El Gobierno está logrando torcer la discusión por la ayuda alimentaria a la disputa judicial con los piqueteros. En ese contexto, este lunes (27/5) el juez Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni y otros, en la causa por presuntas irregularidades en los comedores populares.
CAUSA COMEDORES
Indagatoria para Eduardo Belliboni y ultimátum a Pettovello por alimentos retenidos
El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y otros piqueteros fueron citados a indagatoria en la por presunta extorsión en el marco de la ‘causa comedores’.
Indagatoria a Eduardo Belliboni por extorsión
El dirigente del PO, Eduardo Belliboni, fue citado por el juez federal, Sebastián Casanello, a prestar declaración indagatoria el 25 de junio, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Estado vinculados al plan Potenciar Trabajo y extorsionar a beneficiarios de planes sociales.
Por otro lado, Casanello también le ordenó al Ministerio de Capital Humano que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada. Le dio un plazo de 72 horas para cumplir con ese pedido.
En cuanto a los piqueteros –entre ellos Belliboni- Casanello fundamentó su decisión en las denuncias que realizaron particulares a la línea telefónica 134 del Ministerio de Seguridad, donde los denunciantes manifestaron “haber sido obligados a movilizarse a cambio de o para mantener un plan social” y que “todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Potenciar Trabajo indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión”, según dijo Casanello en la causa.
Según el magistrado, “el rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica” y que “el beneficio directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”.
Luego, el juez concluye que “por esta tarea, la organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados” y que “los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”.
Administración indebida
En su resolución, Casanello dio por “acreditado que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa Potenciar Trabajo”.
Por último, además de Belliboni, fueron citados a indagatoria Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches (11 de junio), Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper (12 de junio), Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli (13 de junio), Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez (18 de junio), Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma (19 de junio), María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz (25 de junio).
Ultimátum a Pettovello
Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello que en un plazo de 72 horas entregue un plan de distribución de los 5 millones de kilos de alimentos almacenados en galpones y que informe su fecha de vencimiento. Así lo resolvió tras una medida cautelar presentada por el dirigente Juan Grabois.
Pettovello deberá informar "el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería; 2- Los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; 3- Los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada".
El magistrado ordena también al "Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".
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