Preocupación por el cierre del Bonaparte: "La salud mental debe ser prioridad"

A través de sus respectivas áreas de Salud Mental, la provincia de Santa Fe junto a Entre Ríos y Córdoba, expresaron que esta decisión no solo deja a los usuarios sin un lugar donde recibir la atención necesaria, sino que también vulnera los derechos de los pacientes y trabajadores.

En ese marco, alertaron que este acto refleja "un desinterés por la salud pública" en su conjunto y carece de una justificación clara, agravando una situación sanitaria que ya atraviesa un panorama complejo. Dicha medida pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales de atención, tales como las guardias y las internaciones en uno de los principales hospitales nacionales dedicados a la salud mental, desatendiendo a personas en situación de vulnerabilidad y afectando gravemente la calidad de la respuesta sanitaria.

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La Mesa Permanente de Salud, que integran los ministerios de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a cargo de Silvia Ciancio, Ricardo Pieckenstainer y Guillermo Grieve.

Preocupación por la salud mental

Dentro del contexto, también consideraron que el cierre pone en peligro la estabilidad laboral de los profesionales de la salud mental, cuyo trabajo resulta fundamental para garantizar el bienestar y la recuperación de las personas que reciben tratamiento.

Al respecto, la continuidad de los tratamientos, tanto en internaciones como en consultas ambulatorias, debe estar asegurada en todo momento por el Estado, en su rol de garante del acceso a servicios de salud.

"Es imprescindible que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios se realice con plena consideración de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tal como lo establecen los principios fundamentales de nuestro sistema de salud mental", apuntaron.

En base a ello, solicitaron al Estado Nacional que aclare de manera urgente los planes para ratificar una atención adecuada y que tome decisiones dentro de un plano de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados.

"La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad", concluyeron.

Miles de personas fueron atendidas en lo que va del año por el Bonaparte. Desde la institución estiman que unas 98.000 personas pasaron en lo que va del año y que tan solo en dispositivo de Abordaje Territorial se alcanzó a unas 15.000. Sin embargo, desde el gobierno argumentan que hay pocas internaciones y que los recursos destinados no justifican que siga abierto y por eso debe cerrase.

De concretarse la medida dispuesta por el ministro de Salud, Mario Lugones, que hace pocos días asumió su cargo, el Bonaparte dejará de atender miles de casos en salud mental, como también de consumos problemáticos o adicciones, sobre todo a personas en situación de calle o que no tienen obra social.

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