Antes del cepo versión Macri, el 98% de los capitales golondrina que habían entraron al mercado local de letras y títulos de deuda desde el comienzo de la gestión de la Administración saliente, desaparecieron llevándose pingües ganancias, entre 2 años y medio de pass through (diferencia entre tasa interna y devaluación) y la recompensa que daban los bonos nacionales y provinciales por el alto riesgo-país. El 2%, según los cálculos del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex), que permanece en el circuito de las inversiones financieras domésticas quedó atrapado en defaults parciales, reperfilamientos y eventuales quitas que se ciernen en el horizonte inmediato. Pero más inequidad aún la constituye que se hayan fugado en total US$37.192 millones hasta setiembre último y se cruce el dato con los US$44 mil millones desembolsados hasta ese mes del crédito contingente que otorgara el año pasado el FMI, instigado por la Casa Blanca, como señal de apoyo del presidente de USA, Donald Trump, a la reelección de Mauricio Macri. Habría que empezar a pagarlo en 2021, si es que no se le extendieran los plazos al gobierno de Alberto Fernández, quien según el trato que le dispense a los bonistas que se quedaron, arriesga el regreso al mercado voluntario de la deuda y el volumen ya jibarizado del sistema financiero local.

En el campo estuvo la base electoral de Mauricio Macri, pero aún así les puso retenciones, Y ahora que finalmente llegan los F-F a la Casa Rosada, las entidades más tradicionales, como la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas se pintaron la cara ante la inminencia de un nuevo gobierno que podría llegar a subírselas para sacarles otros US$2.000 millones adicionales de jugo. Los productores, más prosaicos, hicieron los números y sacaron la conclusión que sería mejor adelantar ahora casi 29 millones de toneladas (entre soja, maíz y trigo), antes que Alberto le agregue 5 puntos porcentuales a la soja; 8 puntos porcentuales al trigo y 3 puntos al maíz. Combustibles y energía se encuentran en la mira recaudadora, siendo el denominador común de ambas los dólares que generan. La minería repuntará y los US$ 3.000 millones que vende afuera seguramente se multiplicarán En ambos, la recaudación proveerá de los dólares que necesita imperiosamente el país. Si se deducen los dólares necesarios para pagar las importaciones de insumos, la deuda y los giros de utilidades y dividendos, el balance cambiario sumaría entre US$ 3.000 y US$ 10.000 millones al año. Los US$116 mil millones depositados por argentinos en el exterior, repatriados para su blanqueo en 2016 y vueltos a sacar limpios de polvo y paja, recibirán una alícuota elevada (sería del 5%) que el tributarista César Litvin advirtió que va a ser para quilombo.

No es nada fácil para el gobierno que se instala en menos de 2 semanas definir qué hacer con el zafarrancho que quedó de las tarifas de los servicios públicos, que primero subieron arriba del 3.000% en 4 años ahogando a particulares, Pymes y entidades civiles, sobre todo, y de golpe la Administración Macri le clavó el freno por conveniencias electorales. Después de todo el sacrificio, están de nuevo atrasadas, requieren subir subsidios con el país afuera del mercado voluntario de crédito, el stand by del FMI interrumpido y las empresas energéticas con las acciones de capa caída y pocos incentivos para invertir. La única pista que deslizó Alberto Fernández es que la tarifa será desdolarizada y sugirió que iría acompañando la inflación (40% el año que viene, según el designado titular de INDEC, Marcos Lavagna). Pero llega enero y se presenta el problema del retroactivo. El gas debería subir 34% en los hogares, pero mucho más en la cadena de valor desde la boca del pozo por la acumulación de los valores en suspenso del transporte y distribución. Aún así, no menos del 37% del atraso que traían hasta abril en relación a los costos (que se duplicó hacia fin de año) deberá ser cubierto por el Tesoro. Si hubiera que deducir alternativas, es probable que se apliquen escalas tarifarias más vinculadas a la capacidad contributiva del usuario que a lo que digan los medidores.

El divorcio entre los devaluados ingresos de la población y la cada vez más pesada presión impositiva y tarifaria dejó exangües ante la AFIP a más de 400 mil personas jurídicas, la gran mayoría Pymes. Los equipos técnicos del nuevo gobierno piensan en una moratoria impositiva y previsional que les afloje la soga del cuello. Los bancos que tienen las carpetas de 80 mil créditos hipotecarios con cláusula UVA, cuyas cuotas aumentaron más del 80% encima de los sueldos con que se amortizan, aguardan una soga del Central que solvente la diferencia con un mix entre el IPC y el salario, de aplicación también en los contratos de alquiler. La morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales bate récords y amerita planes de pagos cubiertos con ayuda estatal. Las expensas suben un 50% más que la inflación y las paga un 30% menos que antes. Los prestadores de servicios públicos le perdonan cortes a una creciente masa que se atrasa con las facturas y queda al borde del nocaut. La Administración Macri sobreendeudó al Estado y a los particulares, y ahora moratorias por doquier sobrevuelan el firmamento de las finanzas tanto públicas como privadas.

El divorcio entre los devaluados ingresos de la población y la cada vez más pesada presión impositiva y tarifaria dejó exangües ante la AFIP a más de 400 mil personas jurídicas, la gran mayoría Pymes. Los equipos técnicos del nuevo gobierno piensan en una moratoria impositiva y previsional que les afloje la soga del cuello. Los bancos que tienen las carpetas de 80 mil créditos hipotecarios con cláusula UVA, cuyas cuotas aumentaron más del 80% encima de los sueldos con que se amortizan, aguardan una soga del Central que solvente la diferencia con un mix entre el IPC y el salario, de aplicación también en los contratos de alquiler. La morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales bate récords y amerita planes de pagos cubiertos con ayuda estatal. Las expensas suben un 50% más que la inflación y las paga un 30% menos que antes. Los prestadores de servicios públicos le perdonan cortes a una creciente masa que se atrasa con las facturas y queda al borde del nocaut. La Administración Macri sobreendeudó al Estado y a los particulares, y ahora moratorias por doquier sobrevuelan el firmamento de las finanzas tanto públicas como privadas.

Un poco gracias a Vaca Muerta y otro tanto como consecuencia de la persistente recesión que mantiene planchado el abastecimiento externo de hidrocarburos, la Administración Macri se retirará este año con la balanza energética nacional empatada. Significa que el país ahorrará la sangría de US$2.300 millones de 2018, pero a la vez que todas las condiciones quedaron dadas para que en 2020 sean más las divisas que atraiga la energía que las que se vayan, como era en 2007. En ese punto de partida anida el meollo del nudo gordiano de la renta petrolera en disputa. El tradicional club de las principales petroleras radicadas en el país, que integran YPF, PAE, Total, Shell, Exxon, junto a las emergentes Pampa y Vista Oil, presionan para que el nuevo gobierno saque una ley que les asegure un diferencial cambiario e impositivo, y que no sea pesificada la cadena de valor. Prometen inversiones y exportar hidrocarburos en 2030 por US$16.854 millones, desde los US$1.476 millones actuales. Sin esas condiciones, los números bajarían a un tercio, advierten. Ya con Guillermo Nielsen de capa caída en el círculo áulico de los Fernández, preferirían de partner oficial al neuquino Omar Gutiérrez. Sergio Massa, autor de uno de los proyectos en barbecho, les sería potable, si no fuera porque cerca de CFK insisten en el sobrevuelo del empresario expulsado del cenáculo santacruceño, Sebastián Eskenazi, el hijo de Enrique.

En el caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF) accedan a no se presentarse en ventanilla por un par de años a cobrar unos US$80 mil millones que Argentina comprometió devolverles, in facto serán convertidos en un colectivo represtamista del equivalente a casi un stand by y medio del Fondo. El gobierno de Alberto Fernández contaría con esos recursos para afectarlos al crecimiento de la hoy estancada economía, tratar de equilibrar las cuentas fiscales sin ajustar el gasto, sólo incrementando impuestos, con el combate de la pobreza extrema y el hambre como prioridades sociales y una reactivación del consumo orientado sobre todo de las Pymes. La política que se cierne en este contexto empieza por retener como paso previo a generar: se queda con una porción de las exportaciones, en especial del agro; con lo que se debe pagar por los bonos soberanos y por las cuotas de los organismos internacionales; con los fondos que la Administración tomó de Anses, PAMI, la Tesorería, el Banco Nación o el Banco Central, y posiblemente con una eventual confiscación (quita) de una parte de esas tenencias. Por un lado, las arcas públicas apelan a esas apropiaciones para poner a funcionar la economía, pero por otro, el perjuicio que pudieran sentir los forzados mecenas podría aislar otra vez al país de los flujos financieros internacionales o dilatar el retorno a los mercados voluntarios de deuda y sesgar la recepción de inversiones extranjeras directas únicamente a la seducción energética.

En el caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF) accedan a no se presentarse en ventanilla por un par de años a cobrar unos US$80 mil millones que Argentina comprometió devolverles, in facto serán convertidos en un colectivo represtamista del equivalente a casi un stand by y medio del Fondo. El gobierno de Alberto Fernández contaría con esos recursos para afectarlos al crecimiento de la hoy estancada economía, tratar de equilibrar las cuentas fiscales sin ajustar el gasto, sólo incrementando impuestos, con el combate de la pobreza extrema y el hambre como prioridades sociales y una reactivación del consumo orientado sobre todo de las Pymes. La política que se cierne en este contexto empieza por retener como paso previo a generar: se queda con una porción de las exportaciones, en especial del agro; con lo que se debe pagar por los bonos soberanos y por las cuotas de los organismos internacionales; con los fondos que la Administración tomó de Anses, PAMI, la Tesorería, el Banco Nación o el Banco Central, y posiblemente con una eventual confiscación (quita) de una parte de esas tenencias. Por un lado, las arcas públicas apelan a esas apropiaciones para poner a funcionar la economía, pero por otro, el perjuicio que pudieran sentir los forzados mecenas podría aislar otra vez al país de los flujos financieros internacionales o dilatar el retorno a los mercados voluntarios de deuda y sesgar la recepción de inversiones extranjeras directas únicamente a la seducción energética.

Las alarmas del entramado socioeconómico legado por la Administración Macri no sólo suenan por el estado de iliquidez para afrontar pagos de deuda, sino por la situación de emergencia en que se encuentran la seguridad alimentaria, acechada por la pobreza, y ocupacional, debido al desempleo que castiga principalmente a las Pymes, que representan el 85% de la estructura empresarial del país, y a la creciente precarización laboral. El gobierno entrante maneja como hipótesis que 8 millones las personas padecen de déficit nutricional y que hay unos 14 millones de trabajadores con algún tipo de problema laboral. A 1 de cada 3 ya se los ubicaba en el interior de las villas, en los basurales, en la ferias a cielo abierto, en los talleres clandestinos, entre los cartoneros, en los vagones del tren, entre los paños de los manteros, en las estaciones ferroviarias, en las paradas de los motoqueros, en los montes, en las fábricas recuperadas, en las cuadrillas de los programas sociales. Y la proporción de la marginalidad se amplía raudamente en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se conformó una enorme economía familiar en la que campea la informalidad.

Para 2020, reacomodamiento de precios mediante, los analistas pronostican que probablemente se irán concretando ventas de bienes durables (autos, electrónica, inmuebles, indumentaria) que quedaron reprimidas este año por el errático rumbo del dólar. El oficialismo saliente, avenido a oposición, seguramente se abstendrá de entusiasmarse y avistarlo como brotes verdes. Lo cierto es que el movimiento comercial se ha estado sosteniendo con el celular o la PC, mediante un ejercicio cada vez más extendido de seleccionar online lo que atrae o conviene comprar, con la sola condición de tener disponibilidad en la tarjeta, navegando las páginas con ofertas, financiaciones en 3, 6, 12 o 18 meses y promociones. Y hasta permitió chequear precios tomados en recorridas por shoppings antes de concretar operaciones en las tiendas y salir con el paquete. Es que el consumo masivo, en general retraído, se ha ido segmentando en bienes y servicios agrupados que salen a la venta en ferias digitales de descuentos y planes de pago en cuotas sin interés. Cyber Monday, Hot Sale, Black Friday, Travel Sale, etc alternan con días y noches consagrados a algún renglón, sean helados, pizzas, cerveza, o celebraciones parentales y de toda clase de relaciones humanas. El resultado es sorprendente: en un semestre las operaciones por internet crecen un 57% y simultáneamente las presenciales de caja bajan un 10%. Los más jóvenes prefieren hacer click el ciberespacio a decir sí en las grandes superficies comerciales e imprimen un nuevo estilo de consumo, que constituye un desafío para las marcas y las plataformas.