El Gobierno de Javier Milei subió la tensión con las universidades tras anunciar el veto a la ley de financiamiento para el sector, con la habilitación para que les cobren aranceles a extranjeros no residentes en el país. Sin embargo, mantiene abiertas negociaciones y podría reabrir las paritarias.
CONFLICTO UNIVERSITARIO
Universidades: El Gobierno agita aranceles a extranjeros pero negocia en 3 frentes
El Gobierno quiere que las universidades les cobren aranceles a los extranjeros no residentes pero, a pesar de conflicto, mantiene las negociaciones.
04 de octubre de 2024 - 08:53
Veto, aranceles a extranjeros y negociaciones que podrían traer novedades para el mundo universitario.
Promesa de campaña
La idea de habilitar a las universidades estatales a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no residan en el país forma parte del capítulo educativo de la Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos y formaba parte de las promesas de campaña de Milei. El Gobierno anunció esta medida tras el veto a la ley de financiamiento universitario aunque no está claro cómo se implementará ni qué instituciones universitarias optarán por adherirse al cobro de aranceles.
Es decir, el Gobierno habilitaría esa posibilidad, pero cada universidad será la que decida si la adopta o no, por lo que se espera por estas horas la reacción de los rectores y el impacto que podría tener en el sistema de educación pública superior del país.
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Mientras tanto, la Administración Milei analizar distintas alternativas ante el posible rechazo al veto en el Congreso. Por un lado, intenta retener a sus aliados, especialmente los del PRO y a los radicales que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria. Le está resultando difícil llegar al número que necesita en Diputados para sostener el veto por eso analiza también ir a la justicia en caso de fracasar.
Los argumentos para ir a la Justicia ya los expusieron el vocero presidencial Manuel Adorni y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: básicamente consiste en plantear que el Congreso habría incumplido con la Ley de Administración Financiera al no establecer en la ley de financiamiento universitario el origen de los fondos para compensar la suba en el presupuesto para las universidades.
Pero también manejan otra alternativa: incumplir con la norma sancionada por el Poder Legislativo bajo los mismos argumentos de la judicialización del veto, lo que también terminaría en la justicia.
Negociaciones por financiamiento de las universidades
En medio del ruido por el veto, las amenazas de incumplimiento de la ley y el arancelamiento para los alumnos extranjeros no residentes en el país, el Gobierno de Milei mantiene los vínculos con los rectores y los cincos gremios universitarios.
De hecho, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi y el secretario del área Carlos Torrendell hablarían sobre la cuestión de los estudiantes “crónicos”. Hay versiones cruzadas sobre quién ‘rompió el hielo’, pero las charlas continúan y nunca se cortaron, síntoma de que al Gobierno le preocupa el impacto que pueda tener en su imagen el conflicto, como reconoció ayer Francos cuando dijo que “algún punto podremos perder” en cuanto a popularidad.
Luego, trascendió desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que habría una nueva convocatoria a paritarias con novedades en cuanto a la pauta salarial.
Y para los legisladores en el Congreso, se abrirían negociaciones para ampliar los fondos para las universidades que contiene el proyecto de Presupuesto 2025 que la semana que viene comienza a discutirse en comisión.
Diferencias en el costo fiscal
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación emitió un informe de impacto fiscal del proyecto de ley de financiamiento a Universidades Nacionales, propone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de esas casas de estudio al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante por el IPC informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Asimismo, recuerda que la norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1/12/2023 y que se sancione el proyecto como ley, tomando a cuenta aumentos ya otorgados, y luego una actualización mensual por la inflación informada por INDEC.
El trabajo afirma que el costo fiscal alcanza el 0.14% del PIB este año, es decir, unos $ 738.595 millones, pero en el PRO lo cuestionan y afirman que “incluye aportes a salarios y gastos que el Gobierno ya hizo. Cuanto mucho, el costo es de 0.08% ".
El Gobierno tiene sus proyecciones y en el veto presidencial dijo la aplicación de la ley de financiamiento universitario supondría un gasto adicional de aproximadamente $ 811.569 millones,
Además, considera que la Ley Nº 27.757 establecería un privilegio para el personal de las universidades nacionales, ya que estos recibirían un incremento salarial retroactivo del 87 % entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, mientras que el resto del personal de la Administración Pública Nacional solo obtendría un 78 % en el mismo período.
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