Negociados con planes sociales: Procesaron a Eduardo Belliboni y podría caer Pérsico

Eduardo Belliboni y Emilio Persico

El juez Sebastián Casanello procesó al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por la entrega y distribución de planes sociales. También pidieron indagar al exfuncionario Emilio Pérsico ya que se cree podría haber actuado en “complicidad” con Belliboni.

Eduardo Belliboni procesado y embargado

Casanello entendió que Belliboni desvió parte de los $360 millones que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia un grupo de empresas que emitían facturas truchas para ocultar el verdadero destino de los fondos.

Pero la maniobra sería más amplia e implicaría una actuación en coordinación con Emilio Persico, el exfuncionario de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández y también líder piquetero quien le habría otorgado a Belliboni subsidios para sus cooperativas por más de 572 millones de pesos sin cumplir con los requisitos mínimos que establecía la normativa vigente y sin control.

Volviendo a Belliboni, el juez federal Sebastián Casanello -además de procesarlo- también le trabó un embargo de $390 millones. Junto con el fiscal Gerardo Pollicita detectaron que el líder del PO y unos 16 dirigentes utilizaron parte de los fondos que recibieron como unidad de gestión del Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero.

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Eduardo Belliboni y el Polo Obrero, muy complicado en la causa sobre defraudación al Estado en la administración de planes sociales.

La operatoria incluía a varias empresas “truchas” que hacían facturas adulteradas para justificar el uso de los fondos, entre las firmas figuran la imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, proveedor de handies.

“Se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados, sino también los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío postulado”, dijo Casanello.

Por eso, junto con Belliboni también fueron procesados Mariano Alejandro Centanni (el tesorero del Polo Obrero) y Elizabeth del Carmen Palma que suscribió las facturas vinculadas a las firmas Rumbos y Miniso Trade. Otros de los procesados son Jeremías Cantero (número 2 del Polo Obrero); María Isabel Dotti; Elizabeth del Carmen Palma; Dina Patricia Iramain; Brisa Noelia Paucara Choque; Elizabeth Galindo Mamani; Roberto Adrián Albornoz, dueño de la imprenta Rumbos.

Emilio Pérsico en la cuerda floja

Con el procesamiento de Belliboni y el armado de la red de empresas que emitían facturas truchas, la Justicia puso el foto en el Gobierno de Alberto Fernández y su rol en el desembolso de fondos al PO. El fiscal Pollicita pidió la indagatoria de Emilio Pérsico y exfuncionarios de su cartera: Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef. Por caso, Gramajo era subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local y Paillalef era director de Seguimiento de Programas de Integración. A todos el fiscal los acusa de que “deliberadamente incumplieron los deberes a su cargo tanto en la asignación, ejecución y control de los fondos públicos con el fin de beneficiar a la organización Polo Obrero en perjuicio del Estado Nacional”

Según Pollicita había un “acuerdo de impunidad” entre los funcionarios gubernamentales y los dirigentes sociales para el uso del dinero con otros fines. El fiscal precisó que de los $361.087.500 que recibió el Polo Obrero, al menos $219.955.153,73 no habían sido devueltos ni rendidos al Estado nacional.

“La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex-Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social –encabezada por Emilio Pérsico–, que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social, actuaron en forma coordinada con las autoridades de la organización Polo Obrero –dirigida por Eduardo Silvio Belliboni–”, argumentó el fiscal.

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