Atentado a CFK: La CC pide juicio político al juez Gallardo

El juez Roberto Gallardo es quién ordenó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires abstenerse de intervenir en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner antes de que se produzca el atentado en su contra.

Tras el ataque a la vicepresidenta CFK, legisladores porteños de la Coalición Cívica (CC) presentaron este martes (6/9) en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad un pedido de juicio político contra el polémico juez Roberto Gallardo por "mal desempeño" y "desconocimiento inexcusable del derecho".

Vale aclarar que es el juez que ordenó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires abstenerse de intervenir en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner antes de que se produzca el atentado en su contra y quien, de esa manera, había defendido que la policía Federal debía intervenir como custodia de CFK.

El magistrado había ordenado que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras la colocación de las vallas en las inmediaciones de la casa de CFK "cese de forma inmediata cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la señora vicepresidenta de la Nación", a raíz de un amparo presentado por la legisladora Ofelia Fernández.

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Militantes K manifiestan "pacíficamente" su apoyo a CFK, tras el pedido de condena de 12 años en su contra.

En este sentido, el presunto intento de asesinato durante la noche del jueves no soló dejo perplejos a los argentinos, sino que expuso una floja e ineficaz seguridad en la custodia de la vicepresidenta. El hecho de que el atacante irrumpiera entre la militancia y gatillara con una pistola a tan solo pocos centímetros de la cabeza de CFK puso en jaque a la seguridad de los funcionarios decisivos del gobierno. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández quedó en el ojo de la tormenta ya que la seguridad de CFK la noche del atentado estaba a cargo de la Policía Federal, dependiente de la cartera que conduce él.

En ese contexto, los legisladores porteños de la CC María Cecilia Ferrero, Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso y Lucía Romano, pidieron el juicio político del Juez K: "Solicitamos se disponga, respecto del señor Gallardo, la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, se ordene su suspensión en el ejercicio del cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente, en los términos del artículo 121 y 122 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires", reclamaron.

Y continuaron: “Lo decidido por el Magistrado se tradujo en una situación de extrema indefensión y vulnerabilidad para los vecinos y para la propia Vicepresidente a la que se pretendió salvaguardar. Ello es palmario, y quedó demostrado con los hechos de público y notorio conocimiento el pasado jueves 10 de septiembre, donde se atentó contra su vida".

“Estamos frente a un magistrado que ha omitido cumplir con los deberes a su cargo, al direccionar y manipular la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención. Dichas circunstancias configuran es causal suficiente para instar el procedimiento y remoción del cargo del magistrado como juez", argumentaron.

Antecedentes Gallardo vs PRO

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó el martes pasado al juez porteño Roberto Gallardo por falta de imparcialidad, luego de que el magistrado ordenara el cese de "cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La defensa del Gobierno porteño sostuvo en la recusación que el juez había ordenado "una serie de medidas judiciales que ninguna de las partes ha solicitado y que nada aportan al planteo efectuado por la parte actora, excediendo el objeto procesal de las presente actuaciones judiciales".

Más allá de la recusación, el gobierno de Larreta nunca había presentado un pedido de juicio político contra el juez K como el de este martes de la CC que conforma una parte de JxC.

Roberto Gallardo en varias ocasiones ha incomodado al gobierno de la ciudad. Una de los últimos cruces fue en septiembre del 2021 cuando el magistrado puso en jaque el comienzo de clases en la Ciudad en medio de la larga cuarentena. Otro en abril pasado cuando ordenó a la Ciudad la suspensión del sistema de reconocimiento facial por la sospecha de que habían recopilado datos de personas que no formaban parte de la lista de prófugos de la Justicia, a partir de allanamientos y órdenes de recolección de pruebas.