El CENIF sostiene que agentes marroquíes dirigieron la entrada masiva. Marlaska exige respuestas y la oposición se concentra en Cibeles.
Pedro Sánchez observa junto a mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil las cámaras fronterizas de Ceuta, ahora bajo la lupa por el informe del CENIF.
FOTO: NA / XINHUA
Cada vez que el Gobierno intenta encaminar la crisis de Ceuta hacia una salida, aparece una nueva revelación que vuelve a llevarla hasta su punto más explosivo. Esta vez no se trata de una denuncia opositora ni de una sospecha alimentada en redes sociales, sino de un informe elaborado dentro de la propia Policía Nacional que responsabiliza a agentes marroquíes y abre una grave fractura en el Ministerio del Interior.
Desde la entrada de unas 72.000 personas durante el 30 y el 31 de julio, la emergencia acumuló dimensiones que excedieron ampliamente la frontera. Los campamentos desbordaron la ciudad, el turismo se desplomó, las filtraciones de Jabaroot alimentaron las dudas sobre los servicios de seguridad de Rabat y hasta la disputa por la final del Mundial 2030 quedó atravesada por el deterioro de la relación bilateral. Pese a esa sucesión de conflictos, Pedro Sánchez mantuvo su respaldo a la cooperación marroquí y aseguró que no existían indicios para atribuirle la operación al país vecino.
Sin embargo, el escenario cambió anoche con el documento que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitió este lunes a la jueza María Tardón y cuyo contenido fue revelado por El Español. La unidad de inteligencia de la Policía contradice la versión defendida por Moncloa desde el comienzo de la emergencia. Según su reconstrucción, gendarmes marroquíes uniformados condujeron a los migrantes hacia puntos determinados, mientras personas de paisano identificadas como agentes impartieron instrucciones y supervisaron el avance. Las distintas oleadas habrían sido organizadas para saturar primero el paso del Tarajal y anular después la capacidad española de responder ante la llegada de familias y menores.
La onda expansiva alcanzó Madrid durante la madrugada. Fernando Grande-Marlaska exigió al director general de la Policía que le explicara desde cuándo conocía el cuerpo una información que nunca llegó hasta su despacho, mientras Moncloa admitió que todavía no dispone del informe completo. El documento no constituye una sentencia ni demuestra por sí solo que la orden procediera del Gobierno marroquí, pero instala dentro del Estado una hipótesis que Sánchez había descartado públicamente y agrava un clima político que ya estaba a punto de trasladarse a las calles. Feijóo y Abascal coincidirán este miércoles en Cibeles durante una jornada de protestas convocada previamente por Ceuta, pero ahora alimentada por una revelación que eleva todavía más la presión sobre el Ejecutivo.
La conclusión del CENIF no surge únicamente de las imágenes tomadas durante la entrada masiva. El organismo reconstruyó los movimientos desde el día anterior e incorporó una nota informativa emitida por el propio centro el 29 de julio, en la que advertía sobre posibles accesos ilegales por vía marítima durante la jornada siguiente. Uno de los escenarios calificaba como “extremo” el riesgo de una acción coordinada mediante entradas a nado y saltos de la valla. La advertencia no anticipaba una movilización de 72.000 personas, pero demuestra que dentro de la Policía ya existían señales sobre una operación de gran envergadura.
El documento divide lo ocurrido el 30 de julio en etapas con características diferentes. Antes de las 11.00 llegaron principalmente hombres marroquíes de entre 15 y 25 años, muchos de ellos equipados con neoprenos, aletas y elementos de flotación. Según el análisis policial, ese primer grupo estaba mejor preparado para atravesar el mar y fue conducido hacia el sector del Tarajal con el objetivo de concentrar allí la respuesta española y agotar rápidamente la capacidad de recepción, identificación y vigilancia.
La composición cambió durante las horas siguientes. Entre las 11.00 y las 22.00 comenzaron a ingresar familias completas, mujeres y menores, en su mayoría con ropa deportiva y chanclas, sin materiales específicos para nadar. También aumentó la presencia de personas procedentes del África subsahariana. Para los investigadores, la secuencia no fue casual: los perfiles más vulnerables avanzaron cuando el dispositivo fronterizo ya se encontraba saturado y España tenía menos margen para impedir su llegada o gestionar inmediatamente su situación. Desde la noche del 30 y durante el día siguiente volvió a predominar un perfil similar al de la primera oleada.
Otro elemento destacado por la unidad policial es el comportamiento posterior de quienes cruzaron. Alrededor del 90% regresó a Marruecos pocas horas después, una circunstancia que el informe considera incompatible con una migración convencional cuyo propósito fuera permanecer en territorio español, solicitar asilo o continuar hacia la Península. Para el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, ese retorno masivo confirma que el desplazamiento tenía como finalidad inmediata colapsar la frontera, aunque el documento no determina quién impartió la orden ni hasta qué nivel del Estado marroquí habría llegado la coordinación.
La comparación con el 15 de agosto completa el razonamiento. Una segunda convocatoria difundida para aquella fecha fue contenida completamente por las autoridades de Rabat, que sí desplegaron los medios necesarios para impedir nuevos cruces. El informe también recoge que portavoces oficiales marroquíes volvieron a reclamar después la soberanía de su país sobre Ceuta y Melilla, vinculando así la operación con una disputa territorial que Marruecos mantiene abierta desde hace décadas.
El CENIF llega a describir lo ocurrido como una operación de contrainteligencia ofensiva que, además de vulnerar la frontera, consiguió desacreditar al CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y cuestionar la capacidad española para detectar la movilización. Todavía falta establecer si los agentes desplegados actuaron por iniciativa propia o cumplieron instrucciones procedentes de niveles superiores, pero la contundencia del señalamiento explica el terremoto que el documento provocó dentro del Ministerio del Interior.
La revelación abrió una crisis paralela dentro del Ministerio del Interior. El documento llegó el lunes directamente al juzgado de María Tardón como respuesta a un requerimiento dirigido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Según las informaciones conocidas, el CENIF lo remitió sin que su contenido pasara previamente por la Dirección General de la Policía ni alcanzara el despacho de Fernando Grande-Marlaska. La omisión golpea de lleno al oficialismo, porque sus conclusiones podían alterar la política española hacia Marruecos y afectar decisiones vinculadas con la Seguridad Nacional.
El ministro conoció su existencia a través de la prensa y reaccionó durante la madrugada con una carta dirigida a Francisco Pardo, máximo responsable de la Policía Nacional. “De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información”, escribió Marlaska, que calificó los datos como “absolutamente esenciales” para ejercer sus competencias sobre la política interior, exterior y la defensa del Estado.
La pregunta no se limita a por qué el documento no llegó hasta el ministro. España había declarado la crisis de Ceuta como una situación de interés para la Seguridad Nacional, por lo que cualquier evidencia sobre la participación de agentes extranjeros debía ser compartida con el Consejo de Seguridad Nacional, la autoridad designada para coordinar la emergencia y los organismos implicados. Moncloa expresó su “sorpresa” y reconoció que todavía no dispone del escrito completo que ya se encuentra en manos de la Audiencia Nacional y la Fiscalía.
El cruce de fechas vuelve todavía más delicada la situación. El CENIF entregó sus conclusiones el mismo lunes en que Pedro Sánchez aseguró en la Cadena SER que los servicios de inteligencia no habían encontrado indicios contra Marruecos. El presidente elogió la cooperación “instantánea” de Rabat y atribuyó la movilización a las mafias y a campañas de desinformación vinculadas con Rusia, Israel y grupos de extrema derecha. Horas después, una unidad de la Policía dejaba por escrito ante una jueza una reconstrucción completamente diferente.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y coordinador designado por Sánchez para dirigir la respuesta interministerial en Ceuta, pidió evitar conjeturas hasta que el Ejecutivo pueda estudiar el contenido, aunque admitió que, si se confirma lo publicado, deberá determinarse la responsabilidad correspondiente. La explicación que entregue Pardo tendrá que aclarar ahora si el Gobierno habló sin conocer información que ya circulaba dentro de la Policía, si se produjo una falla grave en la cadena de comunicación o si existe una disputa más profunda entre los responsables políticos y quienes investigaron la entrada masiva. Cualquiera de las tres alternativas deja a Moncloa expuesta justo cuando la oposición se prepara para trasladar la crisis a las calles.
La revelación policial apareció pocas horas antes de que la oposición trasladara su ofensiva contra el Gobierno al centro de Madrid. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal coincidirán este miércoles a las 20.00 frente al Ayuntamiento de la capital, en la plaza de Cibeles, durante una concentración convocada previamente en apoyo a Ceuta, pero ahora atravesada por un documento que refuerza las acusaciones contra Marruecos y deja a Pedro Sánchez defendiendo una versión cuestionada desde el interior del propio Estado.
La movilización surgió por iniciativa de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, que pidió organizar actos frente a los ayuntamientos de todo el país durante el Día de Ceuta. El PP los presenta como una expresión apartidista en defensa de la ciudad autónoma, la soberanía española y la recuperación de la normalidad. Feijóo visitará primero el enclave norteafricano para reunirse con Juan Jesús Vivas y regresará después a Madrid para participar en la convocatoria principal.
Vox decidió sumarse, aunque con un propósito abiertamente diferente. El partido de Abascal pretende convertir las concentraciones en una protesta contra el Ejecutivo y considera que el escrito del CENIF respalda su denuncia sobre una operación coordinada desde Marruecos. La formación reclama suspender el Tratado de Amistad con Rabat, retirar al embajador español e incrementar la presión diplomática, medidas que el PP todavía evita acompañar pese a sus críticas contra la política exterior de Moncloa.
La cita madrileña llegó incluso a quedar envuelta en una disputa administrativa. El Ayuntamiento aseguró inicialmente que la Delegación del Gobierno había prohibido la concentración y denunció un intento de “boicot”. Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, negó esa versión y explicó que el Consistorio no podía tramitarla como una manifestación ciudadana amparada por el derecho de reunión. Finalmente, el encuentro podrá celebrarse con normalidad, aunque bajo la figura de acto institucional, y las fuerzas de seguridad ya fueron informadas para preparar el dispositivo correspondiente.
La convocatoria impulsada desde la presidencia de la FEMP terminó atravesando las fronteras partidarias. Aunque la dirección del PSOE pidió a sus alcaldes que no participaran por considerar que la iniciativa había sido adoptada unilateralmente por el PP, al menos 36 mandatarios socialistas anunciaron que asistirán de todas maneras. Su incorporación permite a García-Pelayo presentar las concentraciones como una expresión transversal de apoyo a Ceuta y, al mismo tiempo, expone la pérdida de autoridad de Sánchez sobre algunos sectores de su partido. Mientras, otras organizaciones de izquierda convocaron actos alternativos contra el racismo y acusaron a populares y Vox de utilizar la crisis para abrir el nuevo curso político.
Cibeles será así el punto de encuentro de dos estrategias que no son idénticas, pero que comparten un adversario. El PP buscará responsabilizar a Sánchez por haber defendido a Rabat sin conocer toda la información policial, mientras Vox intentará presentar la crisis como la confirmación de sus advertencias sobre Marruecos. Con Marlaska exigiendo explicaciones dentro de Interior y el presidente obligado a comparecer este jueves en el Congreso, el Ejecutivo afrontará en menos de 48 horas la presión simultánea de la Policía, la Justicia, la oposición y la calle.
El pulso ya empieza a proyectarse sobre las próximas elecciones generales, que deberán celebrarse el 22 de agosto de 2027. Ceuta dejó así de representar únicamente una emergencia fronteriza y pasó a ocupar un lugar central en la disputa política: PP y Vox intentarán capitalizar el desgaste, mientras el Gobierno deberá explicar las contradicciones internas, recuperar la normalidad y evitar que la crisis termine absorbida por la campaña electoral.
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