Duro revés de Luis Majul, Nicolás Pizzi, Daniel Santoro y otros en tema AFA

En días recientes, Luis Majul, Nicolás Pizzi, Daniel Santoro y otros profesionales de los medios insistieron en que el expediente de la famosa 'AFA / Chacra de Pilar' quedaría en el fuero Penal Económico.

Más que periodismo de investigación parece una campaña periodística de instalación de la culpabilidad de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y la famosa 'Chacra de Pilar' fue el cenit de la ofensiva.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal -con firmas de Alejandro W. Slokar, Diego G. Barroetaveña y Mariano H. Borinsky- falló que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, debe continuar en la Justicia Federal de Campana (PBA).

El desmentido de la realidad a las especulaciones le permite a Tapia y Toviggino insistir en que han sido víctimas de una campaña de prensa, no quedando aún definido cuál fue la ambición de quienes influyeron sobre medios de comunicación para que presentaron informaciones que no pudieron confirmarse.

Unos afirman que había un intento de detonar la AFA y provocar su intervención y luego una nueva Comisión Directiva.
Otros insistieron en que fueron ofensivas políticas contra Axel Kicillof (Tapia) y Gerardo Zamora (Toviggino).
Y no faltaron quienes afirmaran que sólo era una disputa de negocios.

Vaya uno a saber cuál es la realidad.

Mi renuncia ya está firmada por si padezco una enfermedad que me impida continuar. No le temo a la muerte, no sé si por inconsciencia o porque sencillamente no me lo planteo. Sé que en otro lugar, comenzaré una nueva etapa.

Nunca estuve afiliado al partido peronista, ni…
— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) August 14, 2026

Luis Majul, Nicolás Pizzi, Daniel Santoro

Alejandro W. Slokar, Diego G. Barroetaveña y Mariano H. Borinsky definieron que, por la naturaleza de los hechos investigados y la figura penal involucrada —lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal—, la competencia corresponde al fuero federal.

Ellos subrayaron que el fuero Penal Económico tiene una competencia especializada establecida por ley y que esa competencia no puede extenderse a delitos que no le fueron atribuidos expresamente.

Los camaristas remarcaron que el fuero ubicado sobre la avenida De los Inmigrantes en Retiro tiene una competencia especializada establecida por ley y que esa competencia no puede extenderse a delitos que no le fueron atribuidos expresamente.

"El Juzgado Federal de Campana integra la justicia federal penal de competencia general dentro del territorio que la ley le asignó, mientras que el fuero penal económico ejerce una competencia especializada, conformada por las materias que le fueron atribuidas mediante normas específicas", sostuvo Barroetaveña.

En ese sentido, señalaron que el carácter económico o financiero de los hechos investigados no alcanza para trasladar una causa al fuero Penal Económico. Según los jueces, no existe una norma que le atribuya específicamente a ese fuero la investigación del delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.

"Si bien la Sala A expuso las razones por las que consideró que los hechos presentaban naturaleza económica y financiera, no individualizó la norma legal queatribuiría al fuero penal económico el eventual conocimiento del delito previsto en el art. 303 del CP, ni explicó de qué modo aquella caracterización podría suplir esa ausencia", marcó Barroetaveña.

El juez Borinsky coincidió con esos argumentos . "Queda claro que el delito de lavado de activos es un ilícito autónomo, tiene naturaleza federal y que la competencia territorial corresponde al juez federal donde el hecho se ha cometido", explicitó

"Esta Cámara Federal de Casación Penal ya ha establecido que el delito de lavado de activos es de competencia federal; además de entender que esa figura no fue asignada específicamente al fuero penal económico pues la competencia material no puede fundarse únicamente en la naturaleza económica del delito, sin una atribución legal determinada", argumentó.