El Gobierno Nacional llegó a un acuerdo este viernes (29/11) con el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para concretar el plan de modernización del organismo. El entendimiento entre las partes es parcial, por lo que el Ejecutivo no podrá cumplir todos sus deseos que incluían el despido de 227 empleados.
MODERNIZACIÓN A MEDIAS
El Gobierno venderá inmuebles del INTA, pero no habrá despidos
El Gobierno Nacional acordó este viernes con el Consejo Directivo del INTA la venta de terrenos y el retiro voluntario de casi 300 empleados.
El Consejo está conformado por el Presidente y Vicepresidente del INTA, más un representante de la Secretaría de Agricultura, de las facultades de Agronomía, de las facultades de Ciencias Veterinarias (Universidades Nacionales), de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y de las entidades que conforman la mesa de enlace (Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina).
Los consejeros del INTA se volvieron a reunir este viernes en la sede que el organismo tiene en la calle Chile 460, en la ciudad de Buenos Aires, luego de que la sesión del jueves se levantó porque se pactaron varios puntos que iban en contra de los intereses del Ejecutivo.
En la reunión, las partes acordaron la venta del edificio que el INTA tiene en calle en Cerviño 3101/67, un terreno de 900 metros cuadrados que se rematará con un precio base de US$ 6.300 millones. En el inmueble funcionaban la Fundación ArgenINTA, INTeA y las Direcciones de Vinculación Tecnológica y de Relaciones Internacionales.
Además, las 40 hectáreas de Inta Cerrillos, ubicadas en Salta y que el Gobierno quería vender, serán cedidas a la provincia para un plan de vivienda. Dentro de este acuerdo, las partes establecieron que se le den al INTA, como parte de pago, viviendas o el valor de las mismas.
Por otro lado, las partes acordaron el retiro voluntario de 298 empleados y se formó un grupo que analizará la dotación del personal a 75 días. Sin embargo, los concejeros del INTA evitaron el despido de los 227 empleados que ingresaron en 2023 y no pertenecen a la planta permanente.
Previamente, Manuel Adorni había argumentado los despidos en que "el 50% de sus 6.852 empleados actuales ingresó durante los gobiernos de Cristina Fernández, entre 2007 y 2015. De los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos". Según Clarín, en el encuentro algunos consejeros pidieron "más gente y no menos".
Otro de los puntos que se discutió en la reunión fueron las intervenciones en las direcciones nacionales, donde el Ejecutivo pretendía nombrar a ocho personas cercanas. El consejo rechazó el pedido, pero se aprobó la creación cuatro lugares como asesoría del Consejo Nacional del INTA.
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