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ESCÁNDALO

Alberto Fernández inhibido en la causa seguros ANSeS

El juez federal, Julián Ercolini, ordenó la inhibición de bienes del ex presidente Alberto Fernández, de su amigo el broker, Héctor Martínez Sosa y su esposa.

El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández, de su amigo el broker Héctor Martínez Sosa como de su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado, María Marta Cantero. En la causa que se investigan ilícitos en el manejo de seguros del ANSES por parte del Estado.

El letrado El juez Julián Ercolini además pidió que se levante su secreto fiscal y bancario. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa.

La resolución, a la que accedió el sitio de noticias de Clarín, incluye un extenso listado de aseguradoras que intervinieron en la maniobra bajo investigación, que se enfoca en los contratos de diversos organismos del Estado con Nación Seguros.

En el expediente se investiga la posible existencia de una organización delictiva "que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA; como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta", explicó el juez Ercolini al firmar la medida cautelar.

Entre otros aspectos, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, se ordenó el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, entre ellos el ex presidente de la Nación, Martínez Sosa al igual que a su empresa, el de su esposa y ex secretaria de Alberto Fernández, María Marta Cantero y unas treinta personas físicas y jurídicas bajo investigación.

El juez Julián Ercolini
Decisión del Juez Julián Ercolini

Decisión del Juez Julián Ercolini

Julián Ercolini investiga al expresidente Alberto Fernández

La causa que tiene el juez Julián Ercolini investiga las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa, Nación Seguros.

Entre los aspectos centrales que la justicia cuestiona, se encuentra el hecho de que ese decreto habilitando un segundo paso: la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.

Además, se planteó en la causa que la decisión de Alberto Fernández vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas “que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.

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