CÓRDOBA. El caso de los bebés muertos en Córdoba puso en el ojo de la tormenta al ex ministro de Salud, Diego Cardozo, a quien le cayó este lunes una imputación por presunta omisión de deberes de funcionario público. El señalamiento de la Justicia llega tras la salida del funcionario que, bajo su mandato, tuvo presuntas implicancias en la muerte de al menos cinco bebés que habrían sido asesinados en el Hospital Neonatal de Córdoba.
ESCÁNDALO
Bebés muertos en Córdoba: Imputaron al ex ministro de Salud
Por el caso de los bebés muertos, la Justicia imputó al médico Diego Cardozo. Panorama complicado para el ex funcionario.
El caso, que se conoció el pasado 11 de agosto, comenzó a tener chispazos políticos hasta que se dio la renuncia de Diego Cardozo. El ex ministro, que había sido muy considerado por el manejo de la pandemia de coronavirus en Córdoba, habría dispuesto la demora en la denuncia de lo sucedido en el Neonatal.
Ello en pos de presentar el caso al público con una investigación interna ya cerrada. De hecho, el ex ministro habría estado notificado de las muertes de los bebés desde principios de abril, cuando comenzaron los decesos sucesivos.
No fue hasta junio que el Ministerio de Salud informó la situación a la Justicia. Desde entonces, el caso de los bebés muertos fue salpicando a distintas esferas de poder.
Por el momento, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Brenda Agüero, quien fue señalada como posible autora material de las muertes. Las mismas habrían sido mediante inyecciones de potasio en sangre de los recién nacidos sanos.
Además de Cardozo y Agüero, hay otros imputados por la causa de los bebés muertos. Al igual que el ex ministro, Garzón imputó al ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Neonata Alejandro Escudero Salama, y por responsabilidades funcionales y falsedad ideológica a la exdirectora del Neonatal Liliana Asís, la exjefa de Neonatología Marta Gómez Flores y la médica Adriana Morales.
Cabe destacar que la imputación a Diego Cardozo no implicaría un periodo de prisión ya que constituye un delito excarcelable. En una eventual condena, el ex funcionario podría quedar inhabilitado para ejercer nuevos cargos.
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