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INFORME ANUAL

Alerta de Human Rights Watch sobre la Corte y el PJN

En un duro informe, Human Rights Watch apunta contra el Gobierno de Alberto Fernández y advierte sobre el riesgo en que está la Corte y el Poder Judicial.

Su reporte anual de la organización cuestionó una serie de aspectos entre los que se cuentan "el abuso policial, malas condiciones carcelarias y violencia endémica contra las mujeres", además de los propuestas para reformar al Poder Judicial.

La ONG, dedicada a la investigación y la defensa de los Derechos Humanos alrededor del mundo, cuestionó así duramente al actual Gobierno argentino La ONG, dedicada a la investigación y la defensa de los Derechos Humanos alrededor del mundo, cuestionó así duramente al actual Gobierno argentino

Desde advertencias por la independencia del Poder Judicial hasta la actitud del oficialismo frente a la prensa opositora y la política exterior con naciones cuestionadas por su falta de respeto a los Derechos Humanos, el reporte anual no tiene piedad ante la Argentina.

"Se juzga en los medios y se le pone el sello en la Justicia". Esta explosiva frase pertenece a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue pronunciada el pasado 10 de diciembre, cuando el Gobierno organizó un multitudinario acto en Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Acto que fue criticado por su alto nivel de politización.

Esta acusación de la expresidenta se encuentra en línea con lo que Human Rights Watch le critica a la gestión de Alberto Fernández: según la organización las propuestas para reformar el Poder Judicial, desde el Consejo de la Magistratura -órgano clave en el nombramiento y la remoción de jueces inferiores- hasta una amplia modificación de los juzgados a lo largo del país propuesta por el mismo Fernández o cambios en el Ministerio Público Fiscal con un límite al mandato del jefe de los fiscales, representan "un riesgo para la independencia de estas instituciones".

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Según Human Rights Watch, las propuestas del Gobierno para reformar el Poder Judicial, desde el Consejo de la Magistratura hasta una amplia modificación de los juzgados a lo largo del país, representan "un riesgo para la independencia de estas instituciones".

Según Human Rights Watch, las propuestas del Gobierno para reformar el Poder Judicial, desde el Consejo de la Magistratura hasta una amplia modificación de los juzgados a lo largo del país, representan "un riesgo para la independencia de estas instituciones".

El informe recalca que ciertos especialistas que conformaron el "Consejo de Expertos" que Alberto Fernández reunió para proponer esta serie de reformas a los tres organismos judiciales -Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público Fiscal- "tenían vínculos con funcionarios investigados, incluido el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya posición le otorga inmunidad de arresto por múltiples cargos de corrupción".

Además, la organización también advirtió sobre "las demoras en la designación de jueces permanentes", con cargos vacantes hace años: a septiembre del 2021 aún 239 cargos de jueces federales y nacionales permanecían vacantes, advierte 'Human Rights Watch'.

¿Qué pasa con la libertad de expresión?

En línea con la otra pata de la polémica frase de la expresidenta y actual vice, Human Rights Watch también hace énfasis en la postura del oficialismo hacia la prensa: "Autoridades de alto nivel, incluido el presidente Alberto Fernández, han utilizado una retórica hostil contra los periodistas independientes", reporta el informe, asegurando que el Gobierno ha acusado a ciertos medios de "difundir noticias falsas" al informar sobre temas de interés público, como "irregularidades en la distribución de vacunas contra el covid-19".

No obstante, destaca la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública en el año 2016 con el fin de "garantizar el acceso público a la información del gobierno y proteger los datos personales".

Entre el 2017 y agosto del 2021 este organismo ha respondido en el plazo legal de un mes "a la mayoría" de las 20.660 solicitudes presentadas, aunque se presentaron 1220 apelaciones de parte de los ciudadanos, "en la mayoría de los casos después de que las autoridades no respondieran antes de la fecha límite".

Cárceles y abuso de la policía

Human Rights Watch también apuntó contra el funcionamiento corrupto del sistema carcelario y los abusos de las fuerzas de seguridad, indicando que "la Oficina Nacional Penitenciaria reportó 176 presuntos casos de tortura o malos tratos en prisiones federales en 2020 y 77 de enero a junio de 2021", mientras que la Procuraduría General de la República informó sobre 16 muertes violentas de presos en cárceles federales durante el 2020.

Además, cita al Gobierno al recordar que "casi la mitad de los 11.290 detenidos en prisiones federales no han sido condenados por ningún delito" y aún se encuentran a la espera de un juicio.

En contraste, critica la política de liberación de presos durante la pandemia debido a las condiciones de las cárceles y su dificultad para evitar la propagación del covid-19 dentro de estas, dejando en libertad condicional a un centenar de condenados y sin "ninguna reforma significativa para abordar la prisión preventiva" a la vista al día de la fecha.

Respecto a la violencia policial, una problemática resonante durante el 2021 en la Argentina con asesinatos de jóvenes como Lucas González o Luciano Olivera por parte de las fuerzas de seguridad, Human Rights Watch denunció que "ocasionalmente estas emplean fuerza excesiva", e ilustró: "En 2020, la Defensoría del Pueblo reportó 297 casos de violencia por parte de agentes de seguridad".

Formosa, el peor ejemplo

Por último, ilustró el abuso de poder con las políticas altamente represivas aplicadas en Formosa por su gobernador, Gildo Insfrán, ante la pandemia.

La organización tildó a estas medidas como "abusivas e insalubres", recalcando la existencia de centros de "aislamiento" y "cuarentena" en "circunstancias que equivalían a detención arbitraria".

"Las autoridades limitaron la capacidad de los periodistas para informar sobre la situación, presuntamente hicieron uso excesivo de la fuerza contra las personas que protestaban por las normas de la COVID-19 y arrestaron y presentaron cargos penales contra algunos", detalla el informe de Human Rights Watch.

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