Más de la mitad de la Generación Y, la del milenio o Millennials, consideró en el último relevamiento de Kantar IBOPE Media que hombres y mujeres deben compartir las responsabilidades del hogar por igual, una convicción de vanguardia en la corriente global de equidad de género que expresa sustentar la quinta parte de la población, sin que se comparezca con el retroceso que ha sufrido el país en el ránking que elabora desde 2006 el Foro Económico Mundial. En la práctica, no se ven en la sociedad los resultados del el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2018-2020 que lanzó la Administración Macri. Por ahora, el marketing del empoderamiento femenino supera la realidad cotidiana: no afloja la elevada tasa de femicidios, sólo hay un 10% de mujeres en cargos directivos de las 1.000 empresas que más facturan en el país, usar polleras implica ganar 25/27% menos de sueldo. El recambio generacional será el que marque el ritmo de la equidad que, por el momento, transita una etapa más discursiva. Y para ir teniendo, en algunas facultades los “chiques” ya impusieron el lenguaje inclusivo.

El impuesto a la riqueza ahora recae sobre patrimonios devaluados de la clase media, como inmuebles, autos y ahorros, justo cuando el poder adquisitivo del salario viene dando pérdidas. Equipos allegados a CFK quieren avanzar sobre la progresividad de bienes personales llevando la tasa al máximo de 1,25% que regía en 2015 y penalizando los capitales argentinos radicados en el exterior, como bienes raíces y cuentas bancarias, con porcentajes diferenciales como los de renta financiera, estipulado en 15% si la tenencia con oferta pública es local, pero que sube al 35% si se trata del mismo papel pero a través de un ADR en Wall Street. Los tributaristas profesionales advierten que será una confiscación que perjudicará a quienes no son precisamente ricos porque los mínimos no imponibles no le han seguido el paso a las revaluaciones técnicas y la inflación los deja muy bajos, y tendrá el efecto contrario al de seducir a quienes se llevaron el dinero afuera para que lo traigan y, a los que aún siguen en el país, para que no cambien de radicación hacia Uruguay u otros destinos en los que no tengan jurisdicción los tentáculos de la AFIP.  Eso sí, los colchones y los expatriados y no declarados continuarán tan campantes como siempre.

El Ministerio de Producción y Trabajo había detectado que, de 6.385.000 jóvenes contabilizados en el país, 1.662.000 son ni-ni: o sea, ni estudian ni trabajan. Un 20% del potencial de la nueva generación desperdiciado y condenado a los peores riesgos y sin futuro, para el cual la respuesta de la sociedad se limitaba a ponerles al alcance becas estudiantiles y planes de inserción para los que no tienen trabajo. La Administración Macri se va sin dejar en pie ni siquiera esas oportunidades de entrenamiento que eviten el anquilosamiento: en plena crisis económica, a las pocas becas del plan Progresar que sobrevivieron a la licuación ya les había cambiado el sentido de puente social complementario con otros programas, como el de Becas del Bicentenario (BB), el de Becas Universitarias (BU) y los específicos de las Universidades Nacionales, por un extemporáneo espaldarazo selectivo al mérito. Y, por su parte, la cartera laboral cortó la transferencia a las agencias territoriales de los $18 millones mensuales presupuestados para capacitar y entrenar a unos 3.500 jóvenes desocupados.

Las centrales obreras que asuman compromisos ante el Consejo Económico y Social en ciernes a lo sumo constituyen la quinta parte de los trabajadores totales del país, incluidos los registrados sindicalizados e independientes, los cuentapropistas formales y informales y los que están en negro. Entre ellos, tampoco estarán representados plomeros, gasistas, electricistas, carpinteros, albañiles, ni choferes, artesanos, changueros, vendedores ambulantes, sean o no monotributistas, que junto a los profesionales suman el 12% de la masa laboral. En este contexto, cuando se traten las bases de la refundación del contrato social habrá 4 millones de manos genuinas de trabajadores sindicalizados levantadas, por interpósitos intermediarios, para ponerle el hombro al gobierno en los 180 días siguientes a su asunción, aunque brillarán por la ausencia unos 11 millones registrados que no tienen afiliación más otros 8 millones, entre cuentapropistas de oficios, profesionales, por derecha y clandestinos. Durante la tregua propuesta, la dirigencia prestará atención a temas atinentes a las cajas de jubilaciones, subsidios y negocios con tercerizados, antes que al terreno salarial perdido.

La ventaja comparativa del agro argentino ha sido, a través de la historia, la carta triunfal que se apropiaron las clases políticas de las distintas épocas para justificar proyectos de desarrollo industrial y de crecimiento del país que no dieron los frutos enunciados. Pero también, en las recurrentes crisis de pagos como la actual, se la cuenta para generar dólares contantes y sonantes que puedan ser aplicados a cubrir crónicos déficits. De paso, a contramano de lo que sucede en el mundo, a la actividad agropecuaria se le imponen retenciones para sostener al fisco. No ha sido gratis la necesidad sectorial de invertir parte de la renta en tecnologías diversas que mejoran los rendimientos a fin de adecuarse al mundo global. El Censo Agropecuario 2018 que difundió el Indec acaba de dejar al descubierto que no todos los productores pudieron seguirle el tren a la exigencia de tener resto para actualizarse. Y nada menos que 83 mil pequeños y medianos quedaron por el camino en 16 años. De modo que la mitad más uno de la tierra ya se concentró en el 2,5% de los productores “pudientes”. Apoyadas en estos datos, organizaciones sociales radicalizadas, pero aliadas del gobierno entrante, como la que lidera Juan Grabois, van a la carga por el régimen de tenencia de la tierra y uso de la misma, aunque por otro lado, les juega en contra que el 69% de los establecimientos, de acuerdo con el relevamiento oficial, sean atendidos por sus dueños, mientras el 19% corresponde a arrendamientos. Los derechos de exportación que heredará Alberto Fernández, de los que el 41% aporta el complejo sojero solo, encajan en el diagrama fiscal de emergencia que deberá encarar no bien asuma. Según varios de sus influencers, inclusive hasta ameritaría algún retoque en alza, justo a contramano de la aspiración del sector a que le saquen esa mochila tributaria en virtud de que la transformación tecnológica recién empieza: robots, drones y nuevas genéticas invaden la apacible naturaleza.

En la lista de leyes que tratará el Congreso figura primera la de alquileres, ya en pleno relevo presidencial. Detrás aparece otra prioridad vinculada a la vivienda: el ajuste en función de los ingresos de los deudores de las cuotas de hipotecas con cláusula UVA. Podría justificarse esta prioridad en que la inflación y la devaluación tornaron inaccesible tanto comprar una vivienda financiada a largo plazo o alquilarla, debido a que los contratos se encarecieron por encima de la capacidad adquisitiva de los salarios. El precio del metro cuadrado, al seguir rigiéndose por el dólar, se ha vuelto resistente a la depreciación de la moneda, lo que hace que las cuotas de las hipotecas con cláusula UVA sean vez más onerosas pero aún así el saldo de la deuda crezca. Además, los potenciales compradores, plata en mano, se niegan a convalidar los actuales niveles de cotización, por considerarlos inflados, y los tiran abajo con ofertas de quita del 25% para concretar la transacción. Ergo, el mercado está parado, mientras algunos propietarios, en consecuencia, optaron por reemplazar transitoriamente el cartel de venta por el de alquiler. Aspiran, eso sí, a percibir una renta que deje un plus después de enjugar los costos tributarios. Así se llega al otro nudo: valor inicial elevado, indexación por IPC anticipada, 2 años de contrato y endurecimiento de requisitos, marchan a contramano de la realidad del inquilino, cuyo salario viene más que golpeado, el empleo tambalea y sabe que sus ingresos futuros irán por detrás del índice de precios. El cráter que se abrió entre la valuación de las propiedades dolarizada y el poder adquisitivo pesificado de los eventuales deudores o inquilinos no parece tener otro puente para cubrirla que el de una baja en la tasación inicial inmobiliaria.

La Administración Macri entrega una derrota salarial por goleada tras 4 meses, en el marco de una recesión que prioritariamente concentra el temor de la fuerza laboral en la estabilidad de los empleos. La resignación de los trabajadores a terminar el año con casi un 40% menos de poder adquisitivo que el que dejó CFK en 2015 abre el resquicio para que el nuevo gobierno lance una tregua económica y social con las patronales durante 180 días. Obviamente la creación de un Consejo Económico y Social implicaría saltear las paritarias, ya que su propósito principal es acotar la desigual carrera entre salarios y precios a fin de revertir la indexación y traccionar la inflación hacia abajo hasta encontrarle un nuevo punto de partida a la política de ingresos. Las cúpulas sindicales en el rol oficialista que asumen serían algo así como garantes de una transitoria pax social. La duda es si las comisiones internas más radicalizadas no acabarán desbordando su lábil representatividad si cunde el descontento de las bases en el primer trimestre de 2020 por la menguada capacidad de compra de las remuneraciones. Los economistas añaden su cuota de desconfianza en que se repita la historia de siempre de los corsets voluntaristas sobre precios y salarios: que se tornen inconsistente por filtraciones en la política monetaria, que es por donde se suele bancar el crónico desequilibrio de las cuentas públicas.

Si en los minutos finales del Mundial de 2014 el seleccionado argentino concretaba alguno de los goles que erró y el ignoto alemán Götze no lo encontraba agónicamente, el capitán del sempiterno rival de los dueños de casa, Lionel Messi, les hubiera levantado la copa suprema del fútbol en el propio Maracaná, afectándoles el gran orgullo de considerarse los reyes del popular deporte en el planeta. En otro plano, nadie tampoco podría imaginar qué hubiese sido del cerrado proteccionismo paulista sobre el que se cimentó el Mercosur, si el Lava Jato no resquebraba el frente hegemónico empresario. Es por esa rajadura que logró penetrar la corriente liberalizadora que impulsa el presidente Jair Bolsonaro para acoplar al entramado productivo brasileño a las reglas de quien eligió como padrino estratégico, Donald Trump. Pretende desde ahí asumir el liderazgo subregional del Atlántico Sur para el avance hacia tratados de libre comercio con la Unión Europea. La reciente derrota en las urnas de quien era su aliado político, Mauricio Macri, a manos del que considera un populismo light, al que aborrece por explícitos vínculos con su acérrimo enemigo Lula, endureció su posición agresiva en la relación bilateral con su principal socio del Mercosur, a tal punto de restregar una subestimación verbal al país por el tamaño de ambas economías y las preferencias de las multinacionales por su país. Llegó inclusive al desprecio diplomático de designar a un ministro de baja jerarquía en su gabinete para asistir a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández. Pero en los hechos fue a la acción directa: rompió la unión aduanera subregional, al habilitar para terceros extra-Mercosur un cupo exento del 10% de arancel del trigo que viene abasteciendo Argentina.

Aunque no se supiera a qué dólar ni adónde irá a parar la inflación, la temporada estival empezó a armarse a partir del mes siguiente a las PASO con un marcado sesgo local y pesificado. Plataformas digitales dedicadas al turismo relevaron que, desde setiembre, las consultas en los balnearios atlánticos aumentaron un 80% respecto del año pasado, con Brasil, Uruguay y Miami más lejos que nunca. Se destacaron Villa Gesell, Pinamar y Mar del Plata por la mayor cantidad de averiguaciones que recibieron, mientras Chapadmalal se reveló como el destino más gasolero, destronando a Mar del Tuyú. De las encuestas surgen dos datos claves para definir lo que se verá en el verano: 1) el 80% opta por viajar en auto, aunque haya una andanada de incrementos en los combustibles y peajes en ciernes, y que se estén expandiendo las rutas aéreas nacionales a largas distancias, como Bariloche, Mendoza, Iguazú o Ushuaia, a precios competitivos con los de los micros; 2) el 60% averigua por casas, el 38% por departamentos y el resto por otro tipo de propiedades tales como quintas. La referencia de la temporada 2020 en la costa atlántica sería el promedio de $3.800 por noche registrado para el alquiler temporario de un departamento para 4 personas, 45% más caro que el año pasado, pero unos 10 puntos porcentuales menos que el IPC proyectado para este año, que concreta una tendencia al desinfle real por 3er año consecutivo.

El estrangulamiento financiero por la deuda, las retenciones a la agroexportación y el borrón sin cuenta nueva de Vaca Muerta conforman la más intrincada y perentoria hipoteca que acompaña al traspaso de la banda presidencial dentro de 2 semanas. Son el denominador común que vincula a todos los cepos y candados que armó la Administración Macri en plena retirada y paralizan al país. La zona núcleo productora de la soja, el maíz y el trigo que votó masivamente a Juntos por el Cambio no muestra tolerancia a permitir ser atada al carro triunfal de los vencedores del comicio, en caso de que les quieran aumentar los derechos de exportación por encima del nivel en que los dejó el mandatario derrotado en las urnas. Los petroleros de Vaca Muerta pretenden seguir dolarizados en boca de pozo, aunque las tarifas del resto de la cadena hasta llegar a los usuarios sean pesificadas. Pero como la diferencia la tendría que cubrir el Tesoro y la maquinita no da para más, estará a merced de la liquidez que le provea la reestructuración financiera. Estando pendiente normalizar el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, los lobos de Wall Street seguramente se ubicarán en el 2do lugar de la cola detrás de Washington en todo sentido. Porque para obtener el decisivo voto de USA en el board del FMI una vez que se acuerde técnicamente cómo sigue la película, habrá que establecer un canal de diálogo entre la Casa Blanca y la Casa Rosada que dé luz verde a la recomposición de la deuda, y el punto más sensible ya se sabe cuál será: la intención de Trump por contar con Argentina en el marco de la seguridad y estabilidad que imagina en América latina. Que va más allá de qué piensa hacer Alberto Fernández con la crisis económica y el virtual default heredados, sino con respecto a un pronunciamiento sobre Venezuela.