solicita las grabaciones disponibles y pregunta si hubo nuevas incursiones después de ese período, para establecer una secuencia documentada de los acontecimientos.

El alcance de esa investigación exige distinguir dos cuestiones que coinciden en el tiempo, pero cuya conexión todavía debe demostrarse. Según el informe del CNI remitido al juzgado, las autoridades marroquíes conocían previamente las convocatorias difundidas en redes para entrar en Ceuta. Sin embargo, la magistrada advierte que, con lo incorporado hasta ahora a la causa, no existen elementos objetivos que acrediten que las unidades navales participaron en la organización o ejecución de las entradas masivas. Las diligencias deben esclarecer esa posible relación, sin darla por establecida de antemano.

Dentro de la Administración española, la discusión sobre las advertencias previas dejó además dos versiones incompatibles acerca de cómo circuló la información. Gonzalo Sanz, entonces jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, recibió mensajes del servicio de inteligencia y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente el 29 de julio. Sanz sostuvo que trasladó aquella información ese mismo día a Pérez Triano, mientras el delegado negó haber conocido antes de las entradas tanto los mensajes como la llamada. La discrepancia desembocó en la dimisión del jefe de Gabinete en septiembre.

La explicación institucional también cuestionó el alcance de aquella comunicación. La Delegación sostuvo que el centro había informado sobre movimientos detectados en redes y sobre el número de seguidores de los grupos, pero sin estimar cuántas personas se movilizarían ni valorar la probabilidad de que la convocatoria se materializara. Sanz, por su parte, defendió al anunciar su salida que existían informes sobre los avisos elevados desde la Delegación a los ministerios. El desacuerdo afecta así a dos niveles distintos: quién recibió la información y qué capacidad tenía esa información para anticipar lo que finalmente sucedió.

Con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte, las nuevas revelaciones añaden preguntas a una gestión que sigue bajo examen. Reconstruir los avisos del CNI, las decisiones adoptadas en España y los movimientos de las fuerzas marroquíes permitirá contrastar las explicaciones oficiales con los registros disponibles. La cuestión pendiente es hasta dónde llega la relación entre esos episodios: qué conocía cada autoridad, cómo actuó y si la documentación que reclama la jueza permite establecer un vínculo entre la crisis fronteriza y las incursiones navales.

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