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FUEGO EN LAS PASO

Izquierda oficialista amenaza paralizar el Estado a Alberto

El intervencionismo del FMI, la ineficacia de las políticas antiinflacionarias y el acuerdo con UPCN, fueron el punto de quiebre entre la Izquierda y Alberto.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires expresó su respaldo y se adhirió de manera activa a la medida de paro nacional de actividades, convocada por ATE Nacional y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, pautada para este viernes 16 de junio. Este contundente reclamo se verá respaldado con movilizaciones y asambleas en diversos puntos estratégicos del territorio bonaerense, además de una destacada marcha central hacia la emblemática Plaza de Mayo, cuyo inicio está previsto para las primeras horas del mediodía. En cierto aspecto, los precedentes de este paro se remontan a varios meses atrás, con las pasadas negociaciones con el FMI, las cuales fueron duramente cuestionadas por parte de la Izquierda, y ahora se cree intentan presionar por lugares en las listas oficialistas.

En el contexto de la contienda y la presión ejercida sobre el gobierno de Alberto Fernández, se inserta este paro como una pieza fundamental dentro del conjunto de medidas adoptadas. Estas acciones cobran especial relevancia en un momento crucial, justo antes de la revisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que a su vez pega de lleno en los planes sociales que estas organizaciones administran.

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¿Cuál es el motivo detrás de esta protesta?

El propósito fundamental de esta protesta es “exigir un aumento considerable a la escasa suba ya estipulada para este mes” conforme señalaron desde la ATE nacional.

Óscar de Isasi, secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, subrayó, "estamos convencidos que la implementación de un shock distributivo, en oposición al ajuste del FMI que está ejecutando el gobierno nacional, es una de las claves para salir de la crisis. Aumentar el consumo de los sectores populares es fundamental. En ese marco reivindicamos la propuesta de Salario Básico Universal para que ningún hogar esté por debajo de la línea de indigencia, aumento de salarios de emergencia para estatales, privados y jubilados, además de un estricto control de precios. Le decimos no a las políticas de ajuste del FMI ”.

De la misma forma que manifestó, “de esta crisis se sale con una propuesta basada en la soberanía, el trabajo y la producción, con el protagonismo de la clase trabajadora organizada y los sectores productivos que piensan el país, y sostenida por la movilización popular. Para esto, es necesario construir un Estado participativo, democrático y popular al servicio de las mayorías, con trabajadores y trabajadoras del Estado dignificados y jerarquizados en su tarea.

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Como cierre de sus declaraciones, el líder sindical de ATE y la CTA Autónoma hizo hincapié en que, con respecto a la provincia, “el gobierno nacional le debe devolver los puntos de coparticipación quitados por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en función de la Capital Federal. Desde nuestras organizaciones reiteramos el pedido de renuncia de los miembros de la Corte, ya que actúan como brazo judicial del poder económico concentrado de la Argentina. Ellos proscriben dirigentes populares y limitan la democracia arbitrariamente, suspendiendo elecciones en las provincias del país”.

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En concreto, la fuerza de esta protesta se intensificó en los debates relacionados con el salario mínimo en el Consejo del Salario, e incluso se han expresado observaciones negativas en torno al fracaso de cada una de las medidas implementadas por el gobierno de la Casa Rosada para combatir la inflación.

Esto se suma a una ola de paros de la Izquierda en general que apuntan hacia un clima de caos en año electoral, empezando por los subtes en la ciudad de Buenos Aires, las internas en la UTA con los paros de colectivos, paralización de los servicios de trenes y hasta en las plantas de neumáticos, que controla el SUTNA en mano del Partido Obrero.

En el caso de ATE y CTA, afectan principalmente a docentes, salud y empleados administrativos de dependencias públicas.

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