CÚCUTA, COLOMBIA (Enviado Especial). Edison Contreras es el jefe de los legisladores de San José de Cúcuta, un municipio con una población de más de 800.000 habitantes y mirando hacia Venezuela, le manifestó su preocupación a Urgente24: "Nos preparamos para una posible éxodo de los vecinos. Tenemos 200.000 venezolanos que ya están viviendo en nuestra ciudad y estamos desbordados".
La cifra es similar a la totalidad de venezolanos que habitan en la Argentina. Según Contreras: "Existen más de 100 trochas (pasos fronterizos) ilegales por las cuales miles y miles de migrantes podrían generar en nuestra zona una verdadera zozobra social".
Luego él, presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, advierte lo mismo que afirman tantos residentes donde llegan refugiados en el mundo (desde Texas y California en USA hasta Turkiye, España, Italia, Polonia): "No podríamos absorber tanta mano de obra, tantos nuevos alumnos, tantos nuevos pacientes en los hospitales... ".
Colombia, Brasil y México
Las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la crisis política del vecino país no ayudaron a calmar los ánimos. Todo lo contrario. El Jefe de Estado 'cafetero' afirmó que "sin un entendimiento político, la región podría enfrentar un éxodo masivo y una guerra que afectaría a toda América".
Gustavo Petro habló de "la falta de claridad en la posición de Estados Unidos respecto a la crisis venezolana no debe ser un impedimento para que las partes involucradas lleguen a un acuerdo". Él destacó la vulnerabilidad compartida entre Colombia y Venezuela describiendo a ambos países como “vecinos y pueblos hermanos” que enfrentan una situación extremadamente delicada. “Lo primero que tenemos que defender es los pueblos y la paz”, afirmó.
Tanto Petro en Colombia como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México, han pedido transparencia y verificación de los resultados electorales en Venezuela.
Los 3 intentan alguna forma de mediación entre el presidente Nicolás Maduro y los referentes de la oposición: Edmundo González y María Corina Machado, quienes han pedido a los uniformados no reprimir al pueblo y coincidir con los ciudadanos que reclaman sus derechos.
Sin éxito, ambos dirigentes han intentado producir un corte en la vertical línea de mando de los oficiales tanto de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB), que incluye a la Guardia Nacional Bolivariana.como a la Policía Nacional Bolivariana.
Las quejas
“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,71 millones de personas venezolanas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos.
En los 4 países se insiste en la infraestructura insuficiente ante la ola, algo que puede resultar cierto pero parcialmente. También han ocurrido casos de intolerancia, muy marcada en el caso de Perú.
Para Amnistía, no hay excusas.
A pesar de que Colombia, Perú, Ecuador y Chile cuentan con leyes que definen a una persona refugiada como quien huye de situaciones como la de Venezuela, rara vez las aplican.
Y los 4 países han suscrito los instrumentos de Derecho Internacional previstos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado (1951) y la Declaración de Cartagena (1984). Otros tiempos, es cierto.
En Colombia viven 2,9 millones de personas venezolanas, y desde 2021 se estableció el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV).
El permiso otorga a las personas venezolanas un estatus migratorio regular por 10 años, les autoriza a trabajar y acceder a servicios de salud y educación. Sin embargo, no establece garantías de protección frente a la devolución / deportación a Venezuela.
También incluye requisitos documentales de difícil cumplimiento, límites temporales excluyentes, demoras importantes en la tramitación de solicitudes, y la aparente incompatibilidad entre el ETPV y solicitudes de refugio.
En Cúcuta dicen que todo esto puede ser cierto pero excede a su competencia municipal. Luego, las consecuencias ubica a los cucuteños en la primera línea de las consecuencias.
Enorme preocupación por estas horas.
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