Este jueves, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe derribó el primer puesto de venta de drogas en Rosario en el marco de la nueva Ley de Narcomenudeo. El procedimiento estuvo encabezado por el titular de la cartera ministerial, Pablo Coccocioni, y la fiscal general, María Cecila Vranicich y se dio, en parte, tras las amenazas hacia el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el clan "Riquelme".
COMENZÓ EL JUEGO
La Ley de Narcomenudeo llegó a Rosario y ya pisa fuerte
En el marco del inicio de la Ley de Narcomenudeo que engloba a Santa Fe, en Rosario ya se destruyó el primer búnker de drogas y van por más.
11 de enero de 2024 - 14:36
La Ley de Narcomenudeo llegó para quedarse.
En rueda de prensa, Coccocioni celebró la iniciativa y señaló que "A 13 días de la entrada en vigencia de la ley, estamos teniendo una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación concreta de la normativa más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía en coordinación con la PDI y demás fuerzas investigativas".
A raíz de lo explicado por el funcionario, la Ley de Narcomenudeo o Microtráfico, apunta a la desactivación represiva de aquellos "comercios" ilegales de venta minorista de estupefacientes en todo el territorio provincial. Algo que se pone en marcha luego de la solicitud de algún fiscal.
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"Cuando, como en este caso se trata de un búnker o una construcción precaria montada específicamente para el trafico de estupefacientes, directamente la legislación permite el derribo o demolición", precisó.
Además, el ministro de Seguridad indicó que estas situaciones pueden denunciarse ante la Policía, los Centros Territoriales de Denuncia, o en el propio Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde también se puede hacer de manera online.
"Lo más importante es que la ley permite prescindir de una investigación de la Justicia Federal, que persigue a los eslabones superiores en la cadena de comercialización, el suministro de estupefacientes. Acá nos enfocamos en los puntos de venta en concreto", comentó.
Posteriormente fue consultado por la posibilidad de que días más tarde se vuelva a instalar otro búnker a pocos metros del espacio donde se realizó el derrumbe, a lo que respondió que "La estrategia en marcha busca prevenir de manera focalizada y sostenida para mantener la en el territorio y la presencia policial disuasiva para evitar que la actividad ilícita vuelva a instalarse".
Según el funcionario, la intervención que se dio en Riobamba al 5000 comenzó a diagramarse cuando el proyecto de ley aún seguía siendo centro de debate en la Legislatura provincia. No obstante, el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía General y el MPA no esperaron que se diera la orden para trabajar en el operativo y accedieron igual.
Con respecto a lo informado por Coccocioni, no es necesario que al momento de intervenir "se tenga que encontrar sí o sí estupefacientes en el lugar" sino que "con contar con indicios que acrediten que se trata de un dispositivo de venta minorista, ya se habilita la acción legar coercitiva".
Por su parte, Vranicich contó que el punto de venta que fue derribado "se constituía como mercado abierto de droga que genera violencia altamente lesiva".
"Además, está a pocos metros de una escuela primaria y a tres cuadras hay otra. Al solicitar este tipo de intervenciones, los fiscales tenemos que convencer a los jueces de que en estos búnkeres se efectúan muertes, tiroteos o heridos de armas de fuego. Es necesario demostrar que se venden drogas y no viven personas, porque en ese segundo caso no se pueden hacer este tipo de procedimientos", argumentó.
Allanamientos y amenazas
Las fuentes provinciales comunicaron que la Policía de investigaciones realizó 10 allanamientos el fin de semana pasado en diferentes barrios de Rosario por una causa que investiga narcomenudeo y están vinculadas con los mensajes intimidantes hacia Pullaro.
A partir del análisis de los teléfonos celulares de los imputados Carlos Román Moreno y Tiziano Díaz surgió información de relevancia sobre la comercialización de drogas vinculadas al "clan Riquelme", por lo que la Fiscalía, a cargo de Franco Carbone, ordenó tareas de campo necesarias para identificar los "búnkeres" vinculados al grupo.
Es así que, el viernes 5 y la madrugada del 6 de enero personal de la PDI requisó un total de 10 domicilios. Como resultado detuvieron a cuatro personas (tres hombres y una mujer) y secuestraron 9 celulares, 3 armas de fuego, municiones y marihuana. En ese sentido, este jueves se realizó la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.
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