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Para Massa/Milei: 10 propuestas para la libertad de prensa

La ONG Reporteros Sin Fronteras presentó a los candidatos presidenciales unas 10 propuestas para reforzar la libertad de prensa y la independencia periodística.

Poco se habla de la relación y/o propuestas de los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei con la libertad de prensa. Del libertario se recuerdan algunas entrevistas periodísticas donde planteó eliminar la pauta oficial que reparte el Gobierno nacional a los medios de comunicación, pero no mucho más. En el contexto electoral, la ONG internacional sin fines de lucro, Reporteros Sin Fronteras (RSF) acercó 10 propuestas al respecto para que los candidatos tengan en cuenta si acceden a la Presidencia de la Nación.

“Pluralismo y fiabilidad”

Según RSF, en el marco de los 40 años de democracia en la Argentina se han establecido “normas sólidas en materia de libertad de expresión”, pero advierten a los candidatos presidenciales que “la independencia periodística, el pluralismo de los medios y la fiabilidad de la información deben ser prioritarios para el próximo jefe del Estado”.

En esa línea, plantearon 10 propuestas que persiguen seis objetivos cruciales: el acceso a una información pública y plural; la protección de los periodistas que cubren manifestaciones; la autonomía editorial de los medios públicos; la lucha contra la concentración mediática; la independencia editorial y la regulación de las plataformas digitales.

Las propuestas de RSF

A continuación, reproducimos el documento elaborado por Reporteros Sin Fronteras con las recomendaciones:

Defensa de la libertad de prensa

  • El futuro presidente de Argentina debe comprometerse plenamente a defender la libertad de prensa como pilar de la democracia. No debe recurrir ni a discursos estigmatizantes, ni a estrategias de persecución administrativas o penales en represalia por informaciones u opiniones publicadas, conforme a la legislación vigente. La libertad de expresión y el derecho a la réplica asisten a todos los habitantes de Argentina, incluidos los funcionarios, pero siempre en el marco de la convivencia democrática.
  • En el ámbito regional, el gobierno de la nación tiene que aplicar una política decidida para que la libertad de prensa no sea atacada por autoridades locales o por intereses privados. Ningún procedimiento o legislación provincial debe vulnerar las garantías constitucionales del país en materia de protección de la libertad de prensa.

Acceso a la información pública y plural

  • El Estado debe garantizar el respeto a la ley de acceso a la información sancionada por el Congreso en 2016 y la cobertura de noticias en instituciones estatales y en el espacio público.
  • En ningún caso debe utilizar a las fuerzas policiales para restringir y/o amedrentar a la prensa, ni incurrir en ataques físicos a periodistas sobre el segundo de reprimir disturbios o de dispersar manifestaciones.
  • Los medios deben ser accesibles a toda la población, sin exclusiones de tipo económico o geográfico. Es un deber del Estado garantizar a toda la ciudadanía el acceso a Internet y a las telecomunicaciones en condiciones tecnológicas dignas y equitativas.
  • Los medios públicos deben cumplir su función de garantes de la libertad de expresión y del derecho a la información en la medida en que sean concebidos como no gubernamentales. La diversidad política, social, geográfica y económica, y su independencia -incluida la financiera- del Estado son condiciones indispensables para los medios públicos.

Regulación democrática

  • El gobierno debe garantizar la pluralidad informativa y promover una regulación favorable a la diversidad de medios para evitar los monopolios privados y estatales.
  • Los organismos de regulación deben ser independientes, con una representación diversa de las identidades políticas, sociales, geográficas y económicas.

Democracia en el espacio digital

  • Considerando que Argentina forma parte de la Alianza para la Información y la Democracia, el futuro gobierno deberá proponer la adopción de una ley que adapte las normas que regulan la comunicación y el mercado de la información a la situación creada por el nuevo escenario digital globalizado, en la que se definan especialmente las responsabilidades de las grandes plataformas.
  • El Estado velará por que las plataformas digitales no incurran en censura encubierta utilizando la moderación de contenidos, la comercialización o la venta de sus espacios. La regulación de un ecosistema digital verdaderamente diverso no debe recaer en corporaciones privadas globales.
  • El gobierno debe desarrollar políticas de educación digital, de lucha contra la violencia y de responsabilidad para combatir los mecanismos de acoso a periodistas en las redes sociales, incluyendo lucha contra la desinformación.

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