Huemules en Lago Escondido: Puede complicarse más

"(...) El sitio https://breached.vc/ ofreció por 600 dólares pagaderos en criptomonedas, 500MB de datos de Telegram exportados de un ministro argentino. Como muestra, ese sitio publicó los chats de D’Alessandro. Pero eso no significa que hayan hackeado su teléfono. Una técnica simple, aplicable a usuarios impunes que descuidan las medidas de seguridad, consiste en clonar las cuentas, con la técnica del SIM swapping. Con el número de documento y de celular de un usuario es posible llamar a la compañía que provee el servicio y pedir un chip nuevo por haber perdido el teléfono. Como es urgente, el falso cliente pasa a buscar el reemplazo a la compañía en vez de recibirlo en su domicilio. Con el nuevo chip en cualquier telefonito, es posible habilitar el Telegram del usuario para que funcione en una computadora. El usuario advierte la maniobra y recupera el control de su celular, pero todo lo que envíe y reciba se duplicará en la computadora espía."

Otra hipótesis es que alguien próximo a D’Alessandro accedió a su computadora y de allí bajó el archivo BPK del Desktop Telegram, con las 908 conversaciones filtradas, de las cuales sólo se han divulgado dos. Por eso, en cualquier momento puede haber más informaciones para este boletín. Otra hipótesis es que alguien próximo a D’Alessandro accedió a su computadora y de allí bajó el archivo BPK del Desktop Telegram, con las 908 conversaciones filtradas, de las cuales sólo se han divulgado dos. Por eso, en cualquier momento puede haber más informaciones para este boletín.

En este contexto, es cierta la afirmación de Roberto Navarro en ElDestapeWeb:

"Así como los bolsos de López fueron la comprobación de que en el país había corrupción en la obra pública, los chats y fotos de los jerarcas de Clarín invitando a jueces, servicios de inteligencia y un ministro PRO a Lago Escondido y los chats que revelan una conspiración plagada de delitos dejaron al desnudo que el Lawfare no es una fantasía K, sino una realidad ahora incontrastable que amenaza terminar vaciando de contenido la democracia."

Estos tiroteos suceden en vísperas de una decisión importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, institución donde colisión con fuerza Gobierno y oposición.

La CSJN aplicaría el recurso de per saltum presentado por el senador opositor Luis Juez (Córdoba / JxC) para frenar la designación del camporista Martín Doñate (Río Negro / FdT).

Pero antes de que ocurra la decisión de la CSJN volvamos a la historia de hackers y lawfare:

Sospechas

Hugo Alconada Mon en el diario La Nación:

"(...) ¿Qué es un “sim swap”? La duplicación o intercambio de la tarjeta SIM del teléfono a través de diversas técnicas. Entre ellas, la llamada por WhatsApp de una persona desde un número desconocido, pero que tiene el ícono del Ministerio de Salud de la Nación o de alguna aplicación oficial como “Mi Argentina”, para informar sobre un supuesto turno para vacunarse contra el Covid-19 e indicar que le enviarán al dueño del teléfono un código por mensaje de texto que solicita que se lo pasen a quien llama para completar el trámite. Pero, en realidad, la llamada es una trampa que le permite al atacante tomar el control de parte o todo el teléfono de la víctima, revisar su contenido o llamar a sus contactos para requerir giros de dinero.

En el caso de D’Alessandro, esa fue una de las primeras hipótesis, ya que el o los hackers hicieron llamadas al exterior y enviaron mensajes desde ese teléfono. Pero con el correr de los días, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Daniel Dupuy, determinó que él o los hackers están –o estaban en aquel momento- en la provincia de Misiones, compraron un chip en El Dorado, y tenían la sofisticación suficiente como para ocultar sus huellas. En el caso de D’Alessandro, esa fue una de las primeras hipótesis, ya que el o los hackers hicieron llamadas al exterior y enviaron mensajes desde ese teléfono. Pero con el correr de los días, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Daniel Dupuy, determinó que él o los hackers están –o estaban en aquel momento- en la provincia de Misiones, compraron un chip en El Dorado, y tenían la sofisticación suficiente como para ocultar sus huellas.

“Son expertos; saben cómo entrar a un teléfono y cómo tapar sus rastros”, indicó una fuente al tanto de la investigación porteña, que registró un giro en las últimas semanas. Con la difusión pública de parte del contenido del teléfono de D’Alessandro, la pesquisa se encuadró como “difusión no consentida de material privado”. Es decir, una contravención.

En esa investigación, sin embargo, D’Alessandro se negó a entregarle a la Fiscalía el acceso total a su teléfono celular, de modo que impidió que revisaran todo su contenido y determinaran con precisión cómo y cuándo se lo hackearon, y si le implantaron algún virus o aplicación dañina.

“Eso es habitual”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal. “Cuando la víctima comprende que hay que hacer una copia completa del teléfono celular, aunque sea analizada con todos los recaudos, muchos se niegan a ese procedimiento, tanto hombres como mujeres”. (...)".

Del otro lado de la Grieta, Néstor Espósito en Tiempo Argentino:

"Los inexplicables viajeros de Lago Escondido no sólo cometieron una grave falta ética y acaso uno (o varios) delitos. También se demostraron machirulos y misóginos (justo ellos, que deben resolver causas judiciales con perspectiva de género) con una mujer que es de los suyos: la expresidenta del Consejo de la Magistratura Adriana Donato.

“No sé por qué aparezco en el chat”, le dijo la abogada Donato a Tiempo. Los viajeros hablan de ella en tono de mofa y casi con desprecio. En el diseño de la estrategia para zafar judicial y mediáticamente de lo que habían participado voluntariamente, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro propuso al resto del grupo de Telegram: “Victimicémonos con que fuimos espiados, así el próximo viaje podemos llevar a Donato y nadie va a sospechar”.

El juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques aportó: “Para alegría del amigo PC”, todo indica que Pablo Casey, el gerente de relaciones institucionales del Grupo Clarín. El exagente de la Side Leonardo Bergroth completó: “Qué morbo que tiene”.

Donato fue clave para la destitución del camarista federal Eduardo Freiler. Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había destituido del Consejo de la Magistratura al senador kirchnerista Ruperto Godoy porque no era abogado. Sin él, el bloque que respondía a Cambiemos tenía la mayoría justa para suspender a Freiler y mandarlo al matadero. La noche previa a la votación, Donato les dijo a sus allegados que iba a esperar que asumiera el reemplazante de Godoy, el senador y sí abogado Mario Pais, con lo cual no daban los números para correr a Freiler.

Algo pasó. Al día siguiente, el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, demoró la jura de Pais y Donato cambió de opinión. Para ello fue decisiva una gestión del representante de Mauricio Macri en el Consejo, el hoy fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, uno de los fascinados por Lago Escondido.

Donato es hoy asesora del fiscal Mahiques.

Los viajeros bautizaron al segundo grupo de chat (al que mutaron por razones de seguridad) como “Grupo Donato contraataca”. Apenas inaugurado, el juez Julián Ercolini comentó: “El apellido Donato me lleva a pensar en mollejas”. Ese, “molleja” o “molle” es el apodo de Pablo Casey, quien le respondió con un “Jajajaa”.

Cuando hablaban de “limpiar un mapuche”, el juez Mahiques se refirió a Donato como la “machi”, una suerte de deidad de ese pueblo originario. Casey le respondió: “Ella nos protege”.

Casey es el directivo de Clarín que, en setiembre, antes del viaje, firmó representando a Telecom con el fiscal general Mahiques un “Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica” cuyo fin, según una gacetilla, es “agilizar la gestión de pedidos de información generados por los Ministerios Públicos en el marco de requerimientos penales”.

La foto de la firma forma parte del chat. El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola comentó: “Me imagino que uno de los puntos centrales del acuerdo se titula ‘de los viajes y otras actividades a realizar’. Si ya tenemos un instrumento jurídico damos la vuelta al mundo”. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials opinó sobre la foto: “Ni Mario Puzzo y Francis Ford Coppola se hubieran animado a tanto”. Puzzo es el autor del libro El Padrino y Coppola el director de la película homónima.

El acuerdo “no implica bajo ninguna circunstancia el pago de contraprestación económica alguna entre las partes” pero una cláusula posterior admite que “podrán revisar los términos del presente y realizar las modificaciones que crean pertinentes”. El Convenio parece el paraguas legal de una nueva herramienta de espionaje, como el sistema de reconocimiento facial de prófugos que terminó captando los datos biométricos de casi diez millones de personas.

CABA designó autoridad en el Acuerdo al fiscal general adjunto Javier Martín López Zavaleta, un hombre puesto allí por su jefe Mahiques. Zavaleta juró como adjunto el mismo día que Pablo Esteban Garcilazo, el jefe de la asesora Donato.

El 23 de noviembre pasado declaró como testigo ante la fiscal de Bariloche, María Cándida Echepare, el administrador de la sociedad Hidden Lake (Lago Escondido) Nicolás Van Ditmar.

Según el chat, estaba todo arreglado para que le preguntaran dos tonterías como antesala del cierre de una denuncia por el viaje que había realizado el abogado Marcelo Hertzriken Velasco sobre la base de la información publicada en el diario Página 12.

“Grupo huemul acaba de declarar el huemul en jefe. Todo salió muy bien. Le preguntaron lo esperado y nada más”, informó Casey. En ese contexto, apareció otra ironía sobre Donato: “Sólo una pregunta muy extraña que lo descolocó. (La fiscal) preguntó si había estado la doctora Donato. Y él le contestó que no. Que habría que preguntarle a JM” (Juan Mahiques). El CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, se lo festejó: “Ja ja ja. Muy bien!!”.

No importa la historia detrás de la historia. En todo caso, si la hay, pertenece a la esfera de la privacidad de los protagonistas. Lo que repugna es el machismo anacrónico, tan del pasado y tan alejado de la Ley Micaela. (...)".

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