Llegó a la Corte Suprema el caso del exdiputado que montó una usina de fake news con fondos del Congreso

El mismo día que la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que ordenó identificar a los responsables de cuentas anónimas por difamación, el máximo tribunal también tomó conocimiento de la existencia de dos causas penales contra el exdiputado nacional Emiliano Estrada, investigado por haber montado una usina de fake news financiada con recursos estatales.

El conflicto de competencia que llegó a la Corte Suprema

En rigor, el caso que llegó a la Corte Suprema tuvo una discusión de competencia. La investigación sobre el exlegislador involucró a tres juzgados: un juzgado de Garantías de Salta, el juzgado federal asentado en esa provincia y el Juzgado Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello.

En el transcurso del trámite, tanto el conflicto entre la justicia local y la federal como el suscitado entre ambos juzgados federales quedaron saldados. Sigue adelante la causa provincial y avanza la investigación en el fuero federal bajo la órbita de Casanello. Los hechos quedaron detallados en el dictamen del procurador. La Corte no intervino en el fondo del caso por tratarse solo de un tema de competencia que resultó "inoficioso".

La denuncia por el uso de fondos del Congreso

El 16 de enero de 2025 se presentó una denuncia en la justicia federal contra Estrada por emplear fondos estatales para financiar la creación de cuentas anónimas en redes sociales, específicamente en la plataforma TikTok. Según el texto de la denuncia, estas maniobras tuvieron como objetivo realizar "operaciones difamatorias" mediante la publicación de información falsa dirigida contra funcionarios, empresarios y periodistas.

En los tribunales federales se lo investiga por peculado, puntualmente por haber empleado y pagado con fondos del Congreso de la Nación a dos asesores legislativos para que cumplieran una tarea ajena a su función pública: diseñar y ejecutar la campaña en redes sociales. En la justicia provincial, en tanto, se investiga la campaña de difusión de noticias falsas, difamatorias e infamantes contra adversarios políticos en la sociedad salteña a través de redes.

El fallo de la Corte sobre cuentas anónimas

En ese mismo acuerdo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ordenaron eliminar publicaciones difundidas en Facebook e Instagram contra un estudiante universitario al que se acusó anónimamente de abusador, disponiendo que la empresa responsable de las plataformas entregue la información disponible para identificar a los titulares de las cuentas desde las cuales se realizaron.

En el fallo, los jueces sentaron un precedente al analizar los límites de la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y al honor, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, la definición de persona pública y el efecto de las redes sociales.

La imputación en Salta y la trayectoria del exdiputado

La Justicia federal de Salta imputó en diciembre al exdiputado kirchnerista Emiliano Estrada por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. La acusación sostiene que, durante su mandato legislativo, Estrada habría montado una usina de fake news financiada con recursos estatales, utilizando a dos asesores del Congreso Nacional para producir y difundir videos anónimos en redes sociales que vinculaban al gobierno provincial de Salta con actividades relacionadas al narcotráfico.

La causa quedó trabada durante meses debido a los fueros parlamentarios que protegían al exlegislador, por lo que la Justicia recién pudo avanzar con la investigación y la formalización de cargos tras el vencimiento de su mandato el pasado 10 de diciembre. El pedido de desafuero había sido presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad en junio de este año, pero sucesivos incidentes, inhibiciones de competencia y apelaciones demoraron el tratamiento hasta que concluyó el período legislativo de Estrada.

La resolución fue adoptada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien finalmente hizo lugar a la imputación solicitada por el Ministerio Público Fiscal. El caso se originó a partir de una derivación de la justicia provincial: la Fiscalía de Ciberdelincuencia estableció que Estrada habría encargado y difundido, a través de asesores legislativos que ocupaban cargos rentados en el Congreso de la Nación, una serie de videos dirigidos a instalar el temor social y la sospecha de connivencia entre el gobierno de Salta y el crimen organizado.

Los argumentos del fiscal y la defensa del imputado

El fiscal Amad recalcó que el centro de la imputación no reside en la libertad de expresión política del imputado, sino en el abuso de la autoridad y el desvío de recursos públicos para el fin indebido de financiar campañas anónimas que buscan intimidar o manipular la opinión pública. Durante la audiencia de formalización, Amad repasó que los hechos investigados se apartan de las protecciones que asisten a los legisladores por sus expresiones en el recinto o en los medios.

Dos ex colaboradores del diputado, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, confesaron el delito y fueron condenados en un juicio abreviado, proceso que se llevó adelante en la Justicia provincial salteña. Estrada, quien participó de la audiencia de manera remota, no declaró ante la jueza y a través de su defensa presentó un planteo de nulidad que fue rechazado.

Según la resolución, los argumentos exhibidos no agregaban elementos novedosos y se limitaban a cuestionar el avance de la causa y la competencia, aspecto que ya había sido debatido en instancias previas. La defensa también alegó una supuesta persecución política, argumento refutado por Amad quien señaló la supremacía de las normas éticas para funcionarios públicos. La jueza recordó en su resolución que, más allá de la inmunidad parlamentaria, a partir de la formalización de la imputación, la defensa tiene derecho a proponer pruebas y analizar en detalle la investigación.

El derrotero judicial y el estado de la causa

El derrotero judicial del caso incluyó varias trabas: jueces reclamando competencia, apelaciones, un pedido de inhibitoria y sucesivos intentos de desafuero, además de dilaciones en la audiencia porque Estrada, protegido por su cargo, no participó en varias oportunidades. Fue necesaria la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones y la Cámara Federal de Casación Penal para habilitar el avance del proceso, así como el rechazo último de la recusación presentada contra la jueza luego de habilitar el trámite de desafuero.

En cuanto al estado actual de la causa, la investigación tendrá un plazo de 50 días hábiles, durante los cuales la fiscalía podrá ampliar pruebas y citar testigos. Como medida de coerción se fijó el compromiso formal del imputado de presentarse cada vez que sea notificado y la prohibición de entorpecer el avance de las pesquisas. Emiliano Rafael Estrada es un economista y político salteño. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), se desempeñó como diputado nacional representando a la provincia de Salta entre 2021 y 2025, integrando la bancada del espacio de Unión por la Patria.

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