El Gobierno argentino le pedirá a la Corte Penal Internacional que ordene la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de otros jerarcas del régimen venezolano. La Cancillería anunció el viernes (06/09) que enviará una nota dirigida al fiscal de la Corte para que tramite las detenciones por considerar que Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en las últimas semanas, luego de las elecciones irregulares en las que se dio por reelecto una vez más.
CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
Argentina endurece reclamos contra Nicolás Maduro, va por más
La cancillería Argentina, envió una solicitud para que la CPI, ordene detener a Nicolás Maduro y otros funcionarios por "crímenes de lesa humanidad".
El texto que lleva la firma de Diana Mondino afirma
Más adelante agrega
Qué es la Corte Penal
El organismo funciona en La Haya, Países Bajos, y que fue creado en 2002 por el Estatuto de Roma. Se dedica a juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
El pedido al fiscal jefe de la CPI está fundado en el artículo 58 del Estatuto de Roma que establece la normativa sobre las “órdenes de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares”.
“En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y
b) La detención parece necesaria para:
I) Asegurar que la persona comparezca en juicio;
II) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte;
II) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias”,
La denuncia
El informe de los expertos convocados por la OEA señaló que más de 1.300 personas habían sido detenidas (hasta ese momento) por su oposición política al régimen de Nicolás Maduro.
El documento destacó “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela”, empleando herramientas como la persecución política y el acoso a estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas.
El trabajo incluye la existencia de 131 asesinatos cometidos durante las protestas de 2014 y 2017, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos chavistas.
También identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, y más de 12.000 venezolanos que fueron detenidos arbitrariamente o encarcelados tras las elecciones de 2013, cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez.
El informe, que incluye 489 páginas, recopiló testimonios de decenas de víctimas y testigos, y analizó evidencias de organizaciones de derechos humanos.
Entre ellos, se incorporaron 26 testimonios recogidos en las audiencias públicas organizadas por la OEA y documentos presentados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
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