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JURY

La Corte, a favor de la fiscal que investigó a Urribarri

Por unanimidad, la Corte Suprema aceptó el amparo de la fiscal Cecilia Goyeneche, que investiga casos de corrupción en Entre Ríos, contra el jury en su contra.

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar este martes (10/05) a un recurso de queja planteado por la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien está siendo sometida a un jury de enjuiciamiento por su actuación en una investigación que descubrió una red de desvío de fondos públicos en dicha provincia, causa que terminó con la condena del ex gobernador Sergio Urribarri a 8 años de prisión.

El máximo tribunal de la Nación aseguró que la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de rechazar por defectos formales una apelación de Goyeneche contra el proceso que podría terminar con su destitución, atenta contra la garantía de la imputada de defensa en juicio. Por eso motivo, instó a los jueces locales que tomen la causa y resuelvan la cuestión de fondo planteada por la funcionaria del Ministerio Público.

“Como se advierte, la decisión apelada cierra toda posibilidad –actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional (art. 18)”, argumentó la Corte, en un fallo unánime.

"Recibo con alegría la decisión de la Corte Suprema de involucrarse en el asunto. Han visto que (el jury) es una barbaridad. Lo que ha pasado en los últimos meses es insólito y fuera de lugar”, dijo este mediodía Goyeneche, en diálogo con Radio Continental, tras conocer la noticia.

“Cuando se destapan hechos de corrupción estructural, esos sectores reaccionan. Al Procurador General le pidieron el jury dos veces y a mí están a punto de destituirme”, remarcó.

CSJ.000646.2022.RH001.pdf

La procuradora fiscal adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, había presentado un amparo denunciando irregularidades en el jury que se desarrolla en su contra.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos rechazó esa acción, por considerar que existía otro proceso judicial en trámite, promovido por el Procurador General provincial, en el que quedaría comprendida la pretensión de Goyeneche.

Pero ahora la Corte Suprema, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió que esta decisión “cierra toda posibilidad –actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional”.

Sin que implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto, la Corte señaló que “lo resuelto por el a quo desatiende las evidentes diferencias sustanciales entre la actora, en tanto magistrada sometida a un jurado de enjuiciamiento que defiende sus derechos, y el Procurador General provincial, que actúa en resguardo del interés general, institucional y de la legalidad”.

La Corte agregó que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.

Por eso, y de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación interino, hizo lugar a la queja interpuesta, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, al tiempo que ordenó que se dicte una nueva con arreglo a lo expresado en su pronunciamiento.

Cecilia Goyeneche fue suspendida el 30 de noviembre de 2021, cuando el Jurado de Enjuiciamiento le abrió un proceso por supuesto mal desempeño en la llamada causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana.

En ese expediente, elevado a juicio, se determinó que hubo un desvío de US$ 52,5 millones de las arcas del Estado, que se concretó mediante el cobro irregular de esos beneficios por medio de tarjetas de débito.

A la fiscal anticorrupción se la acusa por no haberse excusado, pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

Por el contrario, la fiscal denunció una “persecución política” en su contra, por su decidido impulso a la causa que terminó con la condena del ex gobernador Sergio Urribarri a 8 años de prisión por corrupción.

Pese a que antes del inicio del jury la Corte Suprema pidió el expediente, no se detuvo el proceso contra Goyeneche. Es así que, desde el lunes, la fiscal cuya investigación permitió, entre otras cosas, la condena del ex gobernador Sergio Urribarri, está sentada en el banquillo de los acusados y podría terminar fuera de su cargo y con una causa penal.

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FUENTE: Urgente24

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