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ATENTADO

CFK pidió que declare la hermana de Caputo (y revés de Capuchetti)

CFK insiste con la vinculación política del atentado y pidió la indagatoria de Rosana Caputo por pagos a la carpintería del líder de Revolución Federal. En tanto, Cristina sufrió un revés de la jueza Capuchetti: envió a juicio oral a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) pidió la indagatoria de Rosana Caputo, la hermana del ex presidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, por los pagos a la carpintería del líder de la agrupación Revolución Federal.

Los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazábal, señalaron que los pagos de la empresa Caputo Hermanos a Jonathan Morel por la supuesta fabricación de muebles para un edificio en Vaca Muerta, coinciden con actividades violentas de Revolución Federal.

Por eso, consideraron que “los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política ”.

Rosana Caputo es el vínculo entre Caputo Hermanos y Morel, ya que declaró haber conocido casualmente su carpintería y resolvió encargarle, primero, muebles para un country y, después, la provisión para el edificio Espacio Añelo, en Vaca Muerta.

“Es necesario convocar a Rosana Caputo a prestar declaración indagatoria”, reclama el pedido cursado al juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la investigación sobre Revolución Federal, que es independiente de la causa por el intento de asesinato.

Los abogados de la vicepresidenta especularon que hay tres posibilidades respecto de la contratación de Morel. Una es que no haya hecho los muebles, o parte de los muebles, y que todas las transferencias hayan tenido por objeto, simplemente, financiar a Revolución Federal”.

“Otra es que el Grupo Caputo le haya sobrepagado los trabajos, para darle dinero y así financiar a Revolución Federal. Otra es que los trabajos se hayan hecho, y que contratar a Morel haya sido una forma de ayudarlo a tener un sustento, mientras organizaba Revolución Federal”, añadieron.

En ese sentido, señalaron que “la contratación de Jonathan Morel, para la realización de la mobiliario de Neuquén, se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia, contra miembros del Frente de Todos”.

El escrito subraya que “el 25 de mayo la agrupación tuvo su primera aparición pública” y, coincidentemente, un día antes “se facturaron al fideicomiso Espacio Añelo, del Grupo Caputo, más de 2,4 millones de pesos”.

El documento destaca también que la carpintería de Morel cesó los contactos con la de Francisco Javier Aris –a quien subcontrataba para los muebles de Vaca Muerta- el 30 de agosto de 2022, pese a que tenía trabajos pendientes de entrega. El atentado contra la vicepresidenta se produjo al día siguiente, el 1° de septiembre.

La cadena de pagos –añadió el escrito- “empezó cuando surgió Revolución Federal, y se esfumó cuando se desarmó la organización, tras el atentado fallido a la vicepresidenta”.

Revés a CFK: Juicio oral para Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo

En tanto, la jueza María Eugenia Capuchetti le asestó un revés a la vicepresidenta: dio por cerrada la investigación y ordenó enviar a juicio oral a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, procesados por coautores de "homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa".

La magistrada rechazó los argumentos de la querella de Cristina Kirchner que se oponían a que el caso llegara a debate oral sin profundizar otras líneas de investigación que, no obstante, seguirán abiertas.

“La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar. La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones (en el caso de Sabag Montiel y Uliarte, con expresa mención al cumplimiento del plazo del art. 207 CPPN), se impone un rápido avance a la siguiente etapa”, sostuvo la jueza en el escrito al que accedió Infobae.

“Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados. Ello, leído de forma armónica con lo puesto de resalto en los apartados que anteceden, imponen el pronto avance de las actuaciones. El propio Superior, ha marcado la línea en tal sentido”, se añadió.

La jueza Capuchetti subrayó que los cuestionamientos a la investigación por parte de la querella “no resultan novedosas”. Y añadió que “aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.

La resolución de Capuchetti hizo hincapié en el pedido de elevación a juicio que formuló el fiscal Carlos Rívolo: “si bien el MPF no se ha expedido sobre las medidas que a criterio de la querella se encuentran pendientes, sí ha dejado en clara su postura en torno a las hipótesis alternativas de investigación, que no han sido acreditadas en autos por el momento, aún a pesar del acaudalado material de prueba que se ha reunido”.

Es que, en su dictamen, el Ministerio Público advirtió que “la actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”.

El 29 de mayo pasado, el fiscal Rívolo sostuvo que “la prueba reunida durante la instrucción ha permitido comprobar que la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación”.

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FUENTE: Urgente24