La provincia de Santa Fe es pionera en fabricación de medicamentos que garantizan el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, desde el sector manifestaron de manera pública una preocupación tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente, Javier Milei.
El Laboratorio Industrial Farmacéutico-Sociedad del Estado (LIF), produce misoprostol y mifepristona que se comercializan a todo el país. Estas drogas, combinadas, son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para brindar abortos seguros.
La problemática desató cuando se lanzó el DNU que deroga la Ley N° 27.113 que declara "de interés nacional y estratégico" a los laboratorios de producción pública, por lo que la fabricación de estas pastillas abortivas podría verse envuelta. En base a eso, Milei suma otro dolor de cabeza ya que los derechos de las mujeres se ven claramente afectados.
El misoprostol es una prostaglandina que no se acumula en el cuerpo ni perjudica la fertilidad. Luego de tomar 12 pastillas en tres dosis, produce contracciones en el útero provocando un aborto. La OMS la considera un medicamento esencial para abortar de manera segura y ambulatoria hasta la semana 12 de embarazo. Su efectividad es del 85% y, combinado con la mifepristona, un 99%.
Desde principios del 2021, el LIF cuenta con el registro ANMAT y certificado de comercialización del misoprostol vaginal 200 microgramos, lo que permite que esta especialidad estratégica pueda llegar al sistema público de salud de todas las provincias de Argentina. Sin embargo, en forma de comprimidos de disolución oral 200 microgramos, tiene título provincial pero su matriculación en ANMAT está en curso.
Con la producción de esas dos drogas, Santa Fe puede proveer al país del paquete básico necesario para asegurar el acceso a los mejores estándares de atención de IVE, tal y como establece la ley sancionada el 30 de diciembre de 2020.
Preocupación
Hace unas semanas, desde el LIF mostraron su descontento sobre los alcances del DNU publicado Milei. Un DNU que deja sin efecto la Ley 27.113, sancionada en diciembre del 2014, que creaba la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que, descentralizada de la órbita del Ministerio de Salud, posee "autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado".
El objetivo de la ley es "promover la actividad de los laboratorios de producción pública, entendiendo por tales a los que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal".
Asimismo "fomenta la investigación y el desarrollo científico, tecnológico e industrial; busca fortalecer el rol de estos en el sistema de salud; propiciar programas y políticas públicas que prioricen la accesibilidad a medicamentos, materias primas para la producción, vacunas e insumos; orienta la producción y el abastecimiento de estos últimos al subsector público de salud y a organismos e instituciones sin fines de lucro; y promueve el intercambio y cooperación entre laboratorios públicos a nivel regional e internacional".
En base a eso, la directora del LIF, Elida Formente, aseguró: "Como estamos creados por una ley provincial, en teoría y en principio estaríamos amparados por la autonomía de las provincias. Pero por supuesto que en alerta porque, si a nivel nacional las políticas van en detrimento de la producción pública, lógicamente puede afectar al laboratorio público de la provincia".
Hasta el momento, la distribución de misoprostol está respaldada en todo el país gracias a la producción pública que realiza el LIF, a través del programa nacional "Remediar", el cual permite acceso y cobertura de medicamentos esenciales a centros de salud.
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