La oposición relaciona la situación económica y las políticas del Gobierno con el deterioro de la salud mental y el crecimiento de los suicidios.
La diputada de la oposición Cecilia Moreau junto a Sergio Massa.
La crisis de salud mental y el preocupante crecimiento de los suicidios en Argentina entraron de lleno en la disputa política. La diputada nacional de la oposición Cecilia Moreau apuntó contra el Gobierno de Javier Milei, vinculó el deterioro emocional de la población con la situación económica y denunció un supuesto “abandono” de las políticas públicas destinadas a atender la problemática.
La legisladora de la oposición trazó un escenario que definió como un “combo explosivo”: salarios y jubilaciones deteriorados, familias endeudadas, incertidumbre económica, depresión y un incremento de los suicidios.
“Tenemos un problema muy serio con la salud mental en la Argentina y se han abandonado todas las políticas públicas al respecto”, afirmó Moreau, quien cuestionó además las decisiones tomadas alrededor del Hospital Bonaparte y otros dispositivos de atención.
Su conclusión fue contundente: “Es un Gobierno que no acompaña”.
Pero detrás de la acusación política aparece una discusión bastante más compleja. ¿Puede atribuirse al Gobierno actual el deterioro de la salud mental de los argentinos o el crecimiento de los suicidios?
Los datos disponibles no permiten establecer semejante relación causal.
Argentina enfrenta efectivamente un escenario preocupante. El informe técnico del Observatorio de Política Criminal al que tuvo acceso Urgente24 muestra que en 2025 se registraron 5.209 suicidios y una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, la más elevada de la serie analizada.
Pero hay otro dato fundamental: la tendencia es bastante anterior al actual Gobierno.
En 2017 hubo 3.304 casos; en 2018 fueron 3.903; en 2019, 3.647; en 2020 descendieron a 3.262 y desde entonces volvieron a crecer: 3.648 en 2021, 3.959 en 2022, 4.205 en 2023 y 4.249 en 2024. Finalmente, en 2025 se produjo un fuerte salto hasta los 5.209 casos. Entre 2017 y 2025, el incremento acumulado fue del 57,7%.
Es decir, el fenómeno atravesó las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, además del enorme impacto social y psicológico que significó la pandemia.
Eso no exime al actual Gobierno de su responsabilidad sobre las políticas de prevención y asistencia que desarrolla desde diciembre de 2023. Pero sí obliga a separar dos discusiones: una cosa es cuestionar cuánto invierte el Estado o qué dispositivos mantiene para atender la salud mental y otra muy distinta es atribuirle a una administración el origen de un fenómeno social y sanitario de múltiples causas.
De hecho, el propio informe advierte desde su introducción que el suicidio “no puede reducirse” a explicaciones únicas y reclama combinar estadísticas, condiciones territoriales y prudencia interpretativa. También aclara que su análisis no pretende establecer las causas individuales detrás de cada muerte.
La diputada no limitó sus críticas a la economía o al presupuesto sanitario. También relacionó el clima social con el estilo discursivo del Presidente.
“Desde la máxima investidura del Estado percibimos todo el tiempo un clima de violencia verbal, económica e institucional”, sostuvo Moreau. Luego describió a Milei como “un hombre que está todo el tiempo gritando, odiando, despreciando, amenazando” y lanzó una advertencia todavía más fuerte:
“Un día va a terminar mal esto, porque la violencia verbal es la antesala de la violencia física”.
La intervención deja expuesto el componente político que empieza a rodear una discusión particularmente sensible. La oposición busca colocar las decisiones económicas, los recortes estatales y hasta el estilo presidencial como factores centrales del deterioro de la salud mental.
Pero los números muestran una realidad menos cómoda para las explicaciones partidarias.
La curva argentina no responde linealmente a un cambio de Gobierno.
La trayectoria, por lo tanto, demuestra dos cosas simultáneamente: el último salto es alarmante y ocurrió durante la administración Milei, pero el crecimiento del problema precede ampliamente a su llegada a la Casa Rosada.
Incluso territorialmente resulta difícil reducir el fenómeno a una explicación exclusivamente económica o política nacional. En 2025, Entre Ríos encabezó la tasa con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes, seguida por San Luis con 18,9, Salta con 17,4 y Santa Cruz con 16. En el extremo contrario quedaron Río Negro, con 6,5; Neuquén, con 7,8; y CABA y Corrientes, con 8.
Las diferencias son enormes incluso dentro de un mismo país, bajo una misma política económica nacional.
La discusión tampoco debería servir para minimizar la dimensión del problema. El informe señala que el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años y que la tasa argentina supera incluso la registrada durante otros períodos críticos de la historia reciente.
También existe un cuestionamiento concreto hacia la política pública actual que no puede ignorarse: el documento advierte sobre una fuerte reducción de los recursos destinados a salud mental desde 2024 y señala que los problemas de financiamiento y ejecución presupuestaria, aunque vienen de administraciones anteriores, se profundizaron durante la gestión Milei.
Ese es un terreno legítimo para la discusión política: cuánto presupuesto destina el Estado, qué programas sostiene, cómo funcionan los hospitales y qué herramientas de prevención ofrece.
Lo que los números no permiten afirmar es algo diferente: que el Gobierno sea responsable, por sí mismo, de que una persona desarrolle depresión, atraviese una crisis de salud mental o llegue al suicidio.
El fenómeno es mucho más complejo y sus causas pueden involucrar factores psicológicos, sociales, familiares, sanitarios y económicos que se superponen y varían de una persona a otra.
La propia evolución argentina demuestra que no apareció de un día para otro ni comenzó el 10 de diciembre de 2023.Por eso, convertir una crisis que viene desarrollándose desde hace años en una explicación exclusivamente atada a Milei puede resultar políticamente efectivo, pero es insuficiente para entenderla.
Chau sueldo: Embargaron a la diputada libertaria Lorena Villaverde por la venta de terrenos
Sigue el cruce: Martín Rappallini (UIA) disparó contra el Gobierno por relativizar sus reclamos
