En medio de la vorágine por el asesinato de Agostina Vega, explotó otra bomba. Quieren premiar con un ascenso al fiscal que liberó a Barrelier hace un año.
En medio de la vorágine por el asesinato de Agostina Vega, explotó otra bomba. Quieren premiar con un ascenso al fiscal que liberó a Barrelier hace un año. Foto: Urgente24
El femicidio de Agostina Vega sigue destapando nuevas capas de una historia que incomoda al poder cordobés. Mientras la investigación avanza sobre Claudio Barrelier, crece otra polémica: Iván Rodríguez, el fiscal que lo liberó hace un año, ahora espera un ascenso impulsado por Martín Llaryora. A esta altura, ya la pregunta no es qué pasó sino quién se hace cargo.
El antecedente que hoy vuelve como un fantasma empezó el 6 de mayo de 2025. Ese día Claudio Gabriel Barrelier (hoy sospechado por el asesinato de Agostina Vega) fue detenido acusado de privación ilegítima de la libertad calificada, una imputación agravada por violencia de género y uso de arma.
Según la investigación, una mujer logró escapar semidesnuda y maniatada con precintos de una vivienda ubicada en Campillo 878, en barrio Cofico. La misma casa donde un año después se registraría la última imagen conocida de Agostina Vega entrando junto al hombre que hoy está acusado de matarla.
Barrelier (quien según algunas fuentes fue empleado municipal) permaneció aproximadamente 20 días detenido en la Unidad de Contención del Aprehendido, pero el 26 de mayo recuperó la libertad por decisión del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 6°.
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron posteriormente que Barrelier no registraba antecedentes penales computables y la calificación legal vigente no justificaba una prisión preventiva.
La causa quedó abierta durante un año sin una resolución de fondo. No llegó a juicio, no terminó en condena y no avanzó con la velocidad que hoy muchos consideran necesaria viendo lo que pasó después.
La abogada Fernanda Alaniz, representante de la familia de Agostina, reveló además que aparecieron otros testimonios vinculados al acusado. "Nos hablaron chicas que fueron abusadas por Barrelier, nos pidieron que no lo liberemos".
Ante ese dato, cabe preguntarse: si existían señales previas de violencia extrema, ¿el sistema las dejó pasar? Ahora, el expediente iniciado en 2025 terminó engrosándose con la investigación del femicidio de Agostina.
A fines de 2025, el gobierno de Martín Llaryora impulsó la creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba, un organismo pensado para supervisar las condiciones de detención, monitorear la aplicación de derechos humanos en cárceles y controlar aspectos sensibles del sistema penitenciario provincial.
Y acá viene la parte más indignante: entre los nombres elegidos para ocupar cargos jerárquicos apareció justamente el de Iván Rodríguez, el mismo hombre que firmó la liberación de Barrelier.
La Legislatura aprobó los pliegos. La designación recibió acuerdo político. El cargo quedó prácticamente asegurado.
Sólo falta la jura.
Osea, el fiscal cuestionado por haber dejado libre a quien hoy está acusado de un femicidio aberrante está a punto de convertirse en una de las autoridades encargadas de supervisar el funcionamiento del sistema penitenciario.
Para la oposición, el problema es tanto jurídico como político.
Rodrigo de Loredo (UCR Córdoba) fue uno de los primeros en anunciar una ofensiva institucional. "Vamos a impulsar el jury al fiscal Iván Rodríguez (que dejó en libertad a Barrelier) y al fiscal Garzón para que se investigue su proceder instructivo."
Luis Juez (PRO Córdoba) también apuntó directamente contra la decisión del oficialismo. "El fiscal Rodríguez fue promovido antes de fin de año para que vaya a la procuración penitenciaria... este Gobierno ha pasado todas las barreras".
A esos cuestionamientos se sumaron dirigentes del PRO, sectores de la izquierda, legisladores provinciales y la Asamblea Ni Una Menos, todos reclamando explicaciones.
En términos políticos, el jury no va a ser una pelea fácil para la oposición, teniendo en cuenta que no está formalmente resuelto y que depende de la Legislatura (donde el oficialismo tiene mayoría).
Mientras tanto, desde sectores oficiales sostienen que la liberación de Barrelier fue jurídicamente correcta. "Si hubiera justicia no debería pasar nada, la libertad de Barellier era lo que correspondía a alguien sin antecedentes y con esa calificación legal", comentó un funcionario a Perfil.
Si algo demostró el caso Agostina es que la sociedad ya no está discutiendo únicamente si una decisión fue legal. Está discutiendo si fue suficiente. Y en esa diferencia, chica en los papeles, hoy se juega buena parte de la credibilidad de la Justicia cordobesa y también del propio gobierno de Martín Llaryora.
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