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EN TUCUMÁN

Escándalo: Un partido político que responde a Miguel Pichetto afiliaba a gente muerta

Una investigación terminó en escándalo en la provincia de Tucumán. Descubrieron que un partido político que responde a Pichetto tenía afiliaciones truchas.

El hecho no solo generó conmoción en el ámbito electoral, sino que derivó en una causa penal que podría alcanzar a funcionarios públicos y dirigentes partidarios.

Partido político que responde a Miguel Pichetto

El juez federal N°1 con competencia electoral fue quien detectó la irregularidad, en el marco del expediente por el reconocimiento del partido como distrito local. La presentación, realizada en 2022, contenía 4.330 adhesiones. Sin embargo, un cruce de datos posterior encendió todas las alarmas: casi medio centenar de las personas que figuraban como firmantes llevaban tiempo fallecidas.

El hallazgo puso en la mira a tres dirigentes, entre ellos Macarena de Fátima Toledo, señalada como directora de una sede de la ANSES en la ciudad de Famaillá. También figuran Patricia Leonor Saavedra, apoderada del partido, y Gustavo Abad.

La Justicia ya ordenó que los tres designen abogados para ser representados en la investigación, dado que no se presentaron a una pericia clave que debía realizarse el 30 de abril en la sede de Gendarmería Nacional.

Funcionarios judiciales en el padrón partidario

Pero la polémica no termina ahí. Entre las planillas presentadas por Encuentro Republicano Federal también aparecen nombres de jueces, fiscales, psicólogos y funcionarios de la Justicia tucumana, lo que agrava aún más el caso. La ley prohíbe expresamente que los miembros del Poder Judicial en funciones se afilien a partidos políticos.

Figuran en la lista, por ejemplo, la jueza Eliana Karina Gómez Moreira, el juez Agustín Puppio y el fiscal Guillermo Di Lella, entre otros. Todos ellos niegan tener vínculo alguno con el partido y aseguran que no firmaron ninguna ficha de adhesión.

"Jamás me afilié a ningún partido político ni conozco a quienes aparecen involucrados", dijo el juez Puppio en diálogo con el portal TN. Por su parte, la jueza Gómez Moreira sostuvo no tener ningún conocimiento del asunto ni relación con Macarena Toledo.

El descargo de la funcionaria de ANSES

Toledo, por su parte, habló con TN para deslindar responsabilidades. Aseguró que las fichas las recibió ya confeccionadas por Ernesto Habra, exrepresentante legal del partido, actualmente procesado por presunto fraude electoral.

“No tenía conocimiento de estas irregularidades. Recibí las fichas tal como me las entregó Habra”, afirmó, y remarcó que su gestión al frente de la dependencia del ANSES comenzó recién en 2025.

La investigación apunta a determinar si hubo falsificación de documentos públicos y uso de documentación falsa, delitos que podrían derivar en condenas penales. La presentación de firmas apócrifas en un trámite tan sensible como el reconocimiento legal de un partido político sacude los cimientos de la transparencia electoral en la provincia.

El juez a cargo del caso ya ordenó una serie de medidas probatorias. En los próximos días se espera que sean llamados a declarar quienes certificaron las adhesiones y quienes estaban al frente de la organización partidaria. La causa promete derivaciones tanto en el ámbito judicial como político, con impacto directo sobre el armado de Pichetto en el norte del país.

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