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Guiño a empresarios

Filosa propuesta de la oposición para frenar a los gremios

Como un guiño a los empresarios y buscando que se aplique "mano dura" a los gremios, en las últimas horas la oposición presentó varios proyectos en el Congreso.

Con el argumento que sostiene parte de la dirigencia política argentina y el sector empresario -e incluso parte la sociedad- respecto a la impunidad, anarquía y hasta actitudes extorsivas que aplican algunos gremios del país, la oposición instaló un nuevo tema en su agenda y en los últimos días ya ingresaron varias propuestas al Congreso Nacional con ese foco.

Para la oposición los gremialistas deben tener algún tipo de castigo respecto a medidas de fuerza que aplican por sobre las empresas y fábricas donde trabajan. Además, también consideran que las organizaciones sindicales deben ser más transparentes respecto al manejo de sus recursos.

En ese contexto, en los últimos días ingresaron algunas propuestas al Congreso Nacional firmadas por diputados de la oposición, que como parte de agenda con miras al 2023 retomaron un tema que aprueba el sector empresario: mano dura y castigo a los gremios.

Sucede que los gremios y sindicalistas ejercen -cada vez más- medidas de fuerza que rozan en lo violento e ilegal, situación que al Estado parece que se le salió de las manos a tal punto que un sindicato tomó en los últimos días el Ministerio del Trabajo por la fuerza. Se trata del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), quienes tomaron el cuarto piso del edificio gubernamental en su sede de avenida Callao, allí se atrincheraron -de manera ilegal- 9 dirigentes de dicho gremio con el fin de conseguir una mejora salarial.

Dicha situación generó que el propio Claudio Moroni, ministro de Trabajo, haya denunciado penalmente al secretario general del Sindicato Único del Neumático (SUTNA) Alejandro Crespo, luego de que sus hombres tomaran el edificio.

El conflicto con el Sindicato de Neumáticos no fue el único que en los últimos días se salió de control; también está el reciente caso de la empresa Lácteos Vidal y el conflicto con el gremio ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina). Los gremialistas tomaron la fábrica y los empresarios denuncian que "los quieren fundir". El problema es tal que hasta el intendente la localidad de Moctezuma, ubicada en el partido bonaerense de Carlos Casares, -lugar donde queda la fábrica-, se ofreció a ser el mediador entre ambos sectores debido a que la empresa es parte fundamental de la vida productiva de esa zona. Hasta ahora la "guerra" continúa y por ahora ya hay 29 personas despedidas por el hecho.

Estos dos hechos recientes son solo una muestra del nivel de violencia, anarquía y extorsión con los que algunos sectores sindicales "aprietan" no solo al sector empresario, sino también al propio Gobierno.

Ante esta situación, la oposición tiene esperanza de que sus proyectos de ley avancen en el Congreso, entendiendo que también hay un sector dentro del oficialismo que asegura estar cansado de "los aprietes" del sector sindical y gremial.

Qué propone la oposición:

1. Cárcel a gremialistas que bloqueen empresas

Uno de los proyectos que presentó la oposición en el Congreso Nacional ingresó el último viernes a la Cámara de Diputados. Fue de la mano de la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, quien con la firma de 14 legisladores más de Juntos por el Cambio propusieron castigar con cárcel a los gremialistas que tomen o bloqueen empresas. Para JxC, esta acción debe ser considerada como un delito penal.

El proyecto presentado propone que se sancione "con reclusión o prisión de tres a ocho años a aquellas personas quienes, bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial".

Además, la iniciativa estipula que tomen empresas o dificulten el funcionamiento de la misma " quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena".

El proyecto de ley presentado por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, lleva las firmas de otros 14 diputados nacionales más, entre ellos Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Alfredo Schiavoni, Alejandro Finocchiaro, Claudio Poggi y Héctor Stefani.

"Los bloqueos que efectúan algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las personas y los vehículos de dichos establecimientos, sino que además provocan un daño a la propiedad privada", argumentó la oposición en su proyecto de ley.

A su vez, consideraron que a través de la intimidación, impiden la libre disponibilidad de los bienes del comercio en cuestión, "generando importantes pérdidas económicas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y, en ciertos casos, hasta llegando a provocar su cierre definitivo".

"La extorsión, argumentando motivos sindicales, se encuentra en franco aumento frente a la preocupante pasividad del Estado Nacional", expresaron con preocupación los diputados de JxC, quienes en su proyecto describieron algunos ejemplos como el caso de la empresa bonaerense Lácteos Vidal y la mendocina Mail Express.

"Por este motivo, a diferencia de otras iniciativas presentadas en el mismo sentido, en la presente se solicita la incorporación del artículo 168 bis del Código Penal (Ley 11.179) por menoscabo a la propiedad privada", cita el texto presentado en el Congreso.

Por último, la oposición fundamentó su propuesta y sostuvo que "el ejercicio abusivo de los derechos parece ser la clave de la época que nos toca vivir".

"La mezquindad que provoca la falsa representación de intereses gremiales, pone en riesgo la capacidad económica de las empresas sometidas a extorsión y, por carácter transitivo, el ejercicio del derecho al trabajo, hasta provocar incluso la pérdida de los mismos", sentenciaron.

2. Transparentar organizaciones sindicales

Otro proyecto que también ingresó la última semana en el Parlamento fue uno presentado por la diputada nacional Graciela Ocaña, quien propone modificar la Ley 25.188 para transparentar organizaciones sindicales, obras sociales y empresas que contraten con el Estado.

Si bien la propuesta no solo abarca a las organizaciones sindicales, Juntos por el Cambio viene poniendo desde hace rato el foco en ese sector, razón por la cual Ocaña pidió transparentar los movimientos de las organizaciones sindicales para evitar "más hechos de corrupción".

“La transparencia es mejor gestión, es fundamental para evitar actos de corrupción. La ciudadanía tiene el derecho de informarse sobre los bienes que disponen los miembros a cargo de estos organismos”, argumentó la legisladora nacional de la oposición al anunciar su proyecto a través de su cuenta de Twitter.

En esa línea, Ocaña agregó: “Estos actores cuentan con la particularidad de administrar, gestionar, intermediar o decidir sobre fondos de terceros, cuyos aportes y contribuciones surgen de obligaciones legales y convencionales”.

“Necesitamos gestiones y contrataciones más transparentes. La transparencia es mejor gestión”, sentenció.

3. Limitar la reelección a sindicalistas

Por último, el mes pasado (agosto) la diputada nacional María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley en que propone limitar las reelecciones indefinidas de la "burocracia sindical" y obliga la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales anuales de todos los integrantes de la comisión directiva.

Cuando presentó su proyecto, Vidal dijo que el fin de la iniciativa es delimitar el terreno a los sindicalistas y hacer los procesos de los gremios más transparentes. “Sabemos que no todos los sindicatos son iguales, pero el mal accionar de unos pocos nos obliga a dejar fijadas estas acciones por ley”, dijo la exgobernadora de la PBA para defender su propuesta.

En ese sentido, el texto señala que "Si han sido reelectos no pueden ser elegidos para el cargo, sino con el intervalo de un período. El mandato será considerado como tal, al transcurrir un año de ejercicio". Otro punto a destacar es que pide que los sindicalistas elegidos estén obligados a presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de su cargo.

A su vez, el proyecto de ley contempla modificar el artículo 17 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, en el que indica que la dirección y la administración “serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto”.

Dicho iniciativa también lleva las firmas de otros diputados de la oposición, como Cristián Ritondo, Rodrigo de Loredo, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy, Marcelo Orrego, Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro.

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