La intención del nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de crear una nueva versión de una fiscalía anticorrupción a nivel nacional no sería tan nueva. El proyecto, adelantado por el vocero presidencial Manuel Adorni, no sería más que una reversión de la antigua Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas creada en 1962.
RECALENTADO
Anticorrupción: Mariano Cúneo Libarona planea viaje de 60 años al pasado
La fiscalía anticorrupción que Mariano Cúneo Libarona pretende crear data de 1962. Señalan falta de innovación en las redes.
26 de enero de 2024 - 09:17
Mariano Cúneo Libarona planea otra estructura anticorrupción.
Ese organismo, especialmente famoso durante el mandato de Raúl Alfonsín, surgió a partir de la sanción de la ley 11.265. Desde entonces, es el órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Pública Nacional, aunque no ha sido protagonista de esas temáticas desde hace tiempo.
Según Adorni, la propuesta de Cúneo Libarona "será sugerir en lo inmediato al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos, especialmente en los supuestos de "enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados". Algo que ya está previsto en la ley 11.265, dictada el 29 de octubre de 1962.
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Antecedentes anticorrupción
Anteriormente a 1962, en Argentina existió otra versión de la fiscalía anticorrupción, bajo el nombre de Comisión Ejecutiva Investigadora de Irregularidades en la Administración. Así, la ley 11.265 fue una evolución del órgano antecesor.
La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas tuvo sus años más brillantes cuando el fiscal Ricardo Molinas estuvo al mando. Como una de las figuras más importantes del gobierno de Alfonsín, Molinas encaró casos rutilantes de corrupción como el que involucró al ex ministro de Economía José Gelbard, quien recibió una coima de 5 millones de dólares o el juicio de Papel Prensa, donde se determinó que el Ejecutivo “excedió las facultades conferidas por la ley de contabilidad y el decreto reglamentario para la contratación directa”.
De hecho, por su tarea difícilmente cuestionable desde el punto de vista ético, Molinas fue objetivo de numerosos atentados. Lo mismo sucedió con su familia, sobre todo en el periodo comprendido entre 1985 y 1990, y hasta dejar el cargo por una renuncia forzada durante el Gobierno de Carlos Menem.
Proyecto recalentado
Ya en 2015, con Mauricio Macri a la cabeza, y de cara a la implementación de un proceso acusatorio, en virtud de lo establecido por la ley 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y mediante resolución de la Procuración General, se dispuso la conversión de la FIA en Procuraduría de Investigaciones Administrativas y fueron delimitadas sus funciones y competencias actuales. Desde entonces, la fiscalía anticorrupción ha sido objeto permanente de juego político, diluyéndose su verdadero propósito entre los tirones de cambios.
En paralelo, y desde 1999, existe la Oficina Anticorrupción. Dependiente del Ministerio de Justicia, al igual que la ex FIA, también fue objeto de diferentes recambios de Gobierno.
"Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito. Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio", adelantó Adorni sobre el proyecto del Gobierno de Javier Milei.
Qué dicen los fiscales
Ante una posible maraña de fiscalías anticorrupción, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la medida propulsada por Cúneo Libarona chocaría contra la existencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ex FIA, cuyo titular es el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez.
A diferencia de ese órgano, el proyecto de Cúneo Libarona buscaría extender la jurisdicción a casos legislativos y judiciales de corrupción, e incluso provinciales, centralizando las investigaciones. Algo que, claro, no cayó bien entre los fiscales.
Por otra parte, desde el sector señalaron que la creación planteada por el Gobierno de Milei demandaría la federalización del delito de corrupción. Solo así, una oficina nacional podría tener alcance a casos provinciales sin chocar con las autonomías provinciales.
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