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SESIÓN EN EL SENADO

Con la obra social, CFK insiste en su ataque a la CSJN

El oficialismo en el Senado de la Nación deberá votar sobre la nueva idea de CFK contra la CSJN: debatir la contabilidad de la obra social del Poder Judicial.

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) tiene declarada la guerra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ( CSJN), y luego del fracaso del Frente de Todos en el Senado por la truncada sesión para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros el mes pasado, intenta promover una investigación para lo cual un diligante colaborador hizo un pedido a la Justicia.

Recordemos que en el Senado, CFK intenta imponer su agenda: impulsada por el sector ultra K, busca avanzar contra la CSJN.Incluso, la primera semana de julio el kirchnerismo pretendió aprobar un proyecto que ampliaría, de concretarse, la Corte a 25 miembros, pero por "problemas de logística y de salud de algunos senadores" fue suspendida hasta nuevo aviso.

Todos saben que aún cuando fuese resuelta en el Senado, no pasaría por Diputados, y menos desde que Sergio Massa ya no se encuentra en la Cámara Baja. Pero CFK tiene otra lógica, que mantiene aunque en los temas tribunalicios hace tiempo no acierta.

Con aquella sesión en stand by, el oficialismo,vía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, aplica su lupa sobre la obra social de la Justicia.

En los hechos, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el ultra K Oscar Parrilli, pasó a la firma un proyecto de comunicación en el que solicitan información detallada sobre la obra social del Poder Judicial.

El pedido es al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a quien le piden que de explicaciones sobre la causa que se tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Dicho pedido es una muestra más que da el kirchnerismo para dejar claro que seguirá la agenda judicial para la segunda mitad del año legislativo y el ojo estará puesto en la Corte Suprema de Justicia.

En dicha Comisión, de la que no participaron los legisladores de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo avanzó con el tratamiento de la iniciativa que presentaron los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag, y pide, entre otras cosas, que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, remita "copia íntegra de un informe de auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la obra social".

Entre la información requerida se incluye el resultado de una auditoría sobre la obra social ordenada por la Corte en octubre mediante la Acordada 22/2021. Con el objetivo de esclarecer si hubo actos de corrupción cuando la obra social estuvo a cargo de Aldo Tonón, amigo personal del juez Juan Carlos Maqueda.

El plazo para ese reporte era de 120 días, en los que se debía analizar el período del 7 de abril de 2008 hasta el 28 de septiembre de 2021. Aunque ese plazo ya se cumplió, se desconocen hasta el momento los resultados de la auditoría.

En detalle, el oficialismo pide, entre otras cuestiones:

-Un informe de auditorías;

-El listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social y los contratos realizados con las mismas;

-Los períodos de los titulares de la obra social, y el motivo de renuncia de su última titular, Melisa Solana;

-Y si se tomaron medidas o se inició un sumario administrativo “ante el hecho de que la justicia se encuentra investigando” y “que involucraría al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda”, de quien depende funcional y administrativamente la obra social.

“Es el único poder que una vez elegido queda, es vitalicio, no tiene controles, y nosotros tenemos que llegar a esto para poder conocer alguna novedad sobre los delitos que están cometiendo los miembros de la Corte Suprema”, reflexionó el kirchnerismo en dicha reunión de comisión.

Por otro lado, y respecto a las empresas prestadoras de servicio, el oficialismo le pide a Rosatti que informe al Senado "la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios, especialmente dos: Emergencia Médica Integral S.A. y Farmandat S.A.", ya que estas empresas, recordaron, son "prestatarias desde hace varios años de la Obra Social y de confirmarse lo que surge de la investigación en curso podrían haber generado un grave perjuicio económico".

Causa en la Justicia

Cabe recordar que hay una causa en la Justicia que pone la lupa en la obra social del Poder Judicial. Fue el sindicato de judiciales SITRAJU, quien se presentó como querellante en la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y denunció que Emergencia Médica Integral carece de capacidad para atender las necesidades de la obra social, en tanto que sobre Farmandat S.A. existen dudas sobre sus reales responsables y su composición societaria.

Ante la Justicia, los dirigentes sindicales aseguran que sufren la interrupción de tratamientos oncológicos, cancelación de operaciones, convenios caídos con sanatorios de todas las provincias, entre otros inconvenientes.

Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli pidió el archivo de la causa por inexistencia de delito.

En ese sentido, el senador ultra kirchnerista Oscar Parrilli dijo en la reunión de Comisión celebrada días atrás, que “no estamos acusando a nadie de nada, sino que simplemente estamos haciendo un pedido de informes”, dijo sobre el pedido, y aseguró que “nos parece gravísimo que (miembros de la Corte) estén siendo investigados por la comisión de delitos penales, comunes”.

Para Parrilli, en el Poder Judicial “no cumplen las leyes, avasallan los poderes, dictan leyes arrogándose facultades que no tienen, y además impiden que se cumplan las acordadas que ellos mismos determinan para que los funcionarios de la justicia sean nombrados como corresponde”. Pero si además se encuentran sospechados, “ lo menos que podemos hacer nosotros es preguntar ”, sentenció el legislador cercano a CFK.

La postura de la oposición

En la última reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, la coalición opositora JxC estuvo prácticamente ausente.

A dicha reunión (celebrada el 03/08) solo asistió un pequeño puñado de senadores de Juntos por el Cambio, quienes asistieron a la primera parte de la reunión, pero se retiraron cuando arrancó el debate sobre las supuestas irregularidades de la obra social del Poder Judicial.

Juicio Político

Por otro lado, pero en la Cámara de Diputados, la legisladora Soledad Carrizo (UCR) presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, "por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".

Sucede que el funcionario de Gobierno se expresó en una entrevista radial de manera polémica, cuando dijo:

“Hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”.

En ese sentido, la diputada de JxC señaló que “sin perjuicio de la claridad de estas expresiones se vuelve necesario interpretarlas en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen al ministro. Soria dejó en evidencia su deseo de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en una pretensión ideológica personalista ”.

Y criticó su forma de “atacar” e intentar “derribar a las autoridades constitucionales de un poder del Estado sin más justificativo que una vocación sediciosa, antidemocrática, antirrepublicana y groseramente desequilibrante del estado constitucional de derecho”.

“Estas expresiones no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el Estado de derecho, sino que se vuelven aún más graves en relación a su responsabilidad como autoridad nacional, y el evidente mal desempeño que trae aparejado, con más la posible configuración de una conducta delictual tipificada en nuestro Código Penal como delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de la Nación”, añadió Soledad Carrizo.

Al tiempo que consideró: “La hostilidad y apatía que reiteradamente ha mostrado contra el orden y las autoridades constituidas no solo deshonran a la investidura que reviste como autoridad nacional, sino que colaboran con un contexto de permanente deseo de monopolizar el poder público persiguiendo intereses personales autocráticos”.

En su pedido, la legisladora no está sola, y la iniciativa también fue firmada por una veintena de diputados nacionales, entre ellos: Gerardo Milman, Lisandro Nieri, Carlos Zapata, Lidia Ascárate, Margarita Stolbizer, Karina Banfi, entre otros.

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