Propiedad privada: Llamado urgente de la CGT a senadores

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsan Javier Milei / Federico Sturzenegger y que, entre otros puntos, elimina los límites para la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. Hizo un "llamado urgente" a los senadores.

La CGT argumentó, entre otros puntos, que “eliminar la restricción que establece que solo el 15% del territorio nacional puede quedar en manos extranjeras significa entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua”.

Bajo el título: “La tierra no es una mercancía: es soberanía, trabajo y futuro para los argentinos y las argentinas”, la CGT "rechaza categóricamente el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que pretende eliminar los límites establecidos por nuestra legislación para la venta de tierras a personas y empresas extranjeras”, comienza el comunicado emitido por el Consejo Directivo Nacional de la central obrera.

El principal punto que marcó la confederación de los trabajadores fue que “en un mundo en el que la riqueza se concentra cada vez más en manos de unos pocos tecnomagnates -algunos de ellos con estrechos vínculos con la Casa Rosada y domicilio en la Ciudad de Buenos Aires-, eliminar la restricción que establece que solo el 15% del territorio nacional puede quedar en manos extranjeras significa entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua. En definitiva, de todo aquello que posee la Argentina”.

“El Gobierno pretende habilitar una entrega de una magnitud inédita para nuestro país y a contramano de lo que ocurre en gran parte del mundo, donde numerosos Estados establecen límites y controles para proteger su territorio y sus recursos estratégicos”, lamentaron los gremialistas.

En consecuencia, aseguraron que “el proyecto del Gobierno pretende regalar nuestro territorio, envuelto para la ocasión, a los nuevos vendedores de espejitos de colores. Lo hace desconociendo el esfuerzo de generaciones de argentinos y argentinas que trabajaron para consolidar y defender nuestra soberanía territorial”.

Es en este contexto señaló que “no existe fortuna ni promesa de inversión que valga nuestros ríos, lagos, glaciares, tierras cultivables y recursos estratégicos ” porque “esa riqueza pertenece al pueblo y a la Nación Argentina” y, “debe ser aprovechada para impulsar el desarrollo del país y garantizar el bienestar de sus habitantes. No tiene precio y no puede quedar librada a la lógica del mercado”.

“Los límites existen para impedir abusos y proteger el interés nacional”, añade el escrito y graficó que “ hoy, los argentinos y las argentinas ya enfrentamos obstáculos para acceder al Lago Escondido, apropiado de hecho por el empresario británico Joe Lewis” y que “ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley”.

La CGT planteó que “a esta avanzada se suma la concesión por 30 años de la Vía Navegable Troncal argentina, integrada al sistema Paraguay–Paraná, a un consorcio encabezado por una empresa extranjera".

Con este marco, la CGT en su comunicado sostuvo que “en un contexto internacional marcado por la creciente disputa por la tierra, el agua, la energía y los recursos naturales, lo que está en juego es la capacidad del Estado argentino para preservar bienes estratégicos, orientar un proyecto soberano de desarrollo y garantizar que las decisiones fundamentales para el futuro del país no queden sometidas a los intereses de tecnomagnates que concentran un poder superior al de muchos Estados, pero sin reglas democráticas, controles institucionales ni responsabilidad frente a los pueblos".

"Los mismos que impulsan proyectos extravagantes, como colonizar la Luna, hoy pretenden avanzar sobre los recursos esenciales de nuestra tierra”, señalaron.

Y cerraron con un pedido: “A pocos días de conmemorarse el Día de la Independencia, hacemos un llamado urgente a las senadoras y los senadores nacionales que deberán decidir sobre una cuestión de enorme trascendencia histórica”, porque “la Argentina no se vende” y “defender la soberanía es defender el trabajo” y “defender el trabajo es defender el futuro de nuestro país”.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada: En qué consiste

El proyecto impulsado por Javier Milei introduce cambios en la propiedad privada, como desalojos más rápidos y con menos requisitos, y menos restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. También modifica leyes ambientales y territoriales: reduce protecciones tras incendios (especialmente fuera de bosques nativos) y cambia reglas sobre uso del suelo.

La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, fue modificada en su tratamiento en comisiones, y ahora debe ser tratada en el Senado.

Los principales puntos:

Ley de expropiaciones: más límites para el Estado

La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación. La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración “deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

La iniciativa también dispone cambios en las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta que no pague íntegramente la indemnización, dispone que las indemnizaciones no pagan impuestos y le asigna mayor relevancia al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Manejo del fuego: cambios en el destino de las tierras productivas

El Senado también introdujo una serie de modificaciones al Capítulo IV del proyecto, que propone cambios y derogaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La norma vigente establece que durante 60 años el propietario de un terreno incendiado, tanto en bosques nativos e implantados como en áreas naturales protegidas y humedales, no podía realizar cambios de uso del suelo, lotearlo y/o venderlo.

En su proyecto, el Gobierno eliminaba completamente las prohibiciones para las áreas de uso rural y las mantenía parcialmente para los bosques nativos, sólo en el caso del cambio del uso del suelo.

No obstante, el dictamen del Senado rechazó todos los cambios referidos a los bosques nativos (se mantiene la veda de 60 años para evitar la especulación inmobiliaria), pero aceptó parcialmente algunas modificaciones al uso de la tierra rural (se elimina el plazo de 30 años de veda para venta o cambio de uso).

Tierras rurales: cambios en el régimen de inversores privados extranjeros

El proyecto propone la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Hoy, la ley plantea que se considera que la tierra es de titularidad extranjera cuando sus propietarios son inversores privados extranjeros, personas físicas extranjeras o sociedades de capital privado de origen extranjero. A ese universo de inversores se les fija un límite: no pueden poseer más de un 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal.

Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.

El proyecto del oficialismo elimina esas restricciones, pero en su dictamen el Senado les dio la facultad a las provincias para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.

Por otro lado, el proyecto oficial fija límites para los Estados extranjeros y sus instrumentos (organismos, empresas públicas, fondos fiduciarios estatales), a los que les prohíbe adquirir tierras. Sin embargo, hay una excepción: admite que esa prohibición puede levantarse si el Ejecutivo determina que la operación no representa un “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”.

Desalojo más rápidos y simplificación de los trámites registrales

La reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación, y se enfoca en acelerar el proceso de desalojo, facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante.

El cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo -el más breve del Código Procesal- y la eliminación de la caución real (garantía, generalmente económica) como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial.

La iniciativa oficial exigía al locador intimar al inquilino con al menos 3 días de anticipación antes de demandar en casos de falta de pago de inmuebles habitacionales, pero el Senado extendió ese plazo a 10 días.

Por último, la propuesta promueve cambios en la Ley de Propiedad Inmueble. Apuntan a una mayor digitalización de los procesos, la fijación y reducción de plazos y una mayor integración entre Nación y provincias.

La Iglesia Católica también contra el proyecto de Milei: Carta a legisladores

Hace dos semanas, la Iglesia Católica pidió rechazar en el Congreso el proyecto de propiedad privada impulsado por Milei porque “atenta contra la soberanía” y los alimentos.

En una carta enviada a los legisladores nacionales en el Congreso, la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) pidieron que rechacen el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entre otras razones mencionaron que “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

Además, reclamaron “a quienes intervengan en el debate de este proyecto” que “guíen sus opciones por el bien común, y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.

En la carta a los legisladores, el episcopado citó al papa León XIV que visitaría la Argentina en noviembre próximo: "frente a las promesas del crecimiento económico financiero" hay que recordar las enseñanzas del Papa León quien sostiene que 'el desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no sólo a los individuos'".

A su vez se destaca que el proyecto “deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros -personas físicas o empresas- y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”.

“También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”, añadieron.

Y cuestiona que se “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo de los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

"El desarrollo es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales y relacionales, en el respeto a la Casa Común, a la diversidad de los pueblos y los modos de vivir”, añade.

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