GRAN DEBATE EN USA
40 años y mucho daño: ¿Pagará S&P por los desmanes?
Las agencias de calificación de riesgos son empresas que, por cuenta de un cliente, califican unos determinados productos financieros o activos ya sean de empresas, estados o gobiernos regionales (estados federados, comunidades autónomas). Sus notas o calificaciones valoran el riesgo de impago y el deterioro de la solvencia del emisor. Para ello utilizan modelos econométricos en los que usan distintas variables como la deuda acumulada, la velocidad en devolverla, etc., que les sirven para valorar el potencial económico del sujeto analizado. Hay 3 más grandes: Standard & Poor's, Moody's Investors Service y Fitch Ratings. Pero... hecha la ley, hecha la trampa. Ahora, ¿ese crimen paga?
07 de febrero de 2013 - 10:01
"(...) El problema reside en que las Agencias de Calificación Crediticia componen un monopolio que no incentiva la competencia o más bien la inhibe.
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Algunas propuestas como alternativa a una excesiva regulación y complementaria de ésta podrían basarse en las siguientes asunciones:
1. Creación de un organismo supranacional de autorregulación (similar a los existentes en el ámbito de la normas de contabilidad - IASC-, o de la gestión de calidad, Organización Internacional de Normalización), compuesto por especialistas del sector y por las propias Agencias, que (i) instituya códigos de conducta para evitar y resolver los conflictos de interés, (ii) otorgue pautas sobre transparencia de los métodos aplicados y práctica profesional, (iii) analice nuevos modelos de negocio y de ingresos como alternativa a que sean los emisores los que sufragan las calificaciones de sus propias emisiones- por ejemplo mediante suscriptores- y (iv) publique estadísticas periódicas sobre la calidad de las calificaciones.
2. La reputación debe basarse en la calidad de las calificaciones y no en derechos adquiridos. Para conseguir este objetivo, debe facilitarse la existencia de mecanismos de mercado que incentiven la competencia, (i) contrastando periódicamente los aciertos y desaciertos en las calificaciones, (ii) revisando la inscripción en los registros en función de los resultados y credibilidad y evitando que la pertenencia a un registro sea inamovible, y (iii) favoreciendo la innovación en las calificaciones de nuevos productos diferentes a la deuda sobre la base de otros parámetros (volatilidad, liquidez…).
La existencia de un registro central de las calificaciones emitidas por las Agencias, permitirá a los inversores llegar a sus propias conclusiones sobre su calidad, y aumentará la presión en lo que se refiere a la reputación. Asimismo, servirá para incrementar la competencia y favorecer la autocrítica en las propias Agencias.
3. La regulación financiera mundial debe buscar alternativas para reducir la dependencia excesiva de las calificaciones externas, (i) fomentando modelos internos de evaluación en las entidades y evitando que los participantes en el mercado inviertan en productos cuyos riesgos no pueden evaluar por ellos mismos, (ii) cambiando las referencias regulatorias a las calificaciones crediticias a favor de otros indicadores de riesgo como los Credit Default Swap o (iii) asumiendo los propios reguladores algunas de las funciones de calificación al tiempo que se inscriben las emisiones.
4. Rendición de cuentas y responsabilidad. Las calificaciones tienen una trascendencia cuasi pública y, por tanto, no son meras opiniones. Las Agencias deben responder de la aplicación coherente de la metodología subyacente a las calificaciones que emiten y asumir su responsabilidad civil en caso de negligencia grave o incumplimiento. Los grados y supuestos de responsabilidad deben ser definidos sobre una base legal armonizada y coherente a escala de la UE.
La consecución de estos objetivos requiere la actuación coordinada del propio sector y de los organismos reguladores, pero es posible, y sería una alternativa atrayente para un sector financiero generosamente regulado",
por JOSÉ LUIS DE HARO
NEW YORK (El Economista). El Gobierno de USA decidió el martes tomar una decisión histórica al acusar de fraude a la agencia de rating S&P por su papel en la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Un hecho loable que podría saldarse con el pago de una multa de hasta 5.000 millones de dólares. Sin embargo, las irregularidades de ésta y otras compañías del sector, como Moody's y Fitch Ratings, se acumulan a una larga lista que lleva engordando desde la década de los 70. Las voces de alarma han sido continuas. Incluso desde la Reserva Federal se advirtió en el verano de 2007 de que la credibilidad de las notas estaba "herida".
"Existe bastante humo en la información" que "está muy asociada con la pérdida de confianza en las agencias de calificación de crédito", reconoció el presidente de la Fed, Ben Bernanke, en la reunión del Comité de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del 7 de agosto de 2007. La credibilidad de las agencias "está herida" y por ello "es mucho más difícil ver cómo el mercado es capaz de actuar", matizó Kevin Warsh, entonces gobernador de la Fed, recogen las actas de dicha reunión analizadas por la agencia Bloomberg.
Entre 2004 y 2007, antes del estallido de la crisis de las hipotecas basura que provocó la peor recesión desde la Gran Depresión, S&P emitió calificaciones de crédito sobre hipotecas residenciales por valor de más de 2,8 billones de dólares y de valores respaldados hipotecas por cerca de 1,2 billones, según el Departamento de Justicia de USA. El fraude ocurrió cuando la agencia restó importancia a los riesgos de algunos de estos activos para ganar nuevos contratos y generar más negocios con los bancos de inversión que emitieron estos activos tóxicos.
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Aun así, pese a que S&P se perfila como una de las piezas clave en el desarrollo de la hecatombe que hizo tambalear los pilares del capitalismo, y se cobró la vida de Lehman Brothers, la actividad de las agencias de calificación lleva en el disparadero casi medio siglo. A muchos expertos les viene a la mente la crisis de deuda sufrida por la ciudad de Nueva York en la década de los 70, una etapa de la historia en la que las agencias no lograron, una vez más, alertar sobre la calidad del crédito de distintos emisores.
Una enfermedad que se ha repetido en varias ocasiones desde entonces, y no sólo con la deuda soberana, estatal o municipal, también con la empresarial. Durante el derrumbe del castillo de naipes en que se convirtió Enron, la compañía energética que marcó un antes y un después en la historia del fraude empresarial en USA, las agencias prefirieron vendarse los ojos hasta el final. De hecho, cuatro días antes de que quebrara, su deuda contaba con "grado de inversión" por las principales agencias de calificación de crédito del país.
El informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, que diseccionó las causas de la crisis financiera de 2008, identificó el origen del problema en los ratings de las agencias. "Debido a que las agencias de calificación emiten ratings sobre los emisores de deuda y los bancos de inversión que les generan negocio, están sujetas a un conflicto de interese inherente que puede crear presión sobre dichas agencias a la hora de emitir calificaciones favorables para atraer negocios", reza el documento de más de 600 páginas.
Al mejor postor
La dinámica es sencilla a la par que viciosa. Los emisores y los bancos de inversión realizan "compras de calificaciones", es decir, eligen a la que ofrezca las más altas calificaciones. Este hecho debilita los estándares de calificación que las agencias emiten, pues las más benevolentes suelen hacer más negocio.
Precisamente, y enlazando con el comienzo de las irregularidades de las agencias hace casi medio siglo, los primeros síntomas comenzaron a notarse en 1973, cuando la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) concedió a alguna de estas entidades la marca de "Organizaciones de Calificación con Reconocimiento Nacional". Entonces estas compañías comenzaron a cambiar su modelo de negocio, que pasó de cobrar a sus clientes por los informes de calificación realizados a cobrar a los emisores de deuda por ser calificados. Una transformación que dio paso a los futuros conflictos de interés registrados desde entonces.
El Gobierno federal de USA había incorporado los informes de las agencias a sus decisiones regulatorias desde comienzos de los 30, de ahí que cuando la SEC respaldó a ciertas compañías con su "reconocimiento nacional" muchos emisores de deuda creyeron que ser calificados por estas entidades podría beneficiar su imagen antes sus inversores y competidores.
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