Corte Suprema inflexible con Tribunal Superior (CABA) y Cámara Federal de Bahía Blanca

El máximo tribunal cuestionó la falta de una concordancia lógica y argumental entre los votos que integraron las decisiones y ordenó dictar nuevos pronunciamientos.

La semana pasada, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti anularon otra sentencia del TSJ porteño por considerar que los votos de sus integrantes no alcanzaban la “mínima concordancia lógica y argumental” necesaria para constituir una decisión judicial válida.

En aquella causa, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) había presentado un amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una presunta situación de discriminación estructural y vulneración del derecho a una educación pública y equitativa en los Distritos Escolares 5, 19 y 21, que comprenden sectores de Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.

Dos nuevos casos en CABA

En uno de los nuevos casos, también iniciado por ACIJ, se cuestionaba una designación en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires por el cumplimiento del cupo por sexo.

El TSJ había revocado una sentencia y rechazado la demanda con los votos de Luis Lozano, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe. Al analizar el recurso, la Corte Suprema detectó una “evidente discordancia entre los fundamentos de los votos que conforman la mayoría de la sentencia” y anuló el fallo.

Una situación similar se produjo en una causa iniciada por la Defensoría General de la Ciudad, vinculada con un pedido de acceso a la información pública que había sido rechazado por el TSJ.

La decisión fue adoptada mediante el voto conjunto de Santiago Otamendi e Inés Weinberg y el voto de Luis Lozano. La Corte volvió a advertir una falta de coincidencia suficiente entre los fundamentos utilizados para sostener la decisión.

Los magistrados fueron contundentes en cada caso

Causa en Bahía Blanca

El tercer caso correspondió a una sentencia de la Cámara Federal de Bahía Blanca sobre una acción de amparo contra la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado y sus titulares.

La presentación fue realizada por Néstor Luis Montezanti, imputado en causas por crímenes de lesa humanidad, quien reclamaba que se retiraran del sitio oficial fiscales.gov.ar referencias sobre su persona y conducta procesal, además de fotografías del DNI y de una ficha del legajo militar.

La Cámara Federal había rechazado la acción in limine con el voto de dos jueces, pero la Corte también encontró inconsistencias en la fundamentación.

El juez Roberto Daniel Amabile consideró inadmisible el amparo por la existencia de otras vías legales más idóneas. La jueza Silvia Mónica Fariña coincidió con ese criterio respecto del pedido para eliminar fotografías y documentos, pero rechazó la acción por considerar que no existía arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

La Corte cuestionó esa coincidencia parcial. “Carece de relevancia la afirmación de la magistrada de adherir ‘en lo sustancial al primer voto”, sostuvo, porque los argumentos desarrollados después resultaban “inconciliables” con las razones procesales expuestas por su colega.

Por ese motivo, el máximo tribunal anuló la decisión y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

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