Incómoda efeméride para Alejandra Monteoliva: Las noches más oscuras de Córdoba

Se cumplen 12 años de los saqueos en Córdoba.

CÓRDOBA. La jura de Alejandra Monteoliva en el Ministerio de Seguridad de la Nación llegó casi en coincidencia a una fecha incómoda en su historia como gestora pública. Este 3 de diciembre se cumplen 12 años del acuartelamiento policial en Córdoba, provincia que durante dos noches no contó con la fuerza del Estado en las calles.

La flamante funcionaria nacional era por entonces titular de la cartera de Seguridad provincial, durante la última gestión de José Manuel de la Sota al frente del Centro Cívico. El hecho, que devino en largas horas de saqueos en las calles y enfrentamientos entre vecinos y bandas de delincuentes, implicó la eyección de Monteoliva, que más de una década después se hará cargo de la misma área pero a nivel federal.

Su paso por la seguridad cordobesa duró poco menos de tres meses. El evento implicó un auténtico cisne negro para la gestión de De la Sota, quien procedió a cambiar todo su Gabinete y postergó sus aspiraciones presidenciales a partir del mismo.

Desde entonces, Monteoliva preservó un perfil bajo en la política cordobesa. Durante ese tiempo cultivó su perfil académico, con una amplia formación en la gestión de seguridad con experiencia en el extranjero, según señaló un reporte del medio local La Voz.

El teniente general Carlos Presti entre Santiago Caputo y Alejandra Monteoliva en la foto de la reunión de Gabinete.

Córdoba y sus noches más oscuras

El rol de Monteoliva en el acuartelamiento policial del 2013 tendió más a la observación. Con pocas semanas en el cargo, la por entonces funcionaria provincial heredó una profunda crisis policial entrecruzada por el reclamo salarial, los escándalos de corrupción y fuertes tensiones en la cúpula de las fuerzas cordobesas.

La medida de fuerza de los efectivos policiales fue el resultado de varios meses de reclamos sin atención por parte del Gobierno provincial. Quienes encararon la protesta fueron los familiares de los efectivos, quienes pedían una recomposición contundente de más del 50% del salario ante un atraso acumulado de varios años.

Esa forma de protesta inicial no complicaba al Centro Cívico, en principio, por la imposibilidad de los agentes a plegarse al paro. Algo que se mantuvo dentro de los márgenes legales hasta el mencionado 3 de diciembre, cuando una mayoría importante de uniformados decidieron abandonar las calles en conjunto hasta en tanto no se atendiera su reclamo.

Bastaron tan solo unas pocas horas para que los delincuentes tomaran por completo las calles. Los enfrentamientos comenzaron en la zona sur de Córdoba capital, con el saqueo de un supermercado que no tuvo respuesta de la policía.

A partir de allí, las escenas se multiplicaron con especial virulencia en la zona noroeste de la capital cordobesa, donde cientos de locales comerciales fueron destruidos. El saldo humano fue de una persona muerta y varios cientos de heridos fruto de los enfrentamientos entre civiles que buscaban aprovechar la liberación de la calle, y aquellos que ejercían su derecho a defender su propiedad.

Recién en la tarde del 4 de diciembre, y tras un viaje de emergencia del gobernador De la Sota, los efectivos policiales anunciaron el acuerdo salarial y la salida a las calles. Entonces, y con un aumento de más del 50% asegurado por el propio gobernador, la policía retomó su tarea aunque dejando una cicatriz imborrable en la sociedad cordobesa, que ya tenía una imagen deteriorada de sus defensores.

La Policía de Córdoba y el trauma del 2013.

El quiebre entre Córdoba y Nación

El hecho del 2013 no solo tuvo implicancias internas. Además, condicionó para siempre la relación del kirchnerismo con la segunda provincia más poblada del país.

Según versiones cruzadas, el Gobierno provincial solicitó la correspondiente intervención de las fuerzas federales en las calles ante la falta de policía. El llamado, según versiones cordobesistas, nunca fue atendido por la Casa Rosada controlada por Cristina Kirchner.

En cambio, la versión del por entonces oficialismo indicaba que Córdoba no había extendido ninguna llamada de emergencia para la intervención de Gendarmería. El envío de las fuerzas federales se produjo de hecho, pero horas más tarde al descontrol.

De esa manera, fue que detonó la relación del peronismo cordobés con el PJ nacional, algo que mantienen sus efectos en la actualidad con un importante sentimiento anti K todavía presente entre los electores cordobeses.