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NEUQUÉN

Planes sociales = Estafa: 63 millones robados y funcionarios imputados

Explotó la polémica en Neuquén por el corrupto manejo de los planes sociales que no cesa. La justicia cada día que pasa se acerca más a la escandalosa verdad.

La experiencia y los datos han demostrado que ningún gobierno pudo resolver el problema de la pobreza con planes sociales. Pero la actual gestión de Alberto Fernández que en el 2021, gastó más de 7 billones de pesos en planes, según datos públicos del Ministerio de Economía Nacional, parece no entenderlo. Cada día se revelan nuevos escándalos a lo largo y ancho de todo el país respecto al corrupto manejo de las “dádivas sociales”.

Un escándalo en Neuquén respecto a los planes desenmascaró todo el corrupto sistema en la gestión de aquellos. Tal como contó Urgente24, luego de un verdadero escándalo desatado en Neuquén, que obligó a la renuncia del ministro de Desarrollo Social provincial, Abel di Luca, en medio de una investigación por supuesta corrupción millonaria a través del cobro de planes sociales, comenzarán a auditar los programas que implementó la provincia para corroborar con exactitud quiénes son lo que cobran los beneficios monetarios.

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El exdirector de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, Ricardo Soiza, quedó imputado como jefe de una asociación ilícita. Foto: Diario Río Negro.

El exdirector de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, Ricardo Soiza, quedó imputado como jefe de una asociación ilícita. Foto: Diario Río Negro.

De acuerdo al diario Río Negro, el ex titular de la cartera se encuentra comprometido por la investigación que intenta determinar compromisos en la extracción de dinero del Banco Provincial de Neuquén (BPN) con tarjetas de débito a nombre de otras personas y con recursos destinados a planes. Germán Chapino, quien a finales de la semana asumirá como nuevo ministro, confirmó a radio universidad CALF que tiene previsto realizar algunos cambios en los controles y métodos de certificación de los beneficiarios. Una nueva medida sería implementar el sistema de huella digital.

Este martes 29 de noviembre se formularon cargos a 21 personas involucradas en las estafas. En principio, bajo la figura de asociación ilícita, según confirmó a AM 550 y el canal 24/7 Noticias, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli.

En ese contexto, de acuerdo al mismo diario rionegrino, “el exdirector de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, Ricardo Soiza, quedó imputado como jefe de una asociación ilícita que se dedicó a estafar a la administración pública en por lo menos 63 millones de pesos, y al menos entre enero y julio de este año”.

Supuestamente, lo hizo, entre otros métodos, mediante 4.335 extracciones con tarjetas de débito de cuentas con dinero que les correspondía a desocupados que recibían un subsidio.

En esa línea algunos súbditos y colaboradores directores quedaron imputados. Tal como el ex jefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna, en cuyas cuentas bancarias. El medio surero resaltó: “ Los últimos dos años depositaron 25 millones y 21 millones de pesos respectivamente sin que se conozca el origen. Sus ingresos anuales por el sueldo superan apenas el millón de pesos, y ejerce además como gasista”.

También Néstor Sanz, ex director de Fiscalización del Ministerio. Otras 17 personas, muchas de ellas ex empleadas de ese organismo, también fueron imputadas como parte de la asociación ilícita. Además, como anticipó Río Negro, se les atribuyó fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito “obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño"-

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La clase media, la más damnificada por el corrupto manejo de los planes sociales.

La clase media, la más damnificada por el corrupto manejo de los planes sociales.

La nefasta metodología delictiva habría funcionado de esta manera: la banda, según la acusación, tenía diferenciados sus roles: los reclutadores eran referentes barriales que detectaban personas vulnerables que podían calificar para un subsidio; los ejecutores aprobaban los listados y emitían las órdenes para que les acrediten los fondos, y los extractores iban a los cajeros automáticos del Banco de la Provincia de Neuquén con las tarjetas de débito de los beneficiarios y hacían los retiros.

La jueza Estefanía Saulí que aceptó la formulación de cargos “ inhibición, embargo de bienes y cuentas bancarias que propuso la fiscalía” contra 20 ex funcionarios y ex empleados de Desarrollo Social de la provincia, manifestó claramente: "Los damnificados por esta maniobra somos todos los neuquinos que pagamos impuestos".

El problema de los planes sociales

Es que por más planes que se inventen la pobreza sube. Los programas pueden crear un piso para proteger de la pobreza extrema, pero no permiten salir de ella. Su temporalidad podría ser efectiva, su eternidad es perjudicial. Pero un país, acostumbrado a un estado protector en salud pública, educación, un auténtico estado de bienestar, le es muy difícil salir de esa cultura de asistencia social politizada.

Mientras la clase media percibe la existencia de más impuestos y más ridículos, la ciudadanía advierte que el pago de esos impuestos no mejoran su calidad de vida ni la del contribuyente ni la del beneficiario del plan social. Por el contrario, mantiene o empeora su triste situación social.

Además, las organizaciones piqueteras y organismos sociales tampoco contribuyan a paliar el tema, incluso lo acentúan. Crean una cultura de asistencia social politizada. Muchos de ellos intervienen como intermediarios entre el beneficiario y el estado, por lo que se genera un clientelismo político en el que se le obliga al beneficiario a participar en ciertas marchas políticas o afiliarse a diversos partidos para cobrar el plan en lugar de incentivarlo a trabajar. Muchas veces los beneficiarios oficiales nunca llegan a percibir el total del plan, este se pierde en la intermediación de los movimientos sociales.

Confirmación de irregularidades

En cuanto al Potenciar Trabajo, que es un programa de Nación, “la AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes -del ministerio de Desarrollo Social- pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”.

De acuerdo a Infobae, con esas palabras, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, reconoció ante el fiscal federal Guillermo Marijuán el informe que el 24 de octubre elevó a la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz y que habría detectado incompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hasta quienes había comprado dólares.

https://twitter.com/vtolosapaz/status/1597586139669729280

Este martes (29/11), según Clarín, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, pidió al juez Daniel Rafecas que levantara el secreto fiscal y le otorgara "la nómina completa" para conocer las identidades de quienes presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo, poder liquidar el padrón y que los beneficiarios reciban el dinero el próximo 5 de diciembre.

"Le estoy pidiendo al juez Rafecas que levante el secreto fiscal, que me otorgue la nómina completa que la AFIP ya puso a disposición de la Justicia. Esa información el Ministerio no la tiene", explicó Tolosa Paz. Situación que perjudicará a algunos beneficiarios de planes sociales.

De todas maneras el gobierno ha demostrado su incapacidad para resolver el problema. No hay que olvidar que, tras los sucesivos escándalos de la “planera influencer”, las discusiones entre el CFK y los movimientos sociales en el manejo de los planes y la necesidad de una ajuste fiscal -lo que consistiría en achicar el gasto público exorbitante del Ministerio de Desarrollo Social Nacional- el gobierno aseguró que duplicará los controles para determinar si los beneficiarios de los planes y las unidades de gestión que los administran en cada barrio y municipio, cumplen con la "contraprestación" de tareas o capacitación obligatorias previstas en la normativa vigente.

No obstante, según pudo saber Guido Carelli Lynch de Clarín,"la funcionaria no está de acuerdo con la idea de desacoplar (ajustar) la suba de los planes sociales de la del salario mínimo, una iniciativa que explicita la ministra de Trabajo Raquel Olmos y que contaría con el aval del ministro de Economía Sergio Massa".

Así las cosas, cada día se conocen nuevas estafas y corrupción de las que, parafraseando a la jueza Estefanía Saulí, somos damnificados, nosotros, los ciudadanos contribuyentes que pagamos los impuestos.

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