Ingresó un pedido a la Oficina Anticorrupción contra Santiago Caputo: De qué se trata

Este martes 29/07, el legislador porteño Hernán Reyes, con patrocinio legal, presentó ante la Secretaría de Ética Pública y la Oficina Anticorrupción un escrito para que se reconozca que Caputo ejerce de facto funciones equivalentes a las de un alto funcionario, y que en consecuencia debe cumplir con las mismas obligaciones legales que cualquier integrante de la alta administración pública.

El pedido apunta a que Caputo —actual asesor presidencial sin designación formal en un cargo jerárquico— sea incorporado al régimen de declaraciones juradas patrimoniales, de intereses y al registro de audiencias de gestión de intereses, tal como exige la Ley 25.188 de Ética Pública.

Documento a la Oficina Anticorrupción

Según el documento presentado, Santiago Caputo tiene una influencia directa sobre decisiones estratégicas del gobierno, participa en la conformación del gabinete, asiste a reuniones clave, opera en empresas del Estado y organismos sensibles como la SIDE, la UIF y ARSAT, y negocia directamente con actores públicos y privados, incluidas gestiones ante el FMI y el Congreso. A pesar de esto, no se encuentra sujeto a los mecanismos de control y transparencia que rigen para otros funcionarios de su rango real.

“El propio Presidente lo calificó como el 'arquitecto del gobierno' y lo ubicó en el centro del 'triángulo de hierro' junto a Karina Milei”, señala el escrito, que también advierte sobre un “fraude administrativo” para evadir controles formales mediante su contratación por fuera de la estructura jerárquica.

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Obligaciones que se deberían aplicar a Santiago Caputo

La presentación solicita que Caputo:

• Presente su declaración jurada patrimonial e informe su situación de intereses.
• Se someta al régimen de gestión de intereses y registre sus reuniones oficiales.
• Se abstenga de intervenir en asuntos donde existan conflictos de interés, como vínculos con empresas o clientes privados.
• Sea fiscalizado por los organismos de control en función de sus actos de gobierno y, eventualmente, sea formalmente designado si continúa ejerciendo funciones ejecutivas.

El escrito recuerda que, aunque su contratación sea técnica o consultiva, Caputo actúa como un funcionario de facto, y que el derecho administrativo argentino prioriza la realidad sobre las formalidades.

Una figura en el centro del poder

El documento también repasa la red de influencia de Caputo en múltiples áreas del Estado, desde la inteligencia hasta la comunicación oficial, y lo vincula con exsocios de su consultora Move (ex Opinión Confidencial), con operaciones activas en el sector público y privado. Asimismo, plantea interrogantes sobre su vínculo con empresas agropecuarias a través de sociedades familiares, lo que podría derivar en conflictos de interés.

“La transparencia no puede ser opcional para quienes concentran poder real en el gobierno”, sostiene la presentación, que concluye que mantener a Caputo por fuera de los controles institucionales vulnera principios básicos del sistema republicano.

El planteo se ampara en jurisprudencia de la Corte Suprema, en normativa internacional y en la doctrina del funcionario de facto. La definición de fondo es clara: si Caputo ejerce poder de decisión dentro del Estado, debe rendir cuentas como cualquier funcionario público de alto rango.

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