JUSTICIA

VÍA ZOOM

La corrupción entrerriana a propósito del escrito de Urribarri y el "juicio abreviado" a Allende

Esta semana se produjeron 2 hechos clave para la justicia entrerriana vinculados a personajes importantes de la política entrerriana y por causas por corrupción. El martes se presentó vía zoom, a instancia indagatoria, el exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri y su amigo el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Ambos hicieron lo mismo por zoom, realizaron una presentación por escrito de escasas carillas y se negaron a responder preguntas. A menos de 24 horas de ello, fue la audiencia por el juicio abreviado al exlegislador José Angel Allende que podría ir camino al fracaso, después de una sesión en Tribunales, también con Allende por zoom, que para la provincia entrerriana puede marcar "un antes y un después" en su historia de los delitos de corrupción. Aunque para ello debe prosperar el juicio abreviado.

El exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre estuvo este martes por segunda vez ante la Justicia, a través de la plataforma 'Zoom', en el marco de la causa en que se encuentra imputado por los delitos de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho.

"Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde y el orgullo de haber llevado adelante una gestión transformadora de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes escribieron uno de los capítulos más importantes en la historia argentina y entrerriana", manifestó.

Ello, en el marco de una declaración acompañada por un escrito en el que niega los cargos en su contra que se investigan en el Legajo de IPP Nº 65623, sosteniendo que todos sus actos de gobierno "contaron con la aprobación previa y posterior de los organismos de control" y negándose a responder preguntas de los fiscales. 

"Voy a seguir estando siempre a derecho, dando todas las explicaciones que tenga que dar al respecto, y mientras tanto voy a seguir desarrollando con total compromiso y empeño la tarea que hoy tengo como embajador, que representa para mí un inmenso honor y una gran responsabilidad", acotó.

La causa compromete seriamente a varios actuales funcionarios y excolaboradores de los gobiernos urribarristas, como así también a su amigo, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

"Casi nunca hubo tanta prueba documental en una causa, precisamente, porque encontraron innumerables papeles y soporte informático en el allanamiento que le realizaran a Cardona, en Capital Federal, a fines de 2018, sobre los movimientos de pagos que se hicieron para concretar seis licitaciones en el Estado entrerriano, para la firma Relevamientos Catastrales, propiedad del citado empresario. Allí fue donde además encontraron documentación que demostraba que Cardona había administrado 11.400.000 dólares de la familia Urribarri, entre 2008 y 2015", afirma el sitio entrerriano 'Análisis Digital', a propósito de lo ocurrido. 

Daniel Enz menciona en ese medio que "Urribarri y Cardona Herreros hicieron lo mismo al presentarse ante la justicia: ambos por zoom, con un mismo estudio de abogados de Paraná, realizaron una presentación por escrito de escasas carillas –desmintiendo las pruebas colectadas, las que se notificaron previamente y conforman más de diez carillas del expediente- y se negaron a responder preguntas. Es decir que no aportaron elemento alguno, concreto, para refutar el trabajo de investigación de casi tres años, de parte de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Y seguramente seguirán por ese mismo camino quienes tengan que presentarse en los próximos días, por la misma causa". 

Lo que hacen, resume, es "presentar escritos para la tribuna y tras ello seguir introduciendo chicanas judiciales, a los efectos de continuar con el trámite de la causa para que continúen pasando los años y luego Dios dirá. O sea, como en cada una de las tantas causas por delitos de corrupción que involucran a los hombres y mujeres de la clase política de nuestra provincia".

En el mismo artículo relata el otro hecho judicial del día que fue el del exlegislador José Angel Allende, "uno de los principales símbolos de la corrupción en Entre Ríos, en los últimos 30 años", al que afirman vienen denunciando desde hace décadas, aún bajo la presión "por parte de su gente".  

Ayer se concretó "la audiencia por el juicio abreviado a Allende que, de alguna manera, podría ir camino al fracaso, después de una sesión en Tribunales, de más de cuatro horas, con Allende por zoom desde su nueva casa de calle Gualeguay. En las últimas semanas hubo numerosas críticas al juicio abreviado que se iba a desarrollar en esta jornada y de la condena que se le otorgaba a Allende. El juicio abreviado no es sinónimo de impunidad tal como se buscó exhibir desde algunos sectores de la dirigencia política que, obviamente, nunca en la vida se ocuparon de Allende". 
 
Afirma que "el juicio abreviado sólo elimina -para decirlo en forma sencilla- el "debate" y la recolección de distintas pruebas que logre acreditar en forma certera el ilícito investigado ante un Tribunal de Juicio. Si bien uno puede o no estar de acuerdo, constituye lisa y llanamente una condena y una pena. En este caso el imputado admite su culpabilidad en los hechos que se le atribuyen y padecerá, en consecuencia, una sentencia que, en el caso, conlleva pena de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Más el decomiso de sus bienes valuados por un ente oficial por la suma que excede el millón de dólares. Y a ello hay que agregarle una serie de reglas de conducta que el condenado deberá cumplimentar. No se asemeja esto a una "impunidad" sino todo lo contrario. Hay una condena a cumplimentar, con costos que pagar". 

"Habría que preguntarse si, de caerse el juicio abreviado, no estaríamos camino a la impunidad de Allende", insiste citando lo ocurrido con los casos de Mario Yedro (que entregó sus campos valuados en US$6 millones), Domingo Daniel Rossi (solo pagó una multa de $90.000) y Félix Aberlardo Pacayut (que entregó una casa en Mazaruca), a lo que se podría sumar el del exembajador Raúl Taleb (que se tuvo que desprender de su departamento de $500.000, como resarcimiento), en donde la prueba por lo general resulta escasa o de difícil o imposible recolección. 

Enz insiste en que "es probable, que de no mediar condena, es decir, en la hipótesis que el Tribunal no asienta al acuerdo arribado, con mucha suerte se podrá llegar a un debate dentro de ocho o diez años. No sabremos con certeza cuál resultaría el monto del enriquecimiento y se juzgaría, en realidad,  a "otro" Allende. A un hombre de 70 o 75 años o más y vaya uno a saber en qué contexto social y político. Pero además, qué hará Allende con este marco: no va aceptar el abreviado, va a llevar la causa hasta la Corte Suprema de Justicia y no permitirá que ningún juez lo juzgue, después que él reconoció su culpabilidad. Y con ese marco, a más tardar el mes que viene recupera su mansión del Parque Urquiza y hace pito catalán". 

De esta manera, continúa se benefician todos aquellos denunciados por enriquecimiento ilícito, como los casos de Sergio y Mauro Urribarri, entre otros. 

Para la provincia entrerriana "sería como un antes y después del caso Allende, de prosperar el juicio abreviado, en la historia de los delitos de corrupción en esta provincia".


 

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