La Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., firma controlante de la cadena de venta de electrodomésticos Musimundo y dejó sin efecto la apertura del concurso preventivo que la empresa había obtenido en julio, en una resolución que reencauzó el expediente bajo la figura de quiebra después de una venta frustrada.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, a cargo de Fernando Luis Lavenas, en el expediente “CARSA S.A. s/ Concurso Preventivo”. Según informó la propia compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el tribunal revocó la resolución de apertura del concurso preventivo del 17 de julio y decretó la quiebra de la firma.
Cierre y venta fallida
Antes de que se decretara la quiebra, el caso estaba acompañado por un fuerte deterioro operativo. Musimundo, controlada por Carsa S.A., cerró 20 sucursales en el nordeste del país, en provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
En las semanas previas a la presentación concursal, había comenzado una negociación para una posible venta a los propietarios de On City, la cadena surgida del recambio de marca de locales operados por Electrónica Megatone. Sin embargo, esa operación no prosperó.
Concurso preventivo a quiebra sin escalas
A partir de la resolución, las actuaciones fueron recaratuladas como “CARSA S.A. s/ Quiebra”, lo que llevó un cambio de para la compañía. En la comunicación al mercado, la firma señaló que la medida fue tomada con la existencia de la sindicatura sobre un plan de reducción de estructura presentado por la sociedad.
De acuerdo con el comunicado, el magistrado entendió que estaban dados “hechos reveladores del estado de cesación de pagos” en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras. Sobre esa base, consideró inviable la continuidad del concurso preventivo.
Antecedente
Recordemos que Carsa S.A. recurrió al concurso de acreedores en junio de 2018, cuando declaró una deuda de $900 millones; ya para finales de mayo de 2026 la firma registraba pasivos bancarios por unos $3.060 millones con el Banco Nación como principal acreedor por cerca de $1.549 millones. La deuda concursal ascendía a $63.500 millones.
El tribunal dispuso además la continuidad de la sindicatura antes designada en el expediente, a cargo del Estudio Contable Benítez, integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard.
Mantuvieron las fechas establecidas para las próximas etapas del proceso. La presentación de pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura podrá realizarse hasta el 6 de noviembre de 2026.
En tanto, el informe individual previsto en el artículo 35 de la ley deberá presentarse el 30 de marzo de 2027, mientras que el informe general del artículo 39 fue fijado para el 25 de junio de 2027.
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