Tras disponerse la semana pasada la emergencia del sector energético hasta fines de 2024, la Secretaría de Energía de la Nación designó a Darío Oscar Arrué como nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), donde se desempeña desde 1998 como jefe del área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales.
La Secretaría de Energía había llamado en julio a concurso abierto de antecedentes para designar un presidente en el ENRE y poner fin a su intervención, pero con la declaración de emergencia de Javier Milei, se estableció la continuidad de la intervención en el ENRE, que ahora tiene nuevo interventor.
Será este hombre el encargado de llevar adelante la difícil misión de recomponer las tarifas:
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Además de desempeñarse en el ENRE desde 1998, en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, estuvo al frente de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
Según señalan los considerandos de la resolución, Darío Arrué deberá avanzar en la "determinación de una tarifa transitoria", mientras ejecuta un proceso de revisión tarifaria de la energía que sea "justa y razonable".
Del mismo modo deberá informar sobre los cumplimientos de los procesos de renegociación, además de evaluar e informar sobre la gestión de compras y contrataciones, y la ejecución del presupuesto de gastos y recursos desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha.
Si bien la Secretaría de Energía había llamado en julio a concurso abierto de antecedentes para designar un presidente en el ENRE y poner fin a su intervención que se prolongaba desde marzo de 2020, el lunes pasado el Gobierno oficializó la declaración de emergencia en el sector energético nacional hasta el 31 de diciembre de 2024, estableciendo la continuidad de la intervención tanto en el ENRE como en el Enargas.
La nómina para ocupar el puesto de presidente ya había sido puesta a consideración por el Poder Ejecutivo en noviembre, pero por "los tiempos involucrados" el Gobierno decidió continuar con la intervención ya que, de lo contrario, se incurriría "en una demora que no se condice con la situación de emergencia".
El Decreto de Necesidad y Urgencia 55/2023 señala:
El DNU, en ese sentido, sostiene que existe "una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada".
Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, "resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro", señala el texto.
El decreto instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para "la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso" y el "inicio de la revisión tarifaria", cuyos cuadros resultantes deberán establecerse antes de fines de 2024.
Además de facultar a la Secretaría a nombrar interventores en ambos entes, dispone un plazo de 180 días para que inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos organismos, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.
En sus considerandos, la medida asegura que "la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación".
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