Esperando a los gobernadores, Milei les habilita dinero del fondo educativo

Gesto de Milei a los gobernadores

Sin anuncio previo, este jueves Javier Milei decidió por un decreto publicado en el Boletín Oficial prorrogar un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo y así se reanuda el envío automático de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para gastos exclusivamente vinculados a la educación. La poda de esos recursos había sido uno de los detonantes del quiebre en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores, como parte del castigo del Presidente por el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso.

Fue a mediados de febrero cuando el Gobierno confirmó que quedó sin efecto el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una masa de recursos con el que las provincias completan el salario de su sector educativo. La medida fue parte de lo quelos gobernadores interpretan es una "venganza política" por el fracaso en el tratamietno de la Ley Bases. Antes, se había anunciado la eliminación de subsidios al transporte en el interior del país.

Tras esa decisión, algunos gobernadores tuvieron que cubrir con fondos propios la pérdida de esos ingresos desde Nación, al igual que ocurrió con el transporte, que los obligó a subas en los pasajes.

Además, la medida provocó varias protestas de gremios docentes con paros en el inicio del ciclo lectivo.

Ahora, en el DNU 231, se da marcha atrás con el corte de los envíos automáticos de dinero para el fondo educativo y se los asegura para “cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

Argumentos

En el decreto, se recuerda también que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo estableció por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”.

Y defiende esa decisión por la situación económica y social que atraviesa el país: "La situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada (...). Por ello, resulta necesario dar continuidad a lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075".

Según la ley 26.075, el Poder Ejecutivo Nacional debe repartir unacantidad equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto (PBI).

Sin mayores explicaciones sobre el cambio de opinión en el tema, el artículo 1 del DNU dispone: "Establécese la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación".

Luego, la norma dispone comunicar al Congreso de la Nación para su tratamiento del DNU en la comisión bicameral de trámite legislativa, la misma que aún no se expedió sobre el Mega DNU 70/2023.

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