La Justicia le dijo no al Gobierno porteño sobre demoler el Luna Park, ratificó la suspensión de obras y puso en debate el negocio detrás de la "modernización".
La Justicia le dijo no al Gobierno porteño sobre demoler el Luna Park, ratificó la suspensión de obras y puso en debate el negocio detrás de la "modernización".
La pelea por el Luna Park sumó un capítulo clave con la Justicia porteña frenando nuevamente el proyecto que habilitaba su demolición, una iniciativa cuestionada desde el primer día por su impacto patrimonial y simbólico. El fallo le marca un límite a la gestión de Jorge Macri, y trae otra vez a colación cómo se gobierna el patrimonio en CABA.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó la apelación presentada por la gestión de Jorge Macri y confirmó la resolución de primera instancia dictada por la jueza Natalia Tanno, que había ordenado suspender "toda obra o trámite administrativo" vinculado al plan de demolición del Luna Park. Es un freno judicial claro a una iniciativa que ya venía muy cuestionada.
La causa fue impulsada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que desde el arranque planteó algo bastante simple de entender: el Luna Park es Monumento Histórico Nacional y, además, está catalogado con Protección Estructural en el Código Urbanístico porteño, lo que implica límites muy concretos a cualquier intervención.
"Autorizar la demolición de la casi totalidad de su interior es una acción prohibida que no tiene vuelta atrás, es su destrucción. Bajo el pretexto de una mejora tecnológica, se desnaturaliza la esencia del edificio al incrementar su volumen, reemplazar la cubierta y modificar sustancialmente la fachada", sostuvo tajante en su presentación judicial.
Ese argumento fue respaldado por el fiscal ante Cámara, Juan Octavio Gauna, cuyo dictamen fue compartido por los jueces del tribunal. Según consta en el fallo, la disposición 1283/DGIUR/25, aprobada por la Dirección General de Interpretación Urbanística del GCBA, avanza sobre límites que la normativa patrimonial marca como infranqueables.
El trasfondo del conflicto va bastante más allá del Luna Park y toca una discusión vieja en la Ciudad: hasta dónde llega la modernización y dónde empieza el negocio inmobiliario disfrazado de mejora urbana.
El proyecto oficial apuntaba a llevar el aforo de 8.400 a 11.100 espectadores, lo que implicaba aumentar el volumen del edificio, elevar la cubierta y sumar un nivel sobre la fachada histórica. Todo eso, en un inmueble protegido, es cambiarle la esencia, algo así como la paradoja de Teseo (si al Luna lo cambiamos parte por parte, ¿sigue siendo el Luna o es otra cosa?).
Las organizaciones Basta de Demoler, Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad también judicializaron el tema, con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo, Jorge Barbagelata y Pacífico Rodríguez Villar, y aportaron un informe técnico firmado por los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli, especialistas en patrimonio urbano.
"Nos enfrenta al sinsentido de destruir un edificio histórico –protegido– con la supuesta finalidad de conservarlo" y genera "la pérdida de los componentes de valor patrimonial del edificio es prácticamente total", dice su diagnóstico.
Girelli fue todavía más lejos y dejó una advertencia que incomoda al poder político: "De seguir adelante con la pretensión del gobierno porteño, el Luna Park será el primer Monumento Histórico Nacional que es demolido desde la recuperación democrática de 1983". Dato histórico concreto.
Ahora la pelota vuelve a quedar en manos de la jueza Tanno, que deberá decidir si otorga la medida cautelar definitiva y mantiene congelada la Disposición 1283/DGIUR/25 hasta la sentencia final. Por lo pronto, la Justicia volvió a marcar un límite y dejó algo bastante claro: una vez que se demuele un edificio histórico, no hay render, maqueta ni discurso de modernización que lo devuelva.
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