Motosierra en la Iglesia Católica: Chau plata del Estado para obispos y sacerdotes

Antes de ser presidente de la Argentina Milei dejó claro lo que piensa, por ejemplo, del Santo Padre. Para él, el Papa Francisco es "el representante del maligno en la tierra"; y aunque posteriormente pidió disculpas por el exabrupto, parece que Bergoglio no olvida, y desde que asumió este Gobierno, la Iglesia Católica no para de cuestionar la gestión de Javier.

"Muchos argentinos están haciendo un esfuerzo enorme, que conmueve, esperanzador. No permitas que lo cascoteemos con la voracidad del poder por el poder mismo, conductas reprochables que demuestran que a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie", fueron los dichos -por nombrar un caso- que tuvo Jorge García Cuerva, discípulo del Papa Francisco, para Milei y sus funcionarios en plena misa celebrada el último 9 de Julio.

Desde entonces, los representantes del catolicismo en la Argentina no escatiman en cuestionamientos sobre la gestión actual, e incluso, hubo sacerdotes que sugirieron cerrarle las puertas de los comedores populares a quienes hayan votado a Javier Milei.

Proyecto contra la Iglesia Católica

En ese contexto, la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) Gabriela Brouwer de Koning, presentó un proyecto para quitarle los privilegios a la Iglesia Católica y que así, el plan motosierra de Javier Milei también se aplique a dicha institución.

En concreto, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que busca eliminar las asignaciones estatales destinadas a obispos y sacerdotes. Es decir, propone derogar normativas que garantizan estas remuneraciones, pensiones y jubilaciones especiales para dejarlas sin efecto.

“Dichas leyes tuvieron su origen durante la última dictadura militar y al día de la fecha han quedado desfasadas respecto a la evolución social, política y económica de la Argentina y obsoletas en su operatividad”, explicó Brouwer de Koning en su proyecto.

Su iniciativa consta de 5 artículos y establece en el número 1° que "La presente ley tiene por objeto derogar las disposiciones normativas que garantizan asignaciones a favor de integrantes del clero católico en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones".

En ese sentido, en su artículo 2° describe cuáles son las leyes/decretos que deben derogarse. Siendo las siguientes:

• 21.540
• 21.950
• 22.162
• 22.430
• 22.950.

Por otro lado, en su artículo 3°, el proyecto de la UCR habla sobre la "Curia Castrense", y allí establece que dejarán de percibir plata del Estado de aprobarse dicho proyecto.

"La Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense, conforme a lo previsto por el decreto 1084/98 y modificatorios, no integrará la nómina salarial del Estado Nacional desde el período presupuestario siguiente a la sanción de la presente ley", reza el texto.

Por último, en su artículo 4° cita: "Las personas beneficiarias de las leyes derogadas por el artículo 2° y las previstas en el artículo 3° se encuentran alcanzadas por el régimen de la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y sus modificatorias".

Qué dicen los decretos vigentes

Los decretos leyes sobre las que se pretende derogar el proyecto presentado por la diputada del radicalismo son los siguientes:

1) El decreto ley 21.540 que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

2) El decreto ley 21.950 que establece una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

3) El decreto ley 22.162 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

4) El decreto ley 22.430 que establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

5) El decreto ley 22.950 que establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

En ese sentido, la diputada argumentó: "Las prestaciones en cuestión pueden considerarse como privilegios injustificados, debido a su carácter no contributivo y se encuentran en discusión respecto a las críticas sobre la interpretación del Art. 2 de la Constitución Nacional. En este sentido, y en virtud del Artículo 16 de la Constitución Nacional, la neutralidad (no la negación) del Estado frente a las diversas religiones en una sociedad es un fundamento elemental para no crear categorías de personas que vulneren la igualdad ante la ley por razones religiosas en materia previsional y fiscal en general", sentenció.

La motosierra ya funciona

En 2024, las erogaciones de la Secretaría de Culto hacia la Iglesia Católica cayeron nominalmente un 32% y un 79% en términos reales. Según datos del programa “Registro y Sostenimiento de Culto”, el clero recibió $132,3 millones, una disminución significativa respecto a los $194,4 millones percibidos en 2023.

Además, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) informó que en seis meses del año (enero, febrero, marzo, julio, septiembre y noviembre) la Iglesia no recibió fondos estatales.

El proyecto completo a continuación