Contra Bullrich: Denuncias ante la Justicia, ONU, CIDH y OIT

En las últimas horas se presentó un recurso de amparo en la Justicia para que se dicte como medida cautelar la inmediata suspensión de dicho protocolo. En tanto, la CGT y las dos CTA solicitaron la "intervención urgente" del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, al considerar que "restringe y vulnera los derechos constitucionales", alienta a la "persecución sindical" y busca "criminalizar la protesta social".

Además, más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de Derechos Humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo Bullrich.

Amparo contra el protocolo de Bullrich

El primer recurso de amparo contra el nuevo protocolo anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue realizado por el abogado Daniel Valmaggia, que pidió que se dicte como medida cautelar la inmediata suspensión del mismo, atento a las movilizaciones que se esperan para el próximo 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en todo el país.

El letrado señaló que "la finalidad es criminalizar las protestas y acallar las voces de quienes piensan diferente" y aseguró que tiene coincidencias con medidas llevadas adelante durante la dictadura con el fin de ejercer un control operacional y la represión.

En el documento al que tuvo acceso El Destape, el abogado consideró que la medida "restringe, vulnera y en los hechos impide el legítimo Derecho y la Garantía Constitucional de reunión a fin de manifestarse publicamente en forma pacífica; la de transitar y permanecer libremente por todo el territorio Nacional y de expresar las ideas sociales, económicas y políticas sin ningún tipo de censura ni amenaza de represión y/o encarcelamiento".

Asimismo, explicó que la iniciativa anunciada por Patricia Bullrich "violenta garantías consagradas en la Constitución Nacional y Pactos Internacionales sobre derechos humanos" y " se mete en el federalismo, porque dice que pueden meterse en otras jurisdicciones".

Asimismo, apuntó que "la resolución Bullrich" no tiene sustento alguno en el art. 194, ya que "la libertad y la igualdad son los pilares fundamentales de una democracia, contenidas en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional" y destacó que "no existe dolo alguno" para considerar que los manifestantes están cometiendo un delito al cortar las calles.

"Los ciudadanos que se ven obligados a manifestarse en reclamo de su imposibilidad de alimentarse, de tener acceso a jubilaciones y/o sueldos dignos, y/o a una vivienda propia y/o digna; que no pueden pagar el alquiler, siendo expulsados por la aplicación de políticas de este gobierno que los arrojan diariamente y los mantienen bajo la línea de pobreza e indigencia", indicó el letrado.

En este sentido, marcó que desde la cartera de Seguridad buscan "pulverizar" los principios fundamentales de los Derechos Humanos, "dejando de lado los principios de libertad, igualdad; a la no discriminación, de peticionara las autoridades, de la dignidad humana, colocando al ciudadano que ve demorado su viaje, por sobre aquellos que directamente reclaman por no poder acceder a los derechos básicos y personalísimos de alimentarse, vestirse, acceso a la vivienda, trabajo, salarios dignos".

Valmaggia lo comparó con las medidas llevadas a cabo durante al dictadura militar iniciada en 1976: "Dicho control operacional y la represión de toda protesta callejera y toda reunión pacífica de ciudadanos por cualquier medio, promoviendo incluso el seguimiento, espionaje y encarcelamiento de ciudadanos que se manifiesten y de opositores y dirigentes políticos, es similar al que se hacía en la dictadura militar".

En el documento, el letrado destacó que si bien no se discute la legitimidad del presidente Javier Milei en "tomar medidas económicas por tener supuestamente el respaldo de la mayoría que obtuvo en el balotage que lo llevó a la presidencia", el otro 46% que no lo votó "tienen derecho a manifestar su disconformidad ya sea de manera privada individual y/o colectiva".

"Es el propio Estado el que tiene la obligación de atender a los más carenciados, de integrarlos socialmente, de que puedan vivir dignamente y que estén en un pie de igualdad con toda la sociedad y no criminizarlos como hace la resolución 'Bullrich'", advirtió Valmaggia.

CGT y las dos CTA piden intervención de OIT

La CGT y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma (CTA-A) y de los Trabajadores (CTA-T), solicitaron la "intervención urgente" del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, ante la inminente aplicación del protocolo de orden público, al considerar que "restringe y vulnera los derechos constitucionales", alienta a la " persecución sindical" y busca "criminalizar la protesta social".

La presentación de las tres centrales sindicales se realiza este martes (19/12) ante la protesta convocada para este miércoles por la Unidad Piquetera, que marchará del Congreso a la Plaza de Mayo, y que se convertirá en la primera aplicación práctica del protocolo de orden público, anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el texto, las centrales sindicales advirtieron que el protocolo "restringe y vulnera los derechos constitucionales" y además "alienta a la persecución sindical y buscan criminalizar la protesta social".

Asimismo pidieron que la denuncia se remita "por violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación" a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su "urgente tratamiento".

"Es incompatible con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT, se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desconocer derechos constitucionales reconocidos, a su vez, por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratifico", apuntaron las centrales sindicales.

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En un comunicado, explicaron además que el protocolo "contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación".

"El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT, Gilbert Houngbo, sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad", concluye el documento firmado por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras, Gerardo Martínez, Adolfo Aguirre y Roberto Baradel.

1700 organizaciones denuncian ante la ONU y la CIDH

Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo Bullrich, que busca limitar las movilizaciones en la vía pública.

Desde las organizaciones firmantes solicitaron a los mecanismos internacionales que "exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas".

Las presentaciones cuentan con el respaldo de 1.700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos. Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.

Según se precisó, se enviaron "dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo" presentado días atrás por la ministra Bullrich y oficializado luego con la publicación de la Resolución 943/2023 de la cartera de Seguridad en el Boletín Oficial.

En los escritos, se advierte que "la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos".

"El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas", añadieron las organizaciones firmantes en la denuncia.

Asimismo, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que "manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta".

El escrito presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) fue dirigido en particular al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.

"Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan", finalizaron en la denuncia.

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