Karina Milei entregó Tecnópolis por 25 años al gigante Live Nation, consolidando un monopolio y desafiando el libre mercado
La convergencia entre el control de los principales escenarios de gran capacidad, la producción exclusiva de artistas y el manejo de los sistemas de boletaje otorga a un solo actor privado un poder de fijación de precios sin contrapesos. Esta política oficial distorsiona la libre concurrencia, margina a las productoras independientes y perjudica de forma directa al público consumidor
La adjudicación por 25 años de Tecnópolis a la corporación estadounidense Live Nation encendió las alarmas en el sector del espectáculo. La resolución gestionada desde la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei, expone una profunda contradicción ideológica al utilizar recursos y resortes del Estado para consagrar un Monopolio privado en el mercado del entretenimiento.
La influencia decisiva de Karina Milei en la reconfiguración del predio de Villa Martelli deja al descubierto las grietas del discurso oficialista. La decisión de la Secretaría General de la Presidencia de otorgar una prórroga de diez meses sin pago de canon —un beneficio fiscal estimado en 650 millones de pesos— beneficia directamente a un gigante corporativo extranjero. Esta intervención estatal a medida desde el Poder Ejecutivo contradice las banderas de desregulación y libre competencia que la gestión libertaria pregona públicamente, utilizando la privatización como vehículo para la concentración.
La corporación estadounidense Live Nation profundiza su dominio absoluto sobre la industria de eventos masivos en Argentina. Tras adquirir la mayoría de DF Entertainment y controlar la operación del Movistar Arena, la compañía suma la infraestructura de Tecnópolis, que incluye un microestadio con capacidad para 12.000 espectadores e instalaciones para festivales masivos. Esta expansión réplica el esquema de integración vertical que el grupo ejerce en Estados Unidos junto a Ticketmaster, plataforma fuertemente cuestionada por la justicia de ese país por presuntas prácticas anticompetitivas.
La concesión del mayor parque temático y de eventos del país no impulsa un mercado diverso, sino que auspicia la consolidación de un Monopolio estructural financiado con ventajas del Estado.
La convergencia entre el control de los principales escenarios de gran capacidad, la producción exclusiva de artistas y el manejo de los sistemas de Tickets otorga a un solo actor privado un poder de fijación de precios sin contrapesos. Esta política oficial distorsiona la libre concurrencia, margina a las productoras independientes y perjudica de forma directa al público consumidor.
En este marco, el foco de la discusión trasciende la participación de socios locales como la familia Saguier y apunta a la conformación de un Monopolio estructural en el negocio de los grandes eventos masivos.
Esta concentración de mercado atenta contra la libre competencia, perjudicando a los productores independientes y condicionando las opciones de los consumidores en el país.
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